El gobierno de Cristina Fernández prevé que deberá gastar US$ 13.000 millones en gas
El agravamiento de la situación energética argentina es de tal magnitud que ya ni el gobierno de Cristina Fernández lo niega. Para este año se prevén compras de gas por
US$ 13.000 millones, en un marco de producción decreciente.
Ya no alcanza ni con la ola de calor tropical en pleno invierno. Antes, si el tiempo ayudaba, los argentinos ya sabían que podrían tener un año tranquilo en términos de energía, y que no se llegaría a situaciones drásticas como los cortes de gas.
Pero este último invierno, aun con temperaturas históricamente altas que hicieron que los argentinos de Buenos Aires y las grandes ciudades de la zona centro del país no usaran mucho gas ni electricidad para calefaccionarse, el problema energético quedó expuesto en su desnuda gravedad.
No sólo no se pudo evitar los cortes en el suministro de gas a la industria y la escasez de gas natural comprimido (GNC) en las estaciones de servicio –a esta altura, un clásico de cada invierno– sino que la importación de gas alcanzó niveles récord.
Según datos Ente Nacional Regulador del Gas, el pico de importación se alcanzó el 24 de julio, con 50,5 millones de metros cúbicos. El día que se compró menos, el volumen fue de 33,5 millones. Un tercio de ese gas es comprado a Bolivia, mientras el resto llega en los buques metaneros, que descargan en los puertos de Bahía Blanca y de Escobar, para su regasificación.
A esta altura, la endeblez de la situación energética argentina es inocultable incluso para el gobierno de Cristina Fernández. Hasta hace poco tiempo, cada vez que desde la oposición se denunciaba el empeoramiento de la situación, la respuesta era la descalificación sarcástica: los funcionarios K se mofaban de los documentos redactados por un grupo de ex secretarios de energía, con el argumento de que vienen pronosticando el colapso del sistema desde hace una década y nunca ocurre esa crisis.
Luego, cuando empezó a quedar en evidencia que tanto las reservas como la producción de petróleo y gas venían en franco descenso, apareció el argumento de los “dolores de crecimiento”: lo que se afirmaba desde el gobierno es que resultaba natural que un país que crecía a “tasas chinas” desde hacía una década tuviese necesidades crecientes de energía, porque su aparato productivo estaba funcionando a toda máquina.
Pero el argumento empezó a hacer agua cuando la economía empezó a enfriarse, las “tasas chinas” quedaron en el recuerdo… y la crisis energética siguió tan campante.
El humor cambió drásticamente a fines de 2011, cuando ya no alcanzó por recortar los excedentes exportables para redestinarlos al mercado interno. Por primera vez en mucho tiempo, el saldo de la balanza comercial en el rubro energía fue negativo, lo que implicó un sacrificio de reservas del Banco Central en US$ 9.000 millones. Esa fue la gota que terminