La sanción impuesta se basó en un análisis paralelo de una asesora letrada. La rampa que generó el escándalo por el desalojo del salón gremial del IAVA nunca se hizo
El profesor Leonardo Ruidíaz, director del IAVA, fue sancionado por Secundaria con 150 días de suspensión y pérdida de salario, una de las sanciones más graves previstas en los reglamentos educativos.
La sanción deriva de la actuación de Ruidíaz en los episodios relacionados con el desalojo del salón gremial de los estudiantes del liceo, reclamado por las autoridades para construir allí una rampa de acceso para discapacitados, obra que nunca se llevó a cabo.
Analizando los mismos hechos, y con las mismas pruebas, la División Jurídica de Secundaria había aconsejado que Ruidíaz recibiera una suspensión de diez días, una pena 15 veces menor a la que se le aplicó finalmente.
Ese es solo una de las particularidades del expediente de 332 folios, al cual El Observador tuvo acceso.
Otros elementos llamativos son la existencia de actas sin firmar por el profesor, documentos sin fecha y la constatación que cuando estalló todo el escándalo por el desalojo del salón gremial la posibilidad de instalar allí una rampa estaba ya desaconsejada por los arquitectos del organismo.
El primer documento del expediente ya plantea una controversia.
Se trata de un acta fechada el 30 de marzo de 2023, tras una reunión entre la dirección del liceo, los inspectores y los estudiantes. Dice: “Los estudiantes no aceptan la entrega del espacio que actualmente ocupan y trasladar el salón gremial a otro salón a convenir por el equipo de dirección, por lo que se les insta a desalojarlo en un plazo de 24 horas, a cumplirse el próximo 31 de marzo de 2023 a las 10:30 horas”.
El acta incluida por las autoridades en el expediente carece de la firma de Ruidíaz, por lo cual se desprende que no compartió de la intimación a los estudiantes. Sin embargo, al prestar declaración Ruidíaz señaló que sí firmó ese día el acta y que compartió el pedido de desalojo. De hecho, la defensa del director aportó una ejemplar del acta con su firma.
Allí radica uno de los ejes del expediente. Mientras el sumario se le abrió luego de ser acusado públicamente de “insubordinación”, el director señala que no desacató ninguna orden de las autoridades.
Otra acta del 30 de marzo es parte central de la acusación a Ruidíaz. En esa segunda acta, labrada tras una reunión de todas las partes, se señala que los estudiantes “entienden que no vale la pena abrir la puerta de Eduardo Acevedo y el director Ruidíaz los apoya proponiendo el acceso para personas con dificultades de movilidad por la puerta de emergencia de la calle Eduardo Acevedo. Asume explícitamente que acompaña la decisión de los alumnos. Afirma que abrir la puerta de la calle Eduardo Acevedo es importar un problema a la comunidad del IAVA y que constituye una falta de respeto por parte de las autoridades y un desconocimiento de la gestión que se lleva a cabo”. Se agrega que “según el director, las autoridades desconocen a la comunidad del IAVA cuando destinan mucho dinero en la pintura de la fachada y no les importan los estudiantes y las necesidades al interior del liceo, solo les importa lo que la gente lo ve”.
El documento agrega: “El director les dice a los estudiantes que entiende que se sientan desalojados y que trabaja para el mejor clima institucional. Él entiende que la accesibilidad perfectamente se puede hacer por la puerta de emergencia porque quiere la felicidad y la alegría de los alumnos. Les dice también que el año pasado se suicidó una alumna en el liceo y que no quiere eso, quiere la felicidad y la alegría de los alumnos”.
“Al día de hoy, el salón está cerrado con cadena y candado y la Dirección no dispone de la llave”, continúa el documento. “Se le pregunta al director si está de acuerdo con esta situación, responde que se conversó con los estudiantes sobre la posibilidad de que la Dirección tenga una llave, aunque él no entraría porque es respetuoso. Preguntado qué ha hecho en relación a esta situación, el director informa que hoy a las 14:30 tenía prevista una reunión con los estudiantes para tratar este tema”.
