"No estamos dispuestos a seguir pagando cuando entendemos que hay hitos (contractuales) que efectivamente no se han cumplido", explicó Lazo
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo
Foto: Gastón Britos / FocoUyLa ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió al caso Cardama y reveló que el gobierno ya le comunicó al astillero español que no continuarán con los pagos hasta que exista una resolución por parte de la Justicia.
"Nosotros no estamos dispuestos a seguir pagando cuando entendemos que hay hitos (contractuales) que efectivamente no se han cumplido", sostuvo la ministra en entrevista con el programa 5 Sentidos (Canal 5).
"Quisiéramos no llegar a marzo con este problema todavía sobre la mesa. Pero no corresponde solo a nosotros", continuó.
Consultada por si piensa que el contrato con el astillero español va a caer, la ministra respondió que "sí" y agregó que aunque este se cancele, el plan "sigue siendo el A", que es que Uruguay "tenga las herramientas necesarias para custodiar" el mar.
"Ahora, no es a cualquier costo", dijo y afirmó que Uruguay en este sentido tiene que comprar "herramientas adecuadas", lo "mejor" para el país.
El contrato con el astillero había sido firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou para la compra de dos patrullas oceánicas por más de US$ 90 millones, hasta el momento el Estado uruguayo había hecho tres pagos por unos US$ 30 millones.
Pero el pasado 22 de octubre, el actual presidente Yamandú Orsi anunció la decisión de resindir el contrato ante los "fuertes indicios" de que hubo una "estafa" o un "fraude" al Estado uruguayo.
La presunción del gobierno es que Cardama presentó una garantía falsa ya que la empresa que la otorgó está en proceso de liquidación por inactividad.
El astillero presentó, por fuera del plazo que se había fijado en el contrato, una garantía de fiel cumplimiento a cargo de la firma Eurocommerce, con sede en el Reino Unido. A esta empresa se le encontraron varias irregularidades y recientemente se conoció que fue liquidada.
Ante esto, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron semanas atrás una denuncia ante la Justicia uruguaya contra la empresa Cardama.