Agrede a la Constitución y a la institucionalidad que una política de Estado, como debe ser el manejo de las relaciones exteriores, se convierta en un tema meramente partidario para atender divergencias internas en el Frente Amplio. El diputado del MPP Daniel Caggiani anunció que la alianza de izquierda promoverá la creación de una comisión parlamentaria bicameral para “el seguimiento y control” de la actuación del gobierno cuando el país se incorpore al Consejo de Seguridad de la ONU. La maniobra no disimula su verdadera razón. Es consecuencia, en realidad, de la recurrente oposición ideológica de los sectores conservadores del FA al manejo de la política exterior por el canciller Rodolfo Nin Novoa. Conlleva también otro tiro por elevación contra el presidente Tabaré Vázquez, ya que el ministro actúa necesariamente con su anuencia.
Los argumentos esgrimidos por Caggiani carecen en todos los casos de fundamento jurídico e institucional. En primer lugar, la Constitución no habilita al Parlamento a controlar la política exterior. Su artículo 85 lo limita específicamente en este campo, entre sus atribuciones, a decretar la guerra y aprobar o rechazar tratados con otras naciones, el ingreso de tropas extranjeras o la salida de fuerzas nacionales. El legislador emepepista sostuvo además que es un “pilar fundamental” de la política exterior uruguaya no tomar parte en conflictos bélicos entre otros Estados. Pero el combate contra el llamado Estado Islámico (EI), que Nin Novoa dijo que Uruguay apoya –no con armas sino conceptualmente– y que disparó la propuesta controladora, no es una guerra contra alguna nación extranjera. Es una lucha mundial contra el terrorismo asesino del EI, en la que está empeñado todo el mundo civilizado para erradicar una amenaza de la que ningún país está exento, y suponemos que el sector del diputado Caggiani también desea ver terminado ese terrorismo.
Pero las disposiciones constitucionales, las exigencias de seguridad y el respeto al interés nacional son ignorados en el FA cuando se trata de mostrar músculo para dirimir peleas internas. No es novedad que la fuerza política que gobierna al país está drásticamente dividida. Por un lado, actúa el Poder Ejecutivo, con apoyo de algunos sectores más sensatos, intentando políticas de apertura comercial y de realismo en las relaciones internacionales. Por otro, el poderoso MPP del expresidente José Mujica, el Partido Comunista, parte del Socialista y algunos otros grupos persisten en promover un Uruguay anclado en el aislamiento y en el atraso, como si fuera una autosuficiente isla de fantasía que puede prescindir del resto del mundo, excepto por modelos democráticos de desarrollo y prosperidad como Cuba y Venezuela.
Ya ocurrió cuando ese segmento frenteamplista hizo retirar a Uruguay de las negociaciones del TISA y procura trabar la presencia uruguaya en el Tratado Transpacífico, pese a que ambos instrumentos son idóneos para vitalizar una economía en declinación. Y se reitera ahora en esta embestida contra el dúo Vázquez-Nin Novoa, generada por resabios de guerra fría y rechazo a cualquier emprendimiento en el que aparezca Estados Unidos. El gobierno apunta sensatamente a priorizar el realismo y las necesidades de desarrollo, por encima de rémoras ideológicas y tratando de poner a Uruguay en el mapa. Pero lograrlo exige que el Poder Ejecutivo ejerza el gobierno, que el Parlamento no se desborde y, sobre todo, que un partido se limite a sus funciones.