Los estudiantes primero habían señalado que no entregaban el salón gremial porque este se hallaba en la planta principal, y mudarse a otro piso los “invisibilizaría”. Cuando la subdirectora planteó encontrar otro salón en la misma planta, también lo rechazaron. En cuanto a compartir las llaves con la dirección, tampoco lo aceptaron. Pidieron, según consta en el acta, que fueran las autoridades educativas Robert Silva y Jenifer Cherro, tomados de la mano, a pedírselas.
El acta continúa: “El director les dice a los estudiantes que él no acata ordenes que no ve viables y que el año pasado recibió órdenes que decidió no acatar. (…) El director entiende que la base de la democracia es la democracia directa y por eso promueve los espacios de diálogo”.
Cuando fue llamado a declarar en el expediente, Ruidíaz hizo muchas correcciones a esta acta. Dijo que hay allí cosas que no dijo y otras que estaban alteradas. Insistió en que nunca desacató. Pero lo cierto es que esta acta sí tenía su firma, un hecho que luego destacarían los abogados de la institución que analizaron el caso.
El jefe de jurídica de Secundaria, Washington Gómez, en un oficio dirigido a la directora general Cherro el 31 de marzo de 2023, establece que “en el transcurso de las conversaciones, el Director toma posición por los alumnos, apoyando sus argumentos, y expresa que con estas acciones las autoridades superiores le faltan el respeto a las autoridades liceales y desconocen la comunidad IAVA. (…) De las palabras expresadas en el acta y ratificadas con su propia firma, el Director liceal evidencia omisión y desconocimiento de las obligaciones, deberes y responsabilidades que conlleva su cargo, e insubordinación a sus jerarquías”.
La defensa de Ruidíaz, un docente sin ninguna sanción previa en 22 años de carrera y con evaluaciones muy buenas y excelentes, aportó otra acta que las autoridades no habían incluido en el expediente. Fue firmada el 29 de marzo, un día del ultimátum a los estudiantes para que desalojaran el salón gremial.
Allí dice que “el director se compromete en ese momento a realizar gestiones para compartir con los estudiantes esta necesidad (la de reubicar el salón gremial)”. Se agrega que “de acuerdo al director, lo estudiantes entienden que la propuesta de cambio del lugar del salón gremial es un atentado a la democracia, a la libertad, a la identidad y a la memoria. Entiende que después de más de diez años de uso de ese espacio, no es viable el desalojo del lugar, al menos en el corto plazo (…) El director propone dialogar con los estudiantes para que saquen la cadena y anuncia que pretender el desalojo del lugar va a tener graves consecuencias para el funcionamiento del liceo (…) declara que intenta resolver el conflicto de modo pacífico”.
Se agrega que “el director entiende que ha privilegiado en su gestión la validez y el buen diálogo frente a indicaciones de las autoridades que a veces pueden parecer absurdas e desconocimiento de la realidad educativa del centro. (…) El director no ha logrado que los estudiantes entiendan la situación y por eso hace pocos días los estudiantes pusieron cadena con candado”.
En su declaración en el expediente, Ruidíaz negó haber desacatado órdenes: “Yo la inviabilidad la plantee en el plano material. Yo no desacaté ninguna orden, sino que inicié un proceso de diálogo en conjunto con el equipo director, inspectivo y estudiantes. Pedí tiempo para materializar la acción. La orden oral la recibí la última semana de febrero y a través de un mail convoqué a los estudiantes, al día siguiente de recibida”.
El director adjuntó como prueba los mails enviados a los delegados estudiantiles, convocándolos a reunirse para discutir el tema.
