La compra de empresas cobró relevancia el año pasado por dos importantes operaciones de concentración económica que se manejaron en el mercado local. Ahora, el gobierno propone introducir cambios en el proceso de análisis que realiza la Comisión de Defensa de la Competencia para aprobar o denegar las transacciones.
Los cambios previstos están incluidos en el proyecto de Presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo y presentado en el Parlamento hace dos semanas.
La exposición de motivos plantea que Uruguay es un país que enfrenta desafíos para sostener la competencia, lo que vuelve esencial una política activa que prevenga abusos de posiciones dominantes de mercado. Señala que la creación y fortalecimiento desde 2007 de la Comisión de Defensa de la Competencia -órgano desconcentrado del Ministerio de Economía- marcó un proceso de desarrollo institucional con avances normativos relevantes, como el control previo de concentraciones y la incorporación de mercados regulados.
Por último informa que en el proyecto de Presupuesto se incorporaron modificaciones de plazos vinculados con el estudio de procesos de concentración.
Gabriel Oddone entrega el Presupuesto en el Parlamento recibido por Carolina Cosse
Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay
La ley dice que la comisión dispone de un primer plazo de 60 días para autorizar una operación de concentración económica o denegar la autorización. Ese plazo corre, según la normativa, desde el momento que se presenta la documentación completa de la operación. La modificación que forma parte del proyecto presupuestal marca que ese período de 60 días se computará a partir de la fecha que la comisión declare que la información recibida por parte de la empresa que solicita la autorización es correcta.
La ley propone un plazo adicional de otros 60 días corridos para casos en que la comisión deba profundizar en el análisis del caso o solicite información extra a las partes involucradas o a terceros.
Ahora, el Poder Ejecutivo indica que también se podrá disponer de ese plazo cuando “sea necesario evaluar posibles condicionamientos para mitigar los eventuales efectos adversos de la concentración económica sobre la competencia en los mercados”.
Añade que para estas ocasiones se “podrá suspender el cómputo del plazo, para la evaluación de suficiencia y la proporcionalidad de los remedios para mitigar los efectos anticompetitivos identificados, por un espacio máximo adicional de 30 días corridos”.
Juan Manuel Mercant, socio de Guyer & Regules y experto en competencia, dijo a El Observador que los dos cambios son positivos porque “contemplan temas que generaban dudas o dificultades” al momento de presentar solicitudes de autorización de concentración económica. Desde su visión, el Poder Ejecutivo busca aportar claridad a “una realidad que la Comisión de Defensa de la Competencia observa en la práctica”.
Concentraciones económicas
El año pasado hubo dos operaciones de compra de empresas que tuvieron relevancia en el mercado uruguayo. Una fue la solicitud de Minerva Foods para adquirir frigoríficos de Marfrig.
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Presidencia de la República
El anuncio de adquisición se realizó en 2023 y durante 2024 la solicitud fue evaluada por la Comisión de la Competencia. En primera instancia, el pedido de autorización de concentración fue denegado. Sin embargo, Minerva mantuvo el interés en plantas frigoríficas de su competidor brasileño y la operación -con modificaciones- pasó a una segunda fase de estudio. La decisión final todavía no fue adoptada.
La segunda operación involucró a Grupo Bimbo y Pagnifique. También en este caso la transacción tuvo una primera respuesta negativa. Pero Bimbo presentó nuevos argumentos que fundamentaban la validez de la compra de la empresa panificadora. Para cambiar la decisión, la comisión tomó en cuenta una serie de medidas ofrecidas por el grupo mexicano para preservar la presión competitiva en el sector. Entonces, resolvió revocar la resolución anterior y autorizar la operación de concentración económica solicitada.
