En Uruguay hay una ley para personas con discapacidad que “cumple la mayoría de edad”. Hay otra ley para esa misma población que “festeja los 15”, aunque hay poco para celebrar porque en esta década y media quedan partes sin reglamentar, sin financiar o existen decretos que conducen a oficinas inexistentes. Y hay otra ley sobre el trabajo para esta “minoría” que, ocho años después de aprobarse, el propio Estado incumple.
Desde que a Freddis Tassani le diagnosticaron problemas en las vértebras C5 y C6, que le quitaron casi toda la fuerza de los brazos, las manos y lo condenaron a dejar su oficio de pintar autos para ganarse el pan, mide las leyes como festejos de cumpleaños donde lo que dice la letra fría de la normativa —a pesar del paso de tiempo— no se cumple.
“Después de amigarme con la palabra discapacidad, porque no es nada fácil eso para alguien que trabajó e hizo deporte toda su vida, empecé a descubrir un mundo de leyes ‘atadas con alambre’. Son leyes con las mejores intenciones, y casi siempre compartidas por todos los partidos políticos. Solo que ningún gobierno las cumple y a nosotros, las personas con discapacidad, nos cuesta ser tenidas en cuenta”.
Freddis habla lento y a sus 59 años —y más de cuatro de discapacidad— fue aprendiendo por cansancio los números de leyes, las trabas del Estado y como “los políticos nos reciben, hacen que escuchan, pero luego las obligaciones (y derechos) no se cumplen porque no somos una población que tenga un gran lobby, o pueda movilizarse con ruido, o…”.
Y hasta un simple artículo de una la ley que llega “a la fiestita de 15” deja al denudo los agujeros del Estado.
Era principio de 2010 cuando el Parlamento aprobó la ley integral de personas con discapacidad. El artículo 83 no se reglamentó hasta mediados de 2021. Rezaba algo muy sencillo: “Todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que regulará la reglamentación”.
El problema, explica Federico Lezama, del área de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, es que la reglamentación que se hizo recién en la pasada administración conduce a una oficina en el Ministerio de Salud Pública que no existe.
En lugar de pedirse la certificación del Mides, que ya tiene unos 8.000 inscriptos que entran en la definición de baremo de discapacidad (qué se entiende por alguien con discapacidad o no), se derivaba a una oficina de certificaciones y juntad médicas de Salud Pública que no funciona.
Y encima se incumplía con una ley de 2001 en la que, para casos como estos, el Estado tiene que destinar presupuesto para pagarle a las empresas de transporte por esos cupos de pasajes gratuitos.
Conclusión: algunos gobiernos departamentales (Montevideo fue el mejor ejemplo con el Sistema de Transporte Metropolitano) avanzaron por su lado. Pero la mayoría del resto se fue quedando y los pasajes interdepartamentales quedaron en el olvido (de los políticos, no así de los potenciales usuarios).
Cambió el gobierno y las autoridades tomaron conocimiento del problema. Entonces —como pasa en Uruguay con muchos temas en los que no se sabe por dónde empezar— crearon una comisión de varias instituciones que en 90 días debía dejar en clara la propuesta… la solución.
Esa comisión tuvo que pedir una prórroga de 30 días más, porque los técnicos no llegaron a ponerse del todo de acuerdo sobre cuál es la población objetivo, si los ingresos pesan, cuál es el límite de pasajes gratuitos y cómo se avanzará de manera gradual.
Por ejemplo: una persona que obtuvo exoneración para comprarse un auto para personas con discapacidad, no entraría en los boletos gratis (esa fue una de las discusiones y decisiones).
La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, puso el tema como parta de sus prioridades. Ella, asistente social de profesión, entiende que se está ante un clásico ejemplo en que el Estado debe dar la respuesta a lo que se comprometieron los legisladores cuando se aprobaron las leyes. Por eso creó la comisión, pidió estudios del censo, del BPS, datos del Mides y del STM. Siempre bajo la premisa de que la implementación será progresiva.
El 1% de la población de Uruguay tiene al menos una discapacidad severa, otros 6% al menos una moderada y otros 23% una o más leve. Así lo constata el último censo.
Pues viene el otro problema: la plata. El proyecto de ley de Presupuesto menciona 21 veces (en 407 páginas de texto) la palabra discapacidad. Casi siempre lo hace para referirse a que en el Mides se separará el Sistema de Cuidados del Instituto de Discapacidad, algo que había unificado el gobierno anterior. Pero no hay un dinero reservado como tal para el artículo 83 de la ley o sanciones por incumplimientos de normativas (como el 4% de llamados e ingresos para personas con discapacidad en los organismos del Estado, mucho menos se cumple en privados).
Freddis lo sigue a diario. No sabe dónde va a vivir el mes que viene porque el subsidio que obtiene, desde la reforma jubilatoria de 2023, es de solo 13.000 pesos mensuales. Entonces tiene que decidir si pagar el alquiler, comer, comprar los medicamentos para calmar el dolor. “Me dicen que hay prestaciones a las que no puedo acceder porque no vivo en un techo de lata o soy madre soletera, yo les respondo que no sé dónde viviré el mes que viene y que ya sufrí un desalojo. Pero nunca te dan soluciones. Te pasean de un mostrador a otro”.
Este lunes recibió en su correo electrónico los llamados de Uruguay Concursa que sigue al dedillo a ver si consigue una changa hasta lograr jubilarse. “De 19 páginas de llamados, o, dicho de otro modo, de más de 300 llamados activos, no había siquiera uno específico para personas con discapacidad. El Estado se hace el distraído en lo que el propio Estado se supone que debe defender, controlar y promover”.
La última Rendición de Cuentas lo deja en claro con una ley (la que está por cumplir ocho años), que está reglamentada, pero se incumple: el año pasado “ingresaron 81 personas con discapacidad a los organismos públicos obligados, representando el 0,43% del total de puestos ocupados en el año1. Con respecto al año 2023, la cantidad de personas ingresadas se redujo en un 33%”.
Solo seis organismos públicos cumplieron con la cuota mínima del 4%.