Remarcó que mantener un “buen vinculo pedagógico” es fundamental para lograr un aprendizaje “significativo y profundo”. Y recordó que, cuando asumió, el salón en cuestión ya estaba en manos del gremio estudiantil. También que dicho local siempre tuvo las puertas abiertas y que el candado se colocó solo después del ultimátum de desalojo.
“El 29 se apuesta a dialogar, pero el 30 se los intima de dejar el salón en 24 horas”, remarcó.
¿Firmó el acta donde se intimaba a dejar el salón a los estudiantes?, le preguntaron. “Sí, claro”, respondió. ¿Entorpeció a los inspectores? “No, todo lo contrario, hice lo que me pidieron”.
En otro folio del extenso expediente, la inspectora Catalina Videla dejó constancia que en forma verbal, en febrero, “el director Leonardo Ruidíaz atiende la solicitud realizada de cambio del espacio destinado a salón gremial (…) respondiendo que se reunirá con los estudiantes delegados y no cree que haya inconvenientes”. Pero en marzo, Ruidíaz le avisó que los estudiantes se negaban y que las autoridades “se están comprando un problema” al insistir con el tema.
Para el instructor del sumario, Ruben Ocampo, quedó probada “la inobservancia” por parte de Ruidiaz, “de las obligaciones y deberes inherentes al cargo de director”.
Nada hubiera impedido que el director ordenara romper el candado, aduce. “El objetivo institucional no era dialogar con los estudiantes sino la liberación del espacio que ocupa el llamado salón gremial para posteriormente iniciar las obras proyectadas”.
“Más allá de algunas comunicaciones, la decisión no se cumplió, el dialogo no puede ser excluyente de la toma de decisiones”, señaló y dijo que el apoyo de Ruidíaz a los inspectores “fue meramente formal, quasi (sic) testimonial”.
Ocampo, sin embargo, no se expidió sobre qué castigo le correspondería al director.
Tras el escrito del instructor se le dio vista a la defensa de Ruidiaz que señaló que el director estaba siendo objeto de acusaciones “absolutamente falsas y sin fundamento”. Recordó que en primera instancia el director había sido acusado de “insubordinación a las jerarquías” y ahora se había cambiado el motivo del expediente a “inobservancia de las obligaciones y deberes” del director.
También se hizo hincapié en el acta que se presentó sin firma de Ruidíaz, pero la tenía. “El hecho de que el acta de intimación de desalojo se encuentre firmada debidamente por el director tira por tierra su falta de ‘acatamiento’ e ‘insubordinación’ a las autoridades, ya que si ello fuera cierto no hubiese suscrito el acta”, sostiene la abogada Virginia Perciballi.
Se sostiene que el director había iniciado un proceso de negociación con los estudiantes para que devolvieran el salón, que fue interrumpido por el ultimátum que dio 24 horas para que lo desalojaran.
Perciballi también recuerda que en el expediente consta un documento firmado el 13 de marzo por la arquitecta Mariana Mandressi en el que se establece que el salón en disputa no era apto para poner una rampa.
Tras los descargos de la defensa, el expediente retornó a Jurídica de Secundaria para su punto final.
El informe final recayó en el abogado Richard A. Vaccaro, quien concluyó que las faltas de Ruidíaz quedaron probadas: “Se comparte el análisis de los hechos formulado por el señor Instructor Ruben Ocampo y sus conclusiones”, señala. “Puede admitirse que los estudiantes no lo comprendieran e incluso desconocieran la línea jerárquica pero no el Director y está documentado que los apoyaba en su negativa”.
Vaccaro agrega que “no tomar las medidas, al menos con la celeridad debida, necesarias como último responsable del Centro de Estudios para dejar libre el acceso por la calle Eduardo Acevedo puede interpretarse como una forma de oponerse a que lo resuelto por la Autoridad se cumpla y es una forma de acompañar la decisión de los estudiantes explícita o implícita, pero en los hechos con el mismo resultado”.
