Los partidos de la coalición acordaron este jueves una propuesta para reformar la Caja de Profesionales que implica eliminar el nuevo impuesto a los jubilados y pensionistas propuesto por el Poder Ejecutivo y plantea aumentar el aporte del Estado a través de rentas generales.
El documento fue presentado por los legisladores opositores al coordinador de la bancada del Frente Amplio, Mariano Tucci, y al diputado y presidente de la comisión que estudia el proyecto del gobierno, Joaquín Garlo. Ahora la propuesta será elevada al Poder Ejecutivo y comenzarán las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo que permita generar las mayorías necesarias para aprobar un rescate a la Caja de Profesionales.
Este acuerdo implica que la coalición adopta la postura inicialmente planteada por Cabildo Abierto respecto a los jubilados. Tal como informó El Observador en su momento, el diputado Álvaro Perrone ya le había llevado un planteo al ministro de Trabajo, Juan Castillo, que iba en esta línea.
Incluso, esta postura es contraria a lo que planteaba el proyecto enviado por el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2023 que incluía una contribución pecuniaria para ese grupo aunque menos gravosa que la iniciativa de este gobierno. El proyecto del 2023 fue rechazado por el Parlamento porque ni Cabildo Abierto ni el Frente Amplio lo acompañaron.
Respecto a los activos, el acuerdo, que tiene el respaldo del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, plantea mantener el aporte en 18,5% (que a partir de 2026 volvería a 16,5% si no se aprueba una reforma) porque entienden que “subir más en este momento” implicaría “una fuga de profesionales al no ejercicio o bajarse de categoría” y, por lo tanto, menor recaudación. El gobierno plantea llevarlo a 22,5% con una nueva escala de fictos que permita bajarse de categoría por única vez para seguir aportando la misma cantidad de plata pese al aumento del porcentaje de aporte.
La oposición también quiere ajustar tasas y timbres por Índice de Medios de Salarios (IMS) desde la aprobación de la nueva ley y además realizar cinco ajustes extra de 10% en cinco semestres. De esta forma, dicen en la oposición, se recupera una parte de lo perdido por haber ajustado todos estos años por el Índice de Precios al Consumo (IPC). Esto implicaría un aumento en la recaudación de US$ 15 millones anuales.
El proyecto del gobierno, por su parte, plantea que el ajuste se haga por una semisuma del IPC y del IMS, un punto medio entre la situación actual y la propuesta de la oposición.
Sobre la asistencia de Rentas Generales, la coalición “entiende la necesidad de que sea superior a la propuesta por el Poder Ejecutivo”. “En principio podría haber acuerdo de que fuera la correspondiente a los valores recaudados por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que pagan los profesionales jubilados”, dice el documento que estima en US$ 39 millones anuales esa recaudación. Eso es unos US$ 8 millones más por año de lo que plantea el gobierno.
La propuesta de la oposición recoge también algunas modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a su propio proyecto y anunciadas en la última comparecencia ante el Parlamento el pasado miércoles. Una de esas es la posibilidad de que la Caja utilice una garantía soberana para endeudarse. En este caso, la coalición plantea que lo haga por hasta US$ 50 millones en 2026.
El otro cambio anunciado por el gobierno que también comparte la oposición es el de universalizar el instrumento de dejar de realizar aportes cuando se llega a los 65 años y 30 años de servicios pero poder seguir trabajando. “Si bien la caja no recibe aportes, tampoco debe pagar jubilaciones de forma adelantada”, dice el texto acordado. El proyecto original del gobierno lo permitía para un grupo reducido.
El documento también plantea prorrogar un “régimen especial de facilidades de pago de adeudos”, creado en 2024, ya que, dice la coalición, se llevan recuperados US$ 11,5 millones en un semestre. Este régimen fue aprobado por un año (hasta octubre de 2025) y la oposición plantea extenderlo dos años más.
Además, los diputados se comprometen a acompañar los “cambios paramétricos” propuestos por el gobierno. Esto quiere decir un adelantamiento del aumento de la edad de retiro, respecto al régimen general. Si se aprueba el proyecto, los nacidos en 1967 se jubilarían a los 61. Eso iría aumentando de forma gradual hasta que los de 1973 y años siguientes lo harían a los 65 años. En el régimen general aprobado por la reforma de Luis Lacalle Pou recién los de 1973 se jubilarían a los 61.
La otra modificación que proponen los legisladores de la oposición es revertir una modificación realizada por la reforma de la seguridad social del gobierno de Lacalle Pou que planteaba que era incompatible cobrar dos jubilaciones de distintos organismos (de la Caja y del BPS, por ejemplo). La oposición plantea eliminar esa incompatibilidad para las jubilaciones por edad avanzada.
En total, las distintas medidas planteadas por los legisladores opositores tendrían un impacto de unos US$ 136 millones (incluyen los US$ 50 millones de deuda) para 2026, según las estimaciones realizadas.
Esta era la propuesta que estaba esperando el Frente Amplio para empezar una negociación que permita llegar a un acuerdo para lograr las mayorías necesarias para aprobar la reforma y el rescate de la Caja de Profesionales. Ni el proyecto del gobierno ni las alternativas de la coalición tienen los 50 votos necesarios ya que Identidad Soberana, del diputado Gustavo Salle, no acompaña ninguna de las iniciativas.
El mediático abogado quiere que los recursos que hoy los profesionales que se declaran en no ejercicio aportan a las AFAP sean redirigidos a la Caja de Profesionales. Sin embargo, el resto de los partidos opositores y el oficialismo no acompañan esta iniciativa.
Notificación
La Caja de Profesionales notificó formalmente el 15 de mayo tanto al gobierno como a la comisión de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de reforma que en julio se queda sin plata para cubrir todas sus obligaciones.
"Por la presente ponemos en su conocimiento que, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios dispuso, en su sesión de fecha 8 de los corrientes, comunicar formalmente a las autoridades nacionales que, a la fecha y con la información con que se cuenta, la Caja no podría hacer frente a sus obligaciones en el mes de julio 2025", dice la nota a la que accedió El Observador y que lleva la firma del presidente del organismo Daniel Alza y de Blauco Rodríguez, director secretario.
En este contexto, el gobierno pretendía aprobar el proyecto antes del 31 de mayo pero eso depende de si logran un acuerdo entre el oficialismo y la oposición.
