El Presupuesto de 2025, presentado este domingo por el ministro de Economía Gabriel Oddone y su equipo, prevé la creación de nuevas oficinas de la Fiscalía, entre ellas una especializada en Cibercrimen.
La nueva oficina especializada fue anunciada en el artículo 541 del Presupuesto, que otorga dinero para seis cargos en esa dependencia por un costo de casi $ 15 millones anuales, sumado a otras partidas por $ 200.000.
Por otra parte, el Presupuesto también prevé la creación de una nueva "Fiscalía Penal de Montevideo de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género" a partir de enero de 2027. Para esta dependencia otorgó cinco cargos, con un costo anual de $ 14,5 millones y partidas de más de $ 400.000.
El documento marca en ambos incisos que la Fiscalía General de la Nación "determinará la fecha de instalación" de ambas oficinas, "así como la distribución de expedientes en trámite".
La iniciativa también presupuesta cinco funcionarios para la nueva Fiscalía de Ciudad del Plata, San José. Para esto otorgará $ 14,2 millones anuales, junto a partidas por casi $ 430.000.
Nueva "Escuela de Fiscales" y la derogación de una norma de la dictadura
El capítulo del Presupuesto dedicado a la Fiscalía General de la Nación también prevé la creación de una nueva "Escuela de Fiscales del Uruguay", dedicada a "la formación inicial de aquellos aspirantes a ingresar a la función fiscal y la formación permanente de los fiscales".
El centro, que funcionará con "autonomía técnica" y dependerá en la vía administrativa del fiscal de Corte, absorberá al Centro de Formación del Ministerio Público y Fiscal, que pasará a abocarse a "la formación de los funcionarios pertenecientes a los demás escalafones funcionales de la Fiscalía General de la Nación".
El proyecto del gobierno otorga una partida anual de $ 10,6 millones para la creación de siete cargos para la Escuela, junto a partidas por más de $ 140.000.
Por otra parte, el Presupuesto también prevé que se supriman dos funciones de los fiscales de Corte vinculadas a otros organismos.
En primer lugar, el inciso 546 propone la derogación del artículo 4 de la Ley Nº 19.340, que creo a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Este artículo indica que la Jutep "contará, cuando así lo requiera, con el asesoramiento jurídico del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación".
El siguiente inciso pide suprimir "la participación del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación en los Tribunales Superiores de Ascensos y Recursos militares", que fue establecida en el Decreto Ley Nº 14.157 del 21 de febrero de 1974, en la última dictadura.