Presidente de la Suprema Corte: más del 50% de los casos que estudian son delitos sexuales y recién ahí se decreta la prisión después de que pasaron 3 o 4 años libres

Justo estamos en la feria judicial mayor. Hace unos años, recuerdo que se generó un debate sobre el sentido de la feria por la cantidad de días libres que tienen los jueces. Desde Navidad y todo enero, medio mes de julio, y si sumamos Semana Santa, carnaval y los feriados, son un montón de días. ¿Cuál es el sentido que tiene la feria judicial, es necesaria?

Bueno, el trabajo del juez siempre es estresante ¿no? Pero aparte no es que todos estemos de feria. Quedan turnos. Se atienden todas las cosas importantes. La feria sirve porque en ese periodo las oficinas que siguen trabajando van adelantando y poniéndose al día, si están retrasadas. O sea, es un periodo de trabajo para los funcionarios y para los jueces que quedan a cargo. Y si comparamos, el Parlamento tiene más descanso que nosotros, y mucho más trabajo diario es del juez que el del Parlamento.

Este año usted fue noticia por la reunión que tuvo con el presidente Yamandú Orsi por la preocupación que le trasladó por la salud de los presos de Domingo Arena. ¿Esa reunión no se interpretó como una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial?

Para nada. Vino en abril. No había venido a la asunción (en febrero), se disculpó porque es un hombre muy correcto. Había sido el día que vino (el presidente chileno Gabriel) Boric. Entonces quiso hacer una visita de cortesía. Pasó a saludar, me planteó el problema como una preocupación de cualquier persona que está a cargo, porque todas las cárceles están a cargo de él. Le dije: Eso tiene que ir a cada juez independiente. Acá cada juez es independiente, la Corte no tiene nada que ver. Perfecto. Terminamos la conversación y se fue.

¿No se supone que el presidente o sus asesores deberían conocer cómo funciona el Poder Judicial y saber que ese no era un tema para la Suprema Corte?

No sé cómo se maneja con sus asesores. No me puedo meter en la interna que corresponde a él. Yo le digo la conversación como fue y nada más que eso. Y después no hablamos de otro tema. No lo consideré injerencia para nada. La justicia es independiente, que no es en beneficio de los jueces solos, es en beneficio del justiciable.

Otro tema vinculado a los presos de Domingo Arena son las cartas que le ha enviado uno de ellos, Eduardo Ferro. El Observador informó de la primera carta. Después volvió a insistir con otra carta y esta semana usted le respondió en Búsqueda este jueves.

Yo generalmente no contesto cartas de condenados porque no me voy a poner a polemizar. Esta la contesté porque afectó mi honor y mi independencia porque habló de sesgo ideológico, de temor y un montón de cosas más, la carta es muy extensa y muy agresiva. Si no, no contesto porque no pierdo tiempo en esas cosas.

En este tema la Suprema Corte de Justicia cambió su jurisprudencia y ahora considera que los delitos de la dictadura no prescriben.

Sí. Acá hay jurisprudencia de los dos lados. La sentencia no la dicté yo solo. Fueron dos colegas más que tienen la misma posición que yo. Había otros dos colegas que tenían la posición contraria. Cada vez vienen más colegas que tienen la posición de nosotros. Es como cuando empezamos en el año 2009 en el tribunal mío (de apelaciones civil) con los medicamentos.

Se refiere a los amparos por los que la justicia obliga a las mutualistas o a ASSE a entregar medicamentos de alto costo a pacientes que los necesitan.

Exacto. Ahora todo el mundo da los medicamentos. Creo que queda un solo juez que tiene la posición contraria, y entre los ministros de Tribunal de Apelaciones creo que quedan dos. Los demás están todos en la posición de dar los medicamentos.

¿Y eso por qué pasa, cambian los jueces o evolucionan las ideas?

Va evolucionando, la gente va estudiando los asuntos y va evolucionando. Depende de la integración. No es una posición de venganza. Cada uno tiene su posición jurídica.

O sea que volviendo a los casos de la dictadura, en la integración actual, están tres a uno y hay un nuevo ministro que no se sabe qué piensa (el ministro Julio Posada que asumió en diciembre en lugar de Elena Martínez).

Sí, todavía no le tocó ninguno. Ni le he preguntado. Cuando vota, vota libremente.

¿Hay algún trámite en este momento de este tipo de casos?

