Las medidas buscan ayudar a "la lucha contra la corrupción en los cargos públicos", y a "garantizar una administración más transparente y honesta"
Pedro Bordaberry, candidato a senador del Partido Colorado
Foto: Inés GuimaraensEl sector Vamos Uruguay del Partido Colorado, encabezado por el excandidato a presidente y actual candidato a senador Pedro Bordaberry, presentó 10 medidas para mejorar la transparencia del Estado.
El documento, al que accedió El Observador, presenta 10 medidas que buscan ayudar a "la lucha contra la corrupción en los cargos públicos", así como mejorar la "honestidad" de la administración central.
"Persigue reforzar los mecanismos de control y ética en la gestión pública para garantizar una administración más transparente y honesta", detalla.
Entre estas medidas, el sector colorado propone prohibir la contratación de funcionarios públicos por cinco años, y la designación de hijos de altos funcionarios. También quiere que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) pase al Tribunal de Cuentas y que los delitos de corrupción no prescriban.
La primera de las medidas presentadas por Bordaberry busca que los funcionarios de alto nivel no puedan realizar "tareas de asesoramiento en empresas privadas mientras estén en el sector público", salvo que sea en "actividades en fundaciones sin fines de lucro".
Toda la cúpula de Presidencia, los ministros y subsecretarios, los directores generales de secretarías y el director y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) "no podrán ser dependientes, asesores, patrocinantes, auditores, consultores, síndicos o similares, de persona física o jurídica alguna, nacional o extranjera, mientras se desempeñan en el cargo público asignado".
Todos los legisladores y funcionarios del Estado pertenecientes al sector Vamos Uruguay "deberán rendir cuentas anualmente de su actuación" que estará disponible en un sitio web, según se lee en el segundo punto de la propuesta.
El sector colorado propone que "los delitos relacionados con la corrupción (o peculado) no podrán prescribir". Entre ellos, se encuentran: "Peculado por aprovechamiento del error de otro, Concusión; Cohecho simple; Cohecho calificado; Soborno; Fraude; Conjunción del interés personal y del público, Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley y Revelación de secretos".
La cuarta propuesta refiere a la ley que regula el delito de enriquecimiento ilícito, figura propuesta por Vamos Uruguay en 2017 que fue aprobada por el Parlamento semanas atrás.
El quinto artículo del documento quiere que las empresas públicas no puedan realizar "gastos en publicidad, promoción o comunicación pública", salvo aquellos entes "vinculados a bienes o servicios que presten en régimen de competencia".
Estarán "excluidos" aquellos organismos que "requieran difusión para el correcto desenvolvimiento de los servicios que presten", pero deberán justificarlo "en forma expresa".
Bordaberry plantea la posibilidad de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) pase a ser un "órgano descentrado" del Tribunal de Cuentas, lo que entiende le permitirá una "mayor independencia técnica".
Vamos Uruguay pretende que el director de la OPP, los ministros y los directores de empresas públicas y servicios descentralizados realicen un "plan de gestión".
Este documento será entregado a un nuevo "Instituto Parlamentario de Evaluación" dentro del Poder Legislativo, que el sector colorado adelantó que no deberá "aumentar los costos de funcionamiento".
Bordaberry quiere suspender por cinco años la "designación de funcionarios públicos en los escalafones que componen el Servicio Civil y de contratación de personal para su desempeño en régimen de dependencia en la administración pública", salvo que sea para "cubrir vacantes".
"La prohibición comprende todas las dependencias estatales del Estado Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales, y empresas constituidas por las normas de derecho privado, cuyo patrimonio sea propiedad de entidades estatales", se lee en el documento.
La propuesta comprende algunas excepciones: se podrá seguir contratando personal policial; la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y otras dependencias del área podrán seguir contratando técnicos; los centros educativos tendrán la potestad de designar nuevos profesores, y tanto el INAU (Instituto del Niño y el Adolescente) como el Inisa (Instituto de Inclusión Social Adolescente) y el INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) podrán sumar "personal técnico, docente y especializado".
Uno de los principales objetivos del sector de Bordaberry es prohibir "la contratación de familiares de altos funcionarios en la administración pública".
No se podrán "realizar designaciones y contrataciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Estado" de personas "que tengan algún vínculo de parentesco, por consanguinidad o afinidad, tanto en línea recta, como en línea colateral, y hasta el cuarto grado, así como del cónyuge, concubino o pareja" con los principales jerarcas de la administración.
Esto incluye a la cúpula de Presidencia, la OPP y la Oficina del Servicio Civil (OSNC), los ministros y subsecretarios y los secretarios generales de los gobiernos departamentales.
La última propuesta de Vamos Uruguay sostiene que las cuentas oficiales del gobierno no podrán "bloquear a usuarios".