Desde la órbita política y de la mano del senador socialista Daniel Martínez, nació hace casi tres años la iniciativa de un proyecto de ley de apoyo a emprendedores, con el propósito de promover la creación de empresas y desarrollar el espíritu emprendedor en Uruguay como herramienta para el fomento de la igualdad, el empleo y el crecimiento económico.
Se estimaba que el proyecto fuera aprobado a mediados de 2013, pero aún no se ha discutido en el Parlamento. El senador aseguró que se “está haciendo fuerza” para que el Poder Ejecutivo tome una decisión sobre los aspectos fundamentales antes de que culmine el año.
El proyecto prevé, entre otras iniciativas la creación del Instituto Nacional del Emprendimiento -Uruguay Emprendedor- para coordinar, ordenar y ejecutar instrumentos y herramientas de apoyo al emprendimiento. El Instituto será articulador también de la red institucional ya existente en el sector.
Este proyecto fue discutido en el foro “Los Emprendedores y el Sistema Político: Proyecto de Ley de apoyo a Emprendedores”, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Uruguay (AJE) el jueves pasado.
El panel estuvo integrado por el director de la Dinapyme, Pablo Villar, el coordinador del CIE de la Universidad ORT, Enrique Topolansky, el asesor del proyecto de ley, Andrés Michelini, el presidente de AJE, Efraín Valadán y Martínez.
Según reveló el legislador, hay voluntad de aprobación y aseguró que buscó “pluralidad política y profesional de distintas vertientes para “colectivizar la idea”.
Martínez explicó que para la redacción del proyecto se consultó a diversos actores del ecosistema emprendedor, con la finalidad de enriquecer la propuesta y abordar todos los temas de la mejor manera posible.
Los pilares
Los panelistas respondieron las interrogantes de los concurrentes y resaltaron los pilares del proyecto de ley: generar“cultura emprendedora”, democratizar, articular las acciones existentes y trabajar el emprendedurismo desde la educación formal.
El proyecto, señaló Villar, intenta promover a los nuevos emprendimentos desarrollando una cultura emprendedora a mediano y largo plazo.
“Necesitamos hacer crecer en cantidad y calidad el tejido productivo. Tenemos un país en el cual la palabra empresario genera resistencias, sobre todo en la izquierda, desde nuestro lado tenemos la responsabilidad de trabajar en incluir de mejor manera al empresariado todo y al emprendedor”, explicó.
Sobre la inclusión del tema en la currícula educativa, Topolansky indicó que la ley generará un impacto grande, ya que tiene propuestas concretas hacia primaria, secundaria y formación docente.
Michelini estuvo encargado de explicar cómo se solucionarán las dificultades del sector.
Señaló que el primer gran obstáculo es la existencia de distintas iniciativas, programas e instituciones que ya están trabajando para fomentar el emprendimiento que muchas veces superponen tareas y necesitan encontrar una unicidad en cuanto a objetivos.
Frente a ese problema la ley propone la creación de un instituto. “Es un órgano fuerte, que actúa en el ámbito del derecho privado con lo cual se le da cierta agilidad para la toma de decisiones y que también está llamado a cumplir un rol de coordinación entre cuatro actores fundamentales: el gobierno, la sociedad civil, el sistema educativo y los actores públicos y privados”, indicó Michelini.
Para solucionar el acceso al financiamiento, se pensó en conjunto con Dinapyme la creación de un fondo nacional de fomento a los emprrendedores.
En tanto, Valadán evaluó la propuesta y manifestó que emprender en Uruguay no es una tarea fácil y que si bien quedan cosas por hacer, el marco de una ley es fundamental para que “la lucha sea mucho más corta”.
Comentó que si bien ha crecido el ecosistema de forma acelerada y hay un espectro amplio de instituciones, es fundamental regular para que el emprendedor sepa que puertas puede tocar.
“Desde AJE creemos que si bien esta ley nos puede dar una garantía a nivel de gobierno, es nuestra responsabilidad seguir generando para impulsar todo esto”, enfatizó.
