El sumario administrativo contra el presidente del sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, entró en su etapa final, luego de que el expediente regresara desde la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) a la Oficina de Instrucciones Sumariales del Ministerio del Interior, según informó la Comisión Directiva del gremio.
El dirigente sindical fue separado del cargo y sometido durante seis meses a una retención de la mitad de sus haberes mientras avanzaba el procedimiento administrativo.
Según informó el sindicato, tras la presentación de los descargos el expediente fue remitido a la ONSC, organismo dependiente de Presidencia de la República, y ahora volvió a la oficina del Ministerio del Interior encargada de las actuaciones sumariales.
La Unión de Policías de la Guardia Republicana (UNI.POL.GR) cuestionó el procedimiento y aseguró que estuvo marcado por "graves irregularidades". Entre otros aspectos, sostuvo que después de la presentación de los descargos se incorporaron partes al expediente y se realizaron actuaciones que, a juicio del sindicato, estuvieron "viciadas de errores".
La organización también entiende que durante el proceso se vulneraron disposiciones de la Ley Nº 17.940, sobre libertad sindical, y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Nos han querido silenciar desde el día uno", afirmó el sindicato en un comunicado, en el que defendió el derecho de los representantes sindicales a "reclamar, denunciar y representar a los trabajadores".
El antecedente de otro sumario
La organización recordó además que no es la primera vez que su presidente enfrenta un procedimiento que puede derivar en su cesantía.
Según UNI.POL.GR, el dirigente ya había sido sometido a un sumario en 2015 que terminó con una cesantía en 2020.
El sindicato aseguró que los procedimientos tuvieron consecuencias económicas y también afectaron la carrera funcional de su presidente. "No callarán nuestra voz. Nuestra voz es también la voz de los policías", señaló la Comisión Directiva.
Ante la nueva etapa del expediente, UNI.POL GR reclamó que el sumario concluya sin sanciones y que se devuelvan al dirigente los haberes que le fueron retenidos.
"Si se confirma que se vulneraron derechos sindicales, este caso quedará como un antecedente de lo que no debe volver a ocurrir", concluyó la organización.
