La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició un sumario a la jueza Rossana Re Fraschini, que actuó en el caso del adolescente Jonathan Correa, asesinado a golpes por su padre en marzo y por el cual se habían presentado varias denuncias.
Según informó la presidenta de la SCJ, Doris Morales, en una rueda de prensa consignada por Subrayado el sumario se determinó luego de la realización de una investigación administrativa tras la muerte del adolescente de 15 años.
Consultada sobre eventuales fallas en el procedimiento, Morales aclaró que el sumario no supone prejuzgar que existieron "deficiencias o una mala actuación", sino que busca determinar si efectivamente se cometieron irregularidades. Por eso, podría derivar en una sanción o no, en caso de que no se constaten ilegalidades.
La investigación administrativa por parte de la SCJ se había iniciado en marzo, mismo mes en el que se registró el asesinato.
El foco de la investigación estuvo puesto en las actuaciones de la Justicia previo a la muerte del adolescente, ya que habían existido al menos dos episodios de violencia que fueron denunciados a las autoridades.
El primero ocurrió el 22 de abril de 2024, cuando la madre del adolescente denunció a su pareja, Jonathan Calero, por agresión. La mujer declaró haber sido atacada, "resultando lesionada con un corte profundo en la boca", y advirtió que el hombre también había golpeado a su hijo en ocasiones anteriores.
El segundo episodio tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando la subdirectora de la UTU de Flor de Maroñas alertó a la Policía sobre posibles signos de violencia en el adolescente.
De acuerdo con la jueza Re Fraschini, el 27 de noviembre recibió la comunicación policial informando que el estudiante había concurrido días antes "con varios moretones en las rodillas", cuya explicación "no coincidía" con la versión posterior de su madre.
Ante estos elementos, la subdirectora dejó constancia de la situación por sospechas de violencia doméstica. La magistrada actuó de oficio y ordenó dar intervención al INAU, comunicar a Fiscalía y solicitar antecedentes.
Sin embargo, al 9 de marzo de este año, "la Policía no había remitido los antecedentes y el INAU no había elaborado ningún informe".
