La deportación –a partir decreto de Javier Milei– del uruguayo Juan Pedro Martínez, radicado en Argentina desde hace 19 años, no pasó desapercibida para el gobierno de Yamandú Orsi.
El consulado en Buenos Aires está en diálogo con las autoridades argentinas para “entender el perfil” del caso y “averiguar si hay un cambio de política” en la materia, indicaron fuentes de Cancillería a El Observador. Por otro lado, dado que Martínez no tenía ningún tipo de sustento en Uruguay, también entró en contacto el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La expulsión fue ejecutada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Federal 12 en base a un decreto de Milei de mayo que endureció la ley vigente. Ahora se impide permanecer en Argentina a extranjeros condenados "por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a tres años".
En este caso, Martínez había sido condenado a un año y medio de prisión –condena en suspenso dictada en 2021– por los delitos de violación de domicilio, amenazas y desobediencia. Su abogada Zulema Montero denunció a EFE, sin embargo, que la deportación fue ilegal.
"La expulsión no corresponde porque se han violado normas. No podía ser expulsado ni por la ley original ni por la modificación del decreto, porque su condena no es superior a tres años. Fue ilegal", insistió la abogada.
Martínez acudió el pasado viernes a una oficina de migraciones de Buenos Aires para renovar su documentación, momento en el que fue detenido por orden de la Dirección Nacional de Migraciones y trasladado a una dependencia policial, desde donde fue finalmente expulsado del país en la madrugada de este miércoles.
Se trata de un migrante uruguayo y afrodescendiente que residía en Argentina hace 19 años y está casado con la argentina Nadia Paola Arismendi, con quien tiene tres hijos nacidos en el país.
Según indica la norma en su artículo 70, "en caso de que el extranjero alegara, como hecho nuevo, ser padre, hijo o cónyuge de argentino nativo (....), la Dirección Nacional de Migraciones podrá suspender la ejecución de la medida de retención y procederá a constatar la existencia del hecho denunciado, en un plazo de hasta 48 horas hábiles".
Paola Arismendi, esposa del hombre, contó en diálogo con el medio de Buenos Aires Radio Con Vos 89.9 que en el 2016 Piedrahita hizo sus documentos argentinos, los cuales se los entregaron de manera temporal. Esa documentación se le venció años atrás y por problemas económicos, según contó su pareja, no pudo renovar la documentación. Entonces, desde ese momento se mantuvo en el país con un certificado de Residencia Precaria.
"En la época de pandemia él tuvo un problema. Discutió conmigo, nos enojamos y los vecinos hicieron la denuncia a mi nombre. Como fue una discusión lo tomaron como violencia familiar y entonces cualquiera podía denunciar", dijo. A raíz de esto, tuvo una causa de un año y seis meses por amenazas. Tras esta situación se mantuvo separado de su pareja, y luego volvió a "rehacer" su familia, aseguró la mujer.
Piedrahita tiene una cuenta de Mercado Pago a su nombre, una cuenta en el Banco Nación y también un certificado de domicilio en Argentina, entre otras cosas. De acuerdo con Arismendi, han ido en varias ocasiones a renovar los documentos, sin embargo, el gobierno "siempre" les puso "trabas".
"En marzo fuimos a migraciones en la capital y nos dijeron que iba a ser la última vez que tendría que renovar la Residencia Precaria porque a partir de junio podía hacer su DNI definitivo", dijo. "Entonces, el viernes imagínate que cuando fuimos lo hacíamos contentísimos. Pero no pasó nada de eso", agregó.
Fueron atendidos, trasladados a otro módulo de migración y tras esperar unas horas, una persona se acercó a ellos y les revelaron que Prefectura se iba a llevar a Piedrahita porque "tenía una orden de extradición". "Ahí se lo llevaron y no lo vi más", dijo la mujer entre lágrimas mientras no pudo continuar hablando.