No le sabría decir porque son muchos los casos que hay acá.

La posición mayoritaria ahora es que los delitos de lesa humanidad no prescriben amparados en los tratados internacionales que así lo establecen prevalecen sobre las leyes locales.

Exacto. Aparte son derechos ya ínsitos. Está toda la explicación en la sentencia que le mandé a (el periodista Leonardo) Haberkorn cuando me consultó por la primera carta. Ahora consideré que tenía que hacer precisiones, porque me dijeron que actuaba por venganza ¡qué venganza si yo tenía 16 años cuando se dio el golpe! No tengo familiares presos, ni detenidos, ni nada de eso. ¿Qué venganza puedo querer? Ninguna. Yo tengo posiciones jurídicas acá, como las he tenido en lo comercial cuando era juez civil. Punto.

John Pérez, presidente de la SCJ

A nivel de los tribunales se está dando el debate y planteando que los delitos sexuales no prescriben. En el caso Penadés, la Fiscalía ha tenido esa posición y la defensa dice que eso es un disparate. ¿Ya tienen posición tomada sobre ese tema?

No, no se ha planteado. En muchos países no prescriben pero no es un tema que yo haya estudiado. Lo que le puedo decir es que los delitos sexuales cada vez son más. Le puedo decir fácil que más de un 40% o 50%, por no decir más, de los casos que yo veo en casación son delitos sexuales (piden la absolución o la reducción de la pena). Las penas son bajas para mi gusto, pero nosotros no podemos modificar las penas. Y la gente pasa en libertad los tres años o cuatro años que dura el proceso, entre primera instancia, segunda instancia y casación. Y ahí es cuando nosotros libramos la orden de detención.

¿Libran orden de detención recién cuando el caso llega a la Corte?

Si.

O sea, que esas personas estuvieron libres todo el proceso, cometiendo el delito probablemente

Es una cosa que debería reverse a mi juicio. Lo estoy hablando de título personal.

¿No pueden hacer algo?

No, nosotros no podemos hacer nada. Eso es el Parlamento.

¿Que aumenten las penas?

No, las penas de la fija el fiscal.

En realidad hay un guarismo que establece el código en las penas y los fiscales están aplicando lo más bajo porque llega a los 16 años.

Las penas que se imponen son de 3 o 4 años, lo cual para mí es... La otra vez, por ejemplo, me indigné porque tuve el caso de un homicidio culposo que era como 6 años, al lado de una violación bastante asquerosa que fueron 3 o 4 años.

El sentido común hace que no se entienda. ¿No hay posibilidades de establecer algún tipo de criterio, así como están las instrucciones generales de la Fiscalía, para que frente a estos delito se apliquen penas más altas? ¿No lo han planteado en las reuniones con la fiscal de Corte?

No, no, no. Nosotros respetamos a rajatabla la independencia de cada uno.

El otro tema que este año lo tuvo muy ocupado fue el presupuesto. Fue muy dura la pelea y les fue mal. Usted decía en una entrevista con Búsqueda, que les recortaron el 94% ¿qué cosas no van a poder hacer por esta escasez de recursos?

Primera cosa, como yo ya dije en una entrevista en Carve, no sé a cuántos organismos se les recortó tanto. Que yo sepa, somos los únicos.

¿Cree que hay algo contra el Poder Judicial?

No, no, no. Es un problema que se priorizan otras cosas y al Poder Judicial no se lo prioriza, pero es una cuestión histórica. Ellos mismos lo reconocieron en el Parlamento, si ustedes ven las actas cuando yo fui al Senado, admiten que al Poder Judicial nunca se le da nada, pero nunca se le sigue dando nada.

Dejamos muchas cosas. Primero, habíamos pedido 24 juzgados de género y se nos dieron solo dos para el año 2027. ¿Por qué pedimos 24 juzgados de género? Porque hacen falta. No es por pedir.

Eran para el interior básicamente.

Para el interior y seis para Montevideo. Nos dieron solo Ciudad del Plata, que era una necesidad impostergable, que la veníamos reiterando. Son casi 70 .000 personas con una conflictividad altísima y sólo tenemos un juzgado de paz. Ahora, por suerte, en julio del año que viene vamos a tener el juzgado funcionando.

