La audiencia en la que la Justicia flexibilizó las medidas cautelares sobre el exintendente Guillermo Besozzi, que busca ser releecto el domingo, y los otros jerarcas de Soriano imputados, tuvo como trasfondo un duro intercambio entre la fiscalía y las defensas. Los imputados pasaron a tener libertad durante el día y prisión domiciliaria durante la noche, además de que se les prohibió salir del país y tendrán que presentarse semanalmente en la seccional policial.
Así lo resolvió la jueza Ximena Menchaca, quien luego de escuchar a las partes, evaluó que "la carga de demostrar" que la libertad de los imputados pone "en peligro efectivo la investigación" es de la fiscalía y aportó "especulaciones". Agregó que en el proceso la medida cautelar es dinámica y le parecieron atendibles los argumentos de las defensas, según surge de la grabación de la audiencia al que accedió El Observador, y del que informó El País.
WhatsApp Image 2025-05-06 at 12.52.09 AM (1).jpeg
Entre los planteos de los defensores se quejaron de que casi dos meses después de que fueron imputados con prisión domiciliaria total, la segunda medida más grave que existe en el proceso penal, la fiscalía no aportó ninguna prueba nueva como para demostrar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, dijo Juan Fagúndez, uno de los defensores de Besozzi.
Tras aclarar que se referían a la fiscalía “como órgano” y no a la actual fiscal, Charline Ferreyra, que es suplente y no conoce el expediente en su totalidad, como sostuvo Pablo Vera, otro integrante de la defensa del exintentende, cuestionaron que no pudieron acceder aún a los audios completos de las interceptaciones telefónicas que son el 90% de la prueba de la fiscalía, sino que lo que les dieron es la transcripción que hizo la fiscal inicial del caso, Stella Alciaturi "saca de contexto escuchas", dijo otro de los defensores del exintendente Nelson Rosa.
El letrado dijo además que "la fiscalía falta a la verdad" porque había planteado minutos antes que él conocía la carpeta de la investigación desde julio de 2024 ya que desde esa fecha defiende a otros imputados. Sin embargo, Rosa dijo que si bien defiende a cinco funcionarios municipales, condenados por peculado y cohecho calificado, lo único en común que tienen esos hechos con estos es el número de expediente, porque se trata de hurto de mercadería de la intendencia que luego vendían y son funcionarios del último escalón jerárquico por lo que nada tienen que ver con los imputados jerarcas.
Por su parte, la fiscal Ferreyra planteó que los riesgos de entorpecimiento a la investigación se mantienen por lo tanto consideró necesario que sigan con prisión domiciliaria total y por eso anunció que apelará el fallo de la jueza Menchaca.
La Fiscalía entiende que el entorpecimiento de la investigación se mantiene vigente. Agregó que no solamente hay escuchas telefónicas en la investigación de más de tres años sino que hay declaraciones de testigos, algunos reservados, otros no.
También dijo que hay denuncias nuevas que refieren a la corrupción pública. Ferreyra dijo que antes de ir a la audiencia le habían informado telefónicamente de esas denuncias. Ante el reclamo de los abogados sobre que ampliara, luego especificó que "falta tomarle declaraciones a funcionarios de la áreas donde trabajaba cada uno", "hay dos denuncias nuevas, una de Villa Soriano por falta de fondos o cheques sin fondo".
Agregó que también hay un nuevo caso de cheques sin fondo que implica a Pedro Besozzi, como exencargado de Hacienda.
Señaló que los imputados "conocen el manejo de todo el sistema de la intendencia, conocen la documentación que se requiere obtener, además de que "todos viven en una misma ciudad, se conocen, pueden tener influencia a través de ellos y a través de terceras personas" de los nuevos testigos.
WhatsApp Image 2025-05-06 at 12.52.09 AM.jpeg
Además planteó que cada una de las defensas aquí presentes no se opuso a la formalización de la investigación ni apeló las medidas cautelares en la audiencia del 13 de marzo. Agregó que la oportunidad para oponerse era esa.
La abogada Rosemarie Rosas, defensora del exdirector de Logística Jonathan Torres, respondió que la fiscalía "se equivoca reiteradamente" al decir que este no es el momento para pedir la libertad, como lo hace al decir que los delitos son generalizados entre todos los imputados, cuando cada en el derecho penal se responde en forma individual.
Fagúndez cuestionó a la fiscal por plantear que conocen el manejo de la intendencia y se preguntó cómo no lo van a conocer si la investigación de los hechos se iniciaron en la intendencia. "Ya adelanto que ellos van a explicar la errónea interpretación que se le dio a cada hecho porque ellos si saben a que corresponde cada factura, cada documento…"
Pero sobre todo cuestionó que se quiera mantenerlos encerrados "a crédito de futuras denuncias". "Si hay testigos reservados está en la fiscalía cuidarlos y que no se sepa quiénes son... Es lo peor que podemos hacer si es que tenés testigos reservados es la propia fiscalía revelándolo".
El penalista Gustavo Bordes, defensor del prosecretario Gonzalo Castillo con licencia, del exdirector de Hacienda Pedro Besozzi (sobrino del intendente) y del exdirector de Auditoría Germán Cavallero, dijo que este caso le hizo acordar al viejo código en el que era moneda corriente que le dieran a los defensores una investigación de tres años para leer en 15 minutos con el cliente detenido y esposado, en el que no se podía ejercer ninguna defensa. Planteó que se suponía que con el nuevo proceso, acusatorio, las medidas cautelares iban a cambiar y el encierro dejaría de ser la regla para ser la excepción.
Besozzi y la campaña desde la casa
Uno de los planteos de la defensa para pedir la libertad de Besozzi era que estaba en el tramo final de la campaña por la relección y la prisión domiciliaria le estaba afectando. La fiscal argumentó que pese a estar cumpliendo la prisión domiciliaria, "siguió haciendo campañas desde su casa, o sea que ese impedimento no existió. Hay una conferencia de prensa que realizó por lo tanto no se está vulnerando este derecho, él está en una listsa y se conocía esto prveio a la formalizacion".
La jueza coincidió con la fiscal en que Besozzi no ha estado "impedido de tener acceso a medios de comunicación tanto nacionales como departamentales, como a utilizar redes sociales y dispositivos tecnológicos con el fin de continuar con su campaña electoral". No obstante, accedió a darle la libertad parcial.
Un tribunal de apelaciones resolverá ahora si permaece en libertad o regresa a la prisión domiciliaria total, lo que se resolverá luego de la elección del domingo 11.
