30 de diciembre de 2017 5:00 hs

La corte suprema de Brasil suspendió esta semana un indulto presidencial de Navidad que pudo haber dejado en libertad a políticos y empresarios condenados por la megacausa de corrupción Lava Jato.

La decisión respondió a un pedido de la fiscal general, Raquel Dodge, quien solicitó dejar sin efecto ciertos beneficios de un decreto del presidente Michel Temer por considerarlo inconstitucional y violatorio de la separación de poderes.

"El indulto no es ni puede ser un instrumento de impunidad", escribió la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, al conceder la medida cautelar.

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El indulto había desatado una cascada de críticas y fue denunciado por funcionarios de la justicia como un "black friday" de los crímenes de cuello blanco.

Sin embargo, poco después de conocerse la medida, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, dijo en una entrevista a Globo TV que Temer recomendó a su ministerio que estudiara "otros criterios" para redactar un nuevo decreto que amparara a los brasileños "excluidos" por la decisión del STF.

El principal cambio del decreto de Temer era eliminar la exclusión anterior a todos los presos que cumplen condenas de más de 12 años.

Al amparo de esos nuevos lineamientos, la duración de la sentencia ya no importaba y un preso solo necesitaba haber cumplido un 20% de la pena para calificar, en lugar del 25% que establecían las reglas anteriores.

En caso de ser reincidente, el preso debería haber cumplido un tercio de la pena y no la mitad como anteriormente.

"Un insulto"

Entre los delitos sin "grave amenaza o violencia contra la persona" incluidos en el indulto entraban varios crímenes del caso que comenzó en la estatal Petrobras y luego se diseminó en gran parte de la administración pública de Brasil, antes de extenderse a varios países de América Latina y África.

Deltan Dallagnol, uno de los fiscales principales en la operación Lava Jato, consideró el indulto "un insulto" que esterilizaba la delación premiada, figura a la que se acogieron decenas de delincuentes para confesar sus crímenes a cambio de una condena más suave.

La investigación "Lava Jato está en riesgo, así como todo el sistema de responsabilización criminal", señaló la fiscal Dodge en su presentación para pedir la suspensión del indulto.

Dicha investigación llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos brasileños, acusados de recibir coimas con recursos derivados de la petrolera estatal Petrobras.

Dodge fue elegida por el propio Temer para reemplazar a Rodrigo Janot, fiscal que lo denunció dos veces por corrupción y lo convirtió en el primer mandatario en funciones en ser acusado de un delito común en toda la historia de Brasil.

Los llamados indultos de Navidad en Brasil establecen una regla general, impersonal, a la que los detenidos pueden acogerse previa solicitación a un juez.

Ahora, su aplicación quedará en suspenso hasta que la corte suprema tome una decisión definitiva tras el receso judicial que termina en febrero.

Polémica en Perú

Otro indulto polémico fue el que concedió en Navidad el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori, preso por violar los DDHH.

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