La otra cosa que pedimos fue una oficina de salud laboral. Los funcionarios acá viven estresados. Me gustaría que alguno de los que no nos dieron los recursos pasara un día en los juzgados para ver cómo se estresa la gente. Pedimos, aunque le parezca ridículo, actualización de los gastos de limpieza porque están fijos, no se actualizan. Entonces, cuando suben los laudos, tenemos que sacar plata de otro lado para trasponerlo. Pedimos vigilancia para los juzgados. Tampoco nos dieron. Porque en los juzgados de interior muchas veces pasan cosas…. Han saltado la baranda, amenazado... Hace un par de años uno se cortó las venas. Y lo tenemos que solucionar hablando con el jefe de Policía.

No tienen policías fijos en los juzgados

No, no. Solo en la OPEC y encima tenemos una distinción. El Parlamento tiene su propio sistema de seguridad. Acá no. Acá se hace con los funcionarios de otras reparticiones.

Con los que son sancionados

Exactamente. Eso fue lo que justamente dije. Entonces, de repente mandan a un funcionario que está sancionado que no tiene arma. No entendemos por qué se hace esta distinción. Tenemos el mismo presupuesto del Parlamento, un poco menos, pero ellos tienen dos sedes y nosotros tenemos casi 400 y 500 juzgados, 4.791 funcionarios en todo el país. Ahí detrás está el mapa con todas las sedes (señala el siguiente mapa del Uruguay con pines marcando las oficinas judiciales).

John Pérez, presidente de la SCJ

Después pedimos para itinerancia. Queremos acercarnos a la gente, porque hay lugares que es dificultoso llegar. Por ejemplo, José Pedro Varela (Lavalleja), creo que hay dos ómnibus por día, entonces se pierde el día, pero... aparte de los horarios que no sirven.

¿Habían pedido que el juez pudiera moverse?

Pedimos fondos para que los jueces pudieran trasladarse con los defensores.

Lo único que logramos fue el artículo primero, que hubo que insistir, fue recuperar una facultad que teníamos desde siempre, que era la transposición de fondos para poder sustituir sueldos que no se contrataron o de otros rubros, sin necesidad del visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas porque por la anterior ley de Presupuesto teníamos que pedir autorización.

Y después nos dieron artículos sin costo, sacar las tenencias. No queríamos que la gente fuera a hacer juicios por $2 .000 y fue muy buena la intervención que la diputada Inés Cortés (Frente Amplio) dijo ¿qué les parece pasarlo ya directo al BPS? ¡Bárbaro! Lo otro, acortar las audiencias en los juzgados de divorcio por sola voluntad, que antes se hacía en cinco audiencias, con una sobrecarga a los juzgados innecesaria.

¿Qué es lo que falta para lograr más en el presupuesto? ¿Falta lobby del Poder Judicial?

Este año trabajamos muy bien. Primero, todos los gremios, todos los funcionarios fueron escuchados y con eso se elaboró el presupuesto. Trabajamos muy bien en equipo, con la directora general, escribana Patricia Porley, con la secretaria letrada Gabriela Figueroa, con el secretario Juan Pablo Novela, con la subdirección de Isabel Roberto, Guillermo Magdalena y la división Planeamiento y Presupuesto Gladys Morassi, Natalia Lalinde, Dana y Laura. Hablamos con todos los legisladores previo a la discusión, pero nada. Incluso las gremiales hicieron paro, toda la gente se perdió un día de labor y de sueldo porque les descontamos.

El problema es que no se comprende toda la importancia que tiene el Poder Judicial. Según mis datos, calculados a ojo, más o menos 1.600.000 o 1.700.000 personas pasan por el Poder Judicial por año. A eso destinamos el 1 ,09 % del presupuesto nacional. Menos del equivalente a un ministerio. Creo que estamos más o menos como el Ministerio de Ganadería. El Poder Judicial interviene en la vida de las personas, es el último tutelar de la gente. A nivel internacional, somos los primeros en América Latina, segundos en toda América, en los rankings de World Justice Project.

¿Puede haber influido que con la reforma del Proceso Penal, los fiscales pasaron a tener más visibilidad que los jueces, que se vea menos lo que hace la justicia?

No. El 97% de los casos se cierran por acuerdo abreviado. No voy a calificarlo porque no considero que éticamente corresponda. Pero piensan que el juez es el que dictó esa pena, entonces la gente nos echa la culpa de cosas que no son de nosotros, porque el juez lo único que hace es homologar esos acuerdos. Hay en promedio unos diez juicios orales por año en el interior. Ahí sí es cuestión de responsabilidad del Poder Judicial.