El abogado reconoce en su escrito que directores anteriores también fueron responsables del uso irregular y del deterioro del salón dado al gremio estudiantil, ya que Ruidíaz heredó esa situación.
Vaccaro no encontró agravantes y sí atenuantes en los antecedentes muy buenos de Ruidíaz. Finalmente dictaminó: “Se sugiere aplicar (…) una sanción consistente en una suspensión de diez días”.
Por considerar que Vaccaro y el instructor Ocampo coincidían en su análisis del caso, el jefe de Jurídica de Secundaria, Gómez, estimó era innecesario volverle a dar vista a la defensa de Ruidíaz, por lo cual el expediente estaba pronto para ser cerrado.
Pero el expediente tomó entonces un giro. Tras el escrito de Vaccaro, el 14 de noviembre de 2023 aparece un folio donde se señala: “Por mandato verbal, tratado en reunión de Autoridades del día de la fecha, pasen las presentes actuaciones a la Asesora Letrada con carácter urgente”.
O sea, que tras el dictamen de Jurídica pidiendo una sanción de diez días para el director se pidió una opinión adicional, en forma urgente, a una asesora letrada de la Dirección General, la abogada Magdalena Ruiz.
El informe de Ruiz está a continuación, sin fecha.
Las conclusiones de la asesora son más duras y tajantes que las de los juristas que habían intervenido hasta el momento, sumando acusaciones al director como la de descuidar un monumento histórico (el edificio del IAVA) y la de no haber controlado que en las asambleas del gremio estudiantil no se hablara de política.
“Surge claramente de los obrados, que el Director no pretendía cumplir la orden de la jerarquía, ya que frente al pedido de parte de las autoridades, él responde dando otra alternativa a dicha orden. Asimismo, se demostró que no procedió con celeridad, y su inacción provocó situaciones detalladas en las actas, las cuales pudieron haberse evitado”, señala Ruiz en su dictamen. “El Director no llevó a cabo las gestiones necesarias de diálogo con estudiantes para efectivizar la orden recibida. Por el contrario, se puso en contra de las autoridades apoyando la decisión de los estudiantes de no liberar el salón por razones políticas, e históricas”.
También agrega que “los Liceos no tienen la obligación de disponer de un salón liceal exclusivo para actividades gremiales, sino de proporcionar a los estudiantes que soliciten a la Dirección con antelación, un espacio para poder reunirse en un día y a una hora determinada”.
Ruiz “a título personal” sospecha que en las reuniones del gremio se pudo hablar de política y el director no lo controló: “Si bien es cierto que este extremo no está dentro del objeto del sumario, no deja de ser una posibilidad que surgió cuando inició toda esta situación”. Agrega que “el Director no estaba al tanto de quienes se reunían, ni cuando, ni cuáles eran los temas que preocupaban a los estudiantes, ni mucho menos se controló que no se traten temas políticos o religiosos”.
Concluye: “La falta cometida por el Director Ruidíaz, es una falta GRAVE (en mayúsculas en el original) y se sugiere a las autoridades una sanción de 150 días”.
Ruiz fue la primera de las juristas en analizar el caso que encontró un agravante para la conducta de Ruidíaz: otro sumario iniciado por las autoridades de Secundaria. Pero unos folios más adelante en el expediente, le hace saber a las autoridades que se equivocó, que el agravante no corresponde por tratarse de un sumario posterior. Sin embargo, no rebaja en nada la sanción propuesta que, ahora sin agravantes, se mantiene en los mismos 150 días.
Ante el escrito de Ruiz, que cambió las argumentaciones de Ocampo y Vaccaro, se le dio otra vez vista a la defensa de Ruidíaz.
La abogada Perciballi dejó constancia de su perplejidad: “Frente a la valoración de los mismos hechos (…) el objeto de análisis fue modificado unilateralmente por la informante Ruiz que arriba a una conclusión diametralmente opuesta y absolutamente excesiva de conformidad con la prueba obrante”.