Horas después de que se conociera el fallo del juez Alejandro Recarey, que hizo lugar a un recurso de amparo y obligó a suspender la firma del contrato para la construcción del proyecto Neptuno, OSE pidió recordar la crisis hídrica que atravesó Uruguay en 2023 y defendió la millonaria inversión.
En un comunicado, OSE afirmó que el gobierno apelará el fallo y que "corresponde esperar el resultado final del proceso judicial", que será dirimido en un Tribunal de Apelaciones.
La empresa defendió el proyecto Neptuno, también conocido como Arazatí, porque entiende que garantiza el acceso a agua potable, "un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana".
"El proyecto prevé la construcción de infraestructura para potabilizar el agua, independientemente de fenómenos climáticos adversos y problemas técnicos", explicó OSE.
Y recordó que es un "compromiso" del gobierno de Luis Lacalle Pou, que desde asumió busca "hacer frente a un problema que se arrastra desde hace muchos años", que tiene que ver con la "ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable".
El proyecto Neptuno, descripto como la "inversión más grande de los últimos 150 años" en esa área, fue señalada como "necesaria" por OSE.
"Para tomar dimensión de la importancia y necesidad de esta obra, conviene recordar la histórica crisis hídrica que afectó al país el año pasado y su impacto en la calidad del agua", advierte el comunicado.
La demanda había sido presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y por la organización social los Tucu Tucu y apuntaba contra el Ministerio de Ambiente, OSE y el Ministerio de Salud Pública. Los tres, tal como informó El Observador más temprnao, dijeron que apelarán el fallo.
La paralización de la obra es “hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario".
Recarey, que no expidió sobre el fondo del asunto, accedió al recurso presentado porque entendió que existían bases como para "suponer" que se podía estar ante un "proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable", algo que va en contra de lo que establece la Constitución.
Reacciones
La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) celebró la decisión judicial y prometió seguir defendiendo "el agua" y las empresas estatales.
Por otra parte, el director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, también se refirió al fallo.
En un tuit, Ortuño escribió que "asegurar el agua potable a la población, cuidar los recursos naturales y el ambiente debe ser una Política Nacional de Estado fruto de un gran acuerdo en 2025".
"Academia, sociedad civil y la Justicia nos dan la oportunidad. No es de apuro, de salida y entre pocos que se resuelve", agregó.
Otra dirigente de la oposición que se manifestó fue Carolina Cosse, quien consideró que la suspensión es "como un alivio" porque es "importante" que se realicen todos los "estudios ambientales". "Que no se apure el proceso y que se estudie profundamente", pidió.
"Como uruguaya siento un alivio que haya habido un parate en un proyecto muy muy cuestionado en su oportunidad, su respeto por el ambiente, su efectividad", aseguró.