Aparte, la materia penal es la más chica. (En la actividad jurisdiccional) penal representa un 11,4% de todo lo que hacemos, mientras que familia representa un 26,5%, familia especializada un 17,3% familia, Paz es un 15,5%, Aduana el 6,3%.

Se ve que la mayor actividad se la lleva la justicia de familia. Históricamente se dijo o se piensa que los jueces de familia no son los mejores jueces, que van muchas veces ahí castigados o por descarte.

No es tan así. Por ejemplo, ahora mandamos una buena jueza civil que quiso ir a familia. No considero que sea así, o sea, se van mandando de acuerdo a lo que hay. Desde hace un año o hace dos los jueces van a visitar los centros de INAU obligatoriamente una vez al mes en el interior.

Sin embargo, ha habido una serie de casos que en El Observador una colega ha informado, de decisiones que se toman a nivel judicial que no se comprenden. Obviamente que el juez lo hace con informes del INAU y si los informes vienen mal o bien, ahí es difícil que el juez tenga responsabilidad...

O llegan tarde…

Claro, pero hay decisiones que uno dice, pero ¿cómo el juez resolvió esto? De sacar a un niño que recibía cariño de una madre, de una familia, o entregar otro menor en manos de una persona que tiene antecedentes, o sacárselo a una madre que se preocupa y llevarla a un centro de INAU. Hay muchos ejemplos, la duda es: ¿los jueces de familia están preparados para enfrentar las cosas que hoy en día deben resolver?

Los capacita el CEJU. Yo no les puedo decir si cada uno está preparado o no, porque aparte es una cuestión personal. Si hay algo que no corresponda, se le hace sumario y se le sanciona. Se hacen muchos sumarios. Hemos tenido algunos casos lamentables. Desde hace cinco años que estoy yo, más o menos, se han hecho bastantes sumarios. Hemos destituido a 9 jueces.

¿Por qué motivos?

Principalmente por atrasos, no por problemas de otro tipo. Por atrasos significativos.

El otro tema que están enfrentando es la reforma de la Defensoría por la ley que la convierte en un servicio descentralizado. La Suprema Corte está en contra de que le saquen los bienes.

Hay dos asuntos que estamos en contra porque es lógico. Primero, hemos invertido en la Defensoría US$ 5 millones.

¿En qué periodo?

Bueno, a lo largo de los años. La ley traspasa todo sin la contraprestación. El artículo 32 de la Constitución sigue existiendo. Establece que no hay expropiación sin previo pago ni justa compensación. Se nos quieren quedar con todos los bienes con cero pago. ¡Tenemos que defendernos! Corresponde a un año de presupuesto del Poder Judicial. ¿Lo podemos regalar? Seríamos unos pésimos administradores.

Y la segunda objeción, que es totalmente absurda, es que ellos seleccionan a las personas que van a ingresar y para evitar un problema de inconstitucionalidad nosotros tenemos que firmar. O sea, yo le digo, le voy a designar cinco reporteros a usted y usted tiene que firmar la designación sin que los conozca, sin que haya intervenido en nada.

Después hay otras cantidades de problemas que no tuvieron en consideración. Por ejemplo, hay muchas oficinas que son compartidas. ¿Cómo vamos a hacer los gastos? Nosotros no vamos a seguir manteniendo a la Defensoría.

Otro proyecto que se viene es el del Ministerio de Justicia. Supuestamente ya hay un proyecto presentado pronto para presentar al Parlamento. Usted ha dicho que siempre y cuando no afecte la independencia del Poder Judicial no tiene una opinión en contra.

No, no tenemos ninguna opinión porque no nos corresponde. Es una función de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.

Lo que han dicho es que ese ministerio reuniría asuntos legales administrativos y sería un interlocutor entre los poderes Judicial y Ejecutivo.

Si sale así no hay ningún problema, puede ser beneficioso, a criterio personal.

John Pérez, presidente de la SCJ

También se ha hablado de que se proponen, lo han dicho en conferencias, beneficiar el acceso a la justicia, que eso es algo que le compete al Poder Judicial.

