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"Irregulares e inoportunas": las razones del gobierno para revocar la adjudicación de canales de TV
El Poder Ejecutivo revocó la asignación de tres canales de televisión que había sido realizada por Tabaré Vázquez cuando faltaban menos de 15 días para que dejara el cargo.
El gobierno hizo lugar a un recurso de revocación presentado el 15 de abril por 13 empresas, entre las que se encuentran los canales privados 4, 10 y 12.
El gobierno fundamentó la decisión señalando que el pliego de condiciones fue realizado por un órgano que no era el competente y que durante todo el período se desoyeron las advertencias realizadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).
El Poder Ejecutivo también tuvo en cuenta un informe elaborado por el estudio Posadas, Posadas & Vecino, el cual fue contratado de forma directa por US$ 9.760.
Los canales que habían resultado ganadores eran: Eutopía TV, (dirigida por Federico Fasano y Ruben Villaverde), TV Libre Multimedio La República (dirigida por Néstor Molina) y Canal U (dirigida por Manuel Soto), y obligatoriamente debían incluirse en la grilla de los cables.
El director nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Guzmán Acosta y Lara, dijo a El Observador que el proceso de adjudicación fue “irregular, poco prolijo, inoportuno y totalmente inconveniente”. “No entendemos el apuro por dar estas señales de televisión a pocos días de asumir un nuevo Poder Ejecutivo”, expresó.
El jerarca consideró que la asignación había sido “contraria a derecho” y el acto administrativo “totalmente ilegítimo”.
El Ejecutivo debe definir ahora si realiza un nuevo concurso, mientras que los dueños de las señales revocadas analizan si impugnan la resolución del gobierno.
Los fundamentos
Al fundamentar la decisión, el gobierno de Luis Lacalle Pou consideró que había razones formales y de oportunidad.
El Ejecutivo entendió que el pliego fue realizado por un órgano que no era el competente y que al dictar la resolución, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) se extralimitó en sus competencias y excedió los poderes jurídicos que le fueron atribuidos legalmente.
Las leyes 19.307 y 19.834 establecieron que es el Consejo de Comunicación Audiovisual quien debe elaborar el pliego, pero que mientras este no se constituya quien lo hará será el órgano que esté a cargo en ese momento. “Correspondiera que lo hiciera la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que era quien tenía la potestad hasta el 1º de diciembre de 2019”, señaló Acosta y Lara.
En el escrito presentado por las 13 empresas cableoperadoras, los abogados Ana Silva Elizalde y Juan Andrés Lerena habían señalado que las resoluciones estaban “viciadas de nulidad por incompetencia” y como consecuencia de ello, “la de todo el procedimiento de llamado público dispuesto.
En la resolución, el Poder Ejecutivo manifiesta que la Inddhh había advertido que el concurso estaba siendo llevado a cabo por un órgano que no era el competente.
Acosta y Lara manifestó que las recomendaciones no fueron tomadas en cuenta. “Lo resolvió el ministro en un acto totalmente irregular en cuanto a la forma, porque hay que tener un informe jurídico previo y se deberían haber expedido sobre lo mencionado por el Inddhh”.
Más allá de las cuestiones de forma, la Inddhh hizo objeciones de oportunidad dado que el llamado se realizó a pocos días de un cambio de gobierno.
“Recomiendo al Poder Ejecutivo no iniciar el proceso de selección de las señales referidas en el período comprendido entre los 12 meses anteriores y los 6 posteriores a las elecciones nacionales”, expresa el documento anexado al expediente.
La Inddhh fundamentó el pedido el pedido en “principios y obligaciones de transparencia, y garantías de imparcialidad por parte de la administración pública que son reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional en estos asuntos”.
Defensa
El Frente Amplio defendió el proceso de adjudicación de señales con el argumento de que era la primera vez que se realizaba con transparencia y en un concurso público y abierto.
Tras conocerse la resolución, la exsenadora y expresidenta de la coalición de izquierda, Mónica Xavier, señaló que el gobierno de Lacalle Pou acababa de decretar la “censura” y que estaba cometiendo un “atropello en reiteración real”. “La fruta no cae lejos del árbol”, tuiteó.
El entonces vicepresidente de la Ursec, Nicolás Cendoya, dijo meses atrás a El Observador que esperar a que asumiera el próximo gobierno, significaba “no aplicar la ley”.
“Se esperó tanto tiempo para esto, como se esperó tanto tiempo para los derechos de los discapacitados en los servicios de comunicación audiovisual, que no estoy de acuerdo con prorrogar”, agregó.
