Cuando el fiscal de Corte, Jorge Díaz, respondió a estas preguntas, no sabía que la futura ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, iba a negar en una entrevista con el semanario Brecha lo que había dicho el día anterior en entrevista con el semanario Voces: que el gobierno proyecta una ley para que los fiscales dependan de Presidencia. De todas maneras el jerarca prefirió no opinar sobre el proyecto que define la independencia con la que contarán los fiscales que dirigirán las investigaciones judiciales desde 2017, aunque recordó que “la Fiscalía no puede depender del Poder Ejecutivo”. Desde 2012 sostiene que la Fiscalía debe ser un servicio descentralizado. En esta entrevista también explicitó “las reglas de oro” que deben seguir los investigadores de un crimen y advirtió que “muchas veces no pasa”.
¿Cuál es su postura sobre el proyecto del gobierno de trasladar la Fiscalía a la Presidencia?
Mi posición respecto a la ubicación institucional del Ministerio Público y Fiscal sigue siendo exactamente la misma y resiste cualquier archivo. El 21 de marzo del 2012, antes de ser designado fiscal de Corte, fui a la comisión de Asuntos Administrativos del Senado y explicité mi posición (“Debemos dotar al Ministerio Público de las seguridades y certezas jurídicas que le permiten ser independiente del poder político”). El 17 de abril de 2012, cuando asumo como fiscal de Corte, vuelvo a reiterar lo mismo. En ese sentido no hay nada nuevo bajo el sol.
¿Cuáles son esos tintes antidemocráticos?
Hay un artículo que prohíbe a los fiscales criticar a los jerarcas. Si eso no es antidemocrático, no sé qué es. Pero además es necesario modificar la ley orgánica porque hay que modificar la estructura que hoy tiene la Fiscalía, que es a espejo del Poder Judicial. Pretendemos es romper con esa estructura espejo, ir hacia una estructura mucho más flexible, porque desde 2017 (cuando se ponga en marcha el nuevo sistema judicial, con la vigencia del nuevo CPP) es necesario el trabajo en equipo de los fiscales. Probablemente en Montevideo vayamos a una descentralización territorial. Necesitamos fiscales que se encarguen de la parte de investigación que estén en el territorio, no en Ciudad Vieja. Una posibilidad es hacer un proceso similar al de la Jefatura de Montevideo, que subdividió el territorio en cuatro zonas. Seguramente vamos a tener fiscales donde no haya juzgados letrados. En 2017 pasaremos de hacer una tarea meramente litigadora, a investigar. Además, habrá que formar equipos. Si hay un grupo de fiscales que investigan solo los homicidios que ocurren en determinada zona, tendrás especialización, formación y conocimiento.
Una especialización como la de los fiscales de Crimen Organizado
Las fiscalías y los juzgados de crimen fueron un intento de especialización, pero tienen techo. El techo es que el juez sigue en el caso a caso. Hay que pasar a la lógica de las investigaciones sobre fenómenos. El proyecto del Poder Ejecutivo de ley orgánica (presentado durante el gobierno de José Mujica) prevé esto.
¿Qué otros cambios son necesarios de cara al nuevo sistema?
La Fiscalía desarrolla en la órbita civil una cantidad importante de tareas que el sistema político tendrá que definir si las seguimos haciendo o no. En un país en el que se reconoce el matrimonio igualitario y la unión concubinaria, seguir diciendo que el matrimonio es de orden público y que por eso un fiscal tiene que intervenir para tramitar un divorcio, parece fuera de época. Un dictamen de un fiscal civil de Montevideo que dice “puede usted acceder al divorcio” le sale al Estado uruguayo $ 2.000, contando salario, teléfono, agua, computadora, etcétera. ¿Estamos usando racionalmente nuestros recursos? Esa es una definición que tiene que tomar el sistema político, no el fiscal de Corte. El trabajo de las fiscalías civiles es prácticamente el 50% de la tarea que desarrollan las fiscalías. Si nosotros no tuviéramos que hacer esa tarea podríamos redirigir un montón de recursos humanos hacia el área penal, el área aduanera o el de adolescentes.
Vayamos a un caso concreto. El crimen de Lola Chomnalez fue el caso más mediático de este verano. Quedó como un ícono de la investigación la caja de bananas en la que la Policía Científica trasladó hasta Montevideo la mochila encontrada varios días después pero a poca distancia de donde fue hallado el cadáver. ¿Cómo percibió ese episodio en concreto y la investigación en general?
Al episodio en concreto no me voy a referir. Pero me parece que hay casos criminales que demuestran las falencias y dificultades de determinados operadores en cierto tipo de investigaciones. Salgamos del caso Lola y vayamos al caso (Saúl) Feldman, para criticarme a mí. Fue un caso absolutamente inusual, para el cual el país no estaba preparado y para el que los investigadores tampoco estaban preparados. Se hizo muchísimo, se avanzó hasta cierto punto y más allá de eso fue imposible avanzar. En general, todo lo que no se hace bien en el primer momento, luego no se puede hacer, desde la preservación de la escena del crimen, el levantamiento del cadáver, los registros. La regla de oro es que la escena del crimen se tiene que sellar hasta que la investigación concluya. Ahí no pueden ingresar más que los investigadores y en base a protocolos de intervención. No pueden entrar 60 policías a la escena del crimen. Obviamente hay que seguir el desarrollo de las pericias técnicas y científicas de forma adecuada. Eso es fundamental, está en la tapa del libro, pero muchas veces no pasa. Estas son reglas profesionales. Es criminalística. Una escena del crimen contaminada nunca más se puede reconstruir. ¿Qué sé yo si el ADN que aparece en ese objeto estaba en el momento o apareció después, si el traslado del objeto se contaminó? Eso es profesionalizar la investigación criminal que es una de las cosas a las que aspiramos con el CPP.
SOBRE EL CASO LOLA
Durante la investigación de Lola Chomnalez no se selló la escena del crimen. La Policía encontró la mochila de Lola enterrada en la arena 16 días después de hallar el cuerpo, a 17 metros de distancia del cadáver. Dentro de la mochila, había un pareo, una toalla y un libro manchados con sangre que no es de Lola y que se convirtió en la prueba más firme con la que cuentan los investigadores para acusar a un culpable.
