La madre de Juan Ignacio "Nacho" Suárez Gularte, el joven de 21 años que murió durante una intervención policial en mayo de 2023 en las inmediaciones del Estadio Campeón del Siglo, presentó un nuevo escrito ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en el que denuncia “omisiones investigativas”, cuestiona la actuación del Ministerio del Interior y reclama avances en la causa judicial a tres años de iniciado el proceso.
Suárez Gularte, conocido como “Nacho” por familiares y amigos, era hincha de Peñarol y murió el 13 de mayo de 2023 antes del partido entre el aurinegro y Wanderers, disputado en el Campeón del Siglo. Según la reconstrucción realizada entonces por El Observador, el joven había intentado ingresar al estadio saltando una reja en la zona de acceso a la tribuna Cataldi y terminó con una de las puntas metálicas incrustada en el abdomen.
La familia sostiene desde entonces que hubo irregularidades en el procedimiento policial y reclama esclarecer qué ocurrió durante la intervención de efectivos de la Guardia Republicana.
El nuevo escrito presentado ante la INDDHH
El documento, firmado por Claudia Gularte Roth Bentancor junto a su abogado, Rodrigo Rey, solicita a la INDDHH que impulse el expediente iniciado en 2024 y requiera información tanto al Juzgado Penal de 45° Turno como al Ministerio del Interior. También pide un pronunciamiento institucional sobre el estado de la investigación, a casi tres años de la muerte del joven.
Según la presentación, a la que accedió El Observador, durante una audiencia judicial realizada en marzo de 2026, la actual fiscal del caso reconoció “omisiones investigativas” cometidas durante la actuación del fiscal anterior. Entre ellas, se menciona la falta de diligencias para preservar pruebas y avanzar sobre determinadas líneas de investigación.
Rey, representante legal de la familia, afirma que esas omisiones fueron posteriormente “validadas institucionalmente” por el Ministerio del Interior, que —según el escrito— sostuvo públicamente la regularidad del procedimiento policial sin haber realizado investigaciones administrativas o disciplinarias internas.
La historia de Nacho y las dudas de la familia
Juan Ignacio Suárez vivía en Villa Aeroparque, Canelones, y trabajaba desde hacía tres años en tareas de mantenimiento en el complejo Euskalerría 71, en Montevideo. Según relató su familia a El Observador en 2023, era un joven “muy casero”, fanático de Peñarol y habitué de la tribuna aurinegra.
El día de su muerte había trabajado durante la mañana y luego se dirigió junto a amigos al Campeón del Siglo. Su entrada había sido comprada por uno de ellos porque, según relató la familia, no había podido adquirirla personalmente a través de la web.
De acuerdo a la reconstrucción hecha en ese entonces, el ingreso le fue negado por personal de seguridad debido a que llevaba dos petacas de whisky. Minutos después intentó ingresar saltando la reja ubicada entre las puertas E y F de la tribuna Cataldi.
En aquel momento testigos afirmaron que efectivos policiales golpearon al joven mientras estaba sobre la reja. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación señalaron entonces que la autopsia realizada por el Instituto Técnico Forense (ITF) no había detectado signos de violencia externos más allá de las lesiones provocadas por la propia reja.
Los cuestionamientos a la investigación
La nueva presentación ante la INDDHH también incorpora referencias a una comunicación enviada en 2023 por el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, quien expresó preocupación por “múltiples irregularidades” en torno al procedimiento policial y la investigación posterior.
Entre los puntos señalados figuran cuestionamientos sobre el uso de la fuerza, la ausencia de determinadas pericias, la falta de incorporación de registros audiovisuales y aspectos vinculados a la autopsia.
Embed - Prueba de Peñarol por muerte de hincha
La familia también reclama conocer por qué no fueron incorporadas a la investigación imágenes de las cámaras corporales de la Guardia Republicana y cuestiona la asistencia médica brindada tras el episodio.
En el tramo final del escrito, la representación de la familia solicita que la INDDHH mantenga abierto el expediente hasta verificar avances concretos en la causa y advierte que el tiempo transcurrido “erosiona el material probatorio” y afecta las posibilidades de esclarecer los hechos.
