Boix y Merino, en Malvín Norte, intervenido por la Policía desde hace meses, es una zona donde "la enorme mayoría de los gurises que cometen rapiñas son menores de edad que tienen entre 13 y 15 años. Entonces, ahí el trabajo policial es la represión, pero tenemos que hacer un fuerte trabajo en las causas. Ahí hay que educar, ahí hay que dar oportunidades, si no es muy difícil", había dicho el ministro del Interior Nicolás Martinelli en entrevista con El Observador.
La preocupación por la inseguridad en esa zona relacionada con un grupo de adolescentes llevó a las autoridades a mantener reuniones en procura de mejorar la respuesta policial. Hace una semana se habían reunido las autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía con los fiscales de Adolescentes y este jueves se volvieron a reunir junto a la fiscal de Corte Mónica Ferrero y al prosecretario letrado de la Corte, Juan Pablo Novella.
Según reconstruyó El Observador, por un lado se puso el foco en lo que pasa en Boix y Merino, que se ha convertido en un punto caliente de la inseguridad y ha motivado denuncias de los vecinos de Malvín, principalmente los de la zona sur que son víctimas de hurtos y rapiñas cometidos por menores que escapan rápidamente, se meten en los corredores de Boix y Merino y es imposible agarrarlos.
Además se manejó que los delincuentes ponen de escudo a los menores y cuando llega la Policía los agarran a upa o los ponen delante o directamente los hacen delinquir y no los mandan a la escuela. En ese sentido se habló con la Suprema Corte la posibilidad de que intervenga la Justicia para quitarle la patria potestad a los padres que no cumplan con los deberes paternales o que intervenga también la Justicia de familia especializada frente a casos de niños menores de 13 con derechos vulnerados.
Se acordó coordinar la realización de talleres para que fiscales, jueces y policías puedan estar al tanto de las posibilidades legales que tienen para actuar en esos casos.
Los fiscales por su parte plantearon dos situaciones. La primera es que requieren de más y mejores pruebas para poder actuar y en ese sentido pidieron a la Policía que trabaje mejor en la identificación de los responsables de delitos. Por otro lado, señalaron algunos problemas operativos que tienen como los plazos exiguos para actuar.
El Código de la Niñez y la Adolescencia determina desde la entrada en vigencia del proceso penal de 2017 que desde que se decide imputar a un menor tiene un plazo de 30 días para "perentorios e improrrogables" para deducir acusación o solicitar el sobreseimiento.
Esos plazos, para los fiscales hacen "imposible" su trabajo por lo que plantearon la necesidad de extenderlo por lo menos al doble. En la reunión de la semana pasada, el director nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, les dijo que para los efectivos que trabajan en las investigaciones también es un problema por lo que plantearon al Parlamento al presentar su proyecto de Rendición de Cuenta extender ese plazo a 60 o 90 días. Los fiscales de Adolescentes también señalaron como una dificultad el hecho de que solo existan dos juzgados de Adolescentes para tres fiscalías, lo que complica su actuación a la hora de pedir allanamientos, detenciones o audiencias.
Otro aspecto que se mencionó fue la necesidad de coordinar con otras instituciones para atacar las causas sociales de la delincuencia,por ejemplo articular con INAU, ANEP y Mides para saber si los menores implicados están yendo a la escuela o al liceo.
Asimismo como fruto de una recorrida por el barrio a la que el ministro habia invitado al prosecretario de la Intendencia de Montevideo se cambiaron las luminarias en las calles internas que estaban totalmente oscuras. Un equipo de la Policía acompañó al personal municipal que cumplió con la tarea.
Rapiña, el delito que más cometen los adolescentes
Según datos del Poder Judicial de 2022, los últimos disponibles, ese año fueron detenidos por la policía 1.340 adolescentes, 88,7% varones y 11,3% mujeres. Los varones representan el 0,8% del total de detenidos en el país, mientras que las mujeres son el 0,1%.
Ese año fueron imputados 769 adolescentes de los cuales 135 fueron privados de libertad. En total se registraron 894 condenas que fueron resueltas por juicio abreviado o simplificado, y 46 lo fueron mediante juicio oral. Hubo seis acuerdos reparatorios y cinco absolucionnes.
La rapiña es la infracción que más cometen. Fue el delito que se imputó a 114 (31,6%) de los adolescentes con medidas cautelares y 107 (58,5%) de aquellos con una medida cautelar privativa de libertad.
El segundo delito que más cometieron los menores de entre 13 y 17 años es el hurto, (24,1% de los que recibieron medidas cautelares), seguido por la receptación, estupefacientes, lesiones personales y homicidio.
Las peleas callejeras convocadas por adolescentes
El ministro Martinelli aprovechó la reunión también para destacar el trabajo conjunto entre policía y fiscalía luego de las peleas masivas convocadas por adolescentes a través de las redes sociales, que también se vinculaban a otros delitos como rapiñas y hurtos.
A fines de abril y principios de mayo, la Justicia condenó a trece adolescentes que participaron en la pelea masiva en las inmediaciones del Nuevocentro, para los que se dictaron medidas de "libertad asistida". La fiscal que intervino en ese caso fue Mirna Busich. Martinelli que había pedido en aquel momento medidas ejemplarizantes para poner fin a esas convocatorias, le agradeció a Busich por su trabajo.