¿En qué beneficia el ministerio? ¿En qué beneficia la separación de la Defensoría? En nada. El acceso a la justicia va por otro lado. El principal acceso a la justicia es eliminar las barreras económicas y las barreras culturales. Para mí el mayor impedimento a la barrera de acceso a la justicia es la barrera cultural. Acá se habla siempre de justicia para ricos, justicia para pobres y se enquista ese concepto en la ciudadanía. Entonces quien va a reclamar? Como si nosotros, como si el Poder Judicial tuviera un casillero para ricos y para pobres.

Bueno, a veces uno ve situaciones en las que queda de manifiesto que eso es así. pasa porque los abogados que puede pagar una persona pudiente a veces pueden conseguir más, a veces uno ve beneficios...

Depende del abogado. Eso es gente, yo he visto muy buenos casos de gente a lo largo de mis 43 años acá adentro, de juez, y 46 con los años que fui funcionario, y he visto excelentes casos ganados por defensores de oficio y he visto casos multimillonarios con firmas de abogados importantes que los han perdido. Depende del empeño que le ponga a cada abogado y de la visión de cada abogado y de la razón que tenga el cliente. Yo en eso discrepo, no hay justicia para pobres, para ricos, acá se trata a todo el mundo igual. El problema es que los juicios se ganan y se pierden en los expedientes. Y a veces, ya le digo, la defensoría hace muy buen trabajo, a veces los abogados particulares hacen muy buen trabajo, pero también en ambos casos puede haber mal trabajo por el propio abogado.

¿Cómo está el tema de la corrupción en el Poder Judicial?

No, no tenemos casos de corrupción.

Otro tema que ha sido bastante sensible es el tema del acoso laboral. En 2023 un trabajador se suicidó, se tuvieron que tomar medidas, se destituyó a jerarcas, se creó un día del acoso laboral.

Se creó ese día para generar concientización. Se crearon capacitaciones en materia de acoso laboral.

¿Cómo están con ese tema ahora, hoy?

Se sigue trabajando. Hoy no hay un problema de acoso laboral. Si hay una denuncia, se investiga.

¿No hay ninguna denuncia en este momento que se esté tramitando?

No sé, lo lleva una comisión independiente de la Corte.

Otro tema que se ha visto en el Estado, las intendencias es el nepotismo. Hace unos años en el TCA estaban trabajando las hijas de tres ministros y se las tuvo que sacar porque se señaló que eso no estaba bien. Y en ese momento quien era la presidenta de la Corte, Bernadette Minvielle, dijo a titulo personal que le parecía que en el Poder Judicial también se tenía que poner el foco ahí. ¿Qué se ha hecho en ese tema?

El nepotismo no existe ahora dentro del Poder Judicial. Hace más de 20 años que todo el mundo ingresa por concurso. Ninguno de los que estamos acá tenemos ningún familiar en este momento que esté trabajando, ni asistentes ni nada. Los jueces entran, hacen una prueba, hacen dos años del CEJU e ingresan. Me ha molestado terriblemente que el senador (del Frente Amplio, Eduardo) Brenta salió en el programa Desayunos Informales diciendo, el Poder Judicial eliminó la ley de concursos porque no le servía, y que ingresan porque son amigos de este, amigos del otro. Le dimos una respuesta contundente, demostrándole con hechos que no es así. Este año, el senador (del FA Sebastián) Sabini salió con la misma. Cuando sabe que no es verdad, es absolutamente falso.

Lo que nosotros pedimos la inconstitucionalidad y se ganó fue cuando el Parlamento quiso regular la forma que tenían que concursar los jueces. Eso es competencia de la Corte. Lo derogamos y después hicimos concursos y se sigue haciendo concurso para ascensos. Es más, ahora a fin de año modificamos la acordada y le dimos un puntaje al concurso, un puntaje a los superiores procesales y determinamos todo claramente. Actualmente acá se hace concurso para cada cargo que ingresa. Si se presenta un familiar y lo gana o no lo gana, es un tema de esa persona.

La última, se habla mucho de que en el Poder Judicial la masonería tiene peso y que está lleno de masones.

No tengo la menor idea porque no soy masón (se ríe).

¿No le consta que hay muchos jueces que son masones?

No me consta porque ya le digo, no soy masón, no me interesa.

En los años que llevo de cobertura judicial es un comentario frecuente que en el Poder Judicial hay muchísimos masones y que eso influye eso en los contactos, en los ascensos.

No, los contactos y los ascensos son por concurso y el proceso es transparente como ya expliqué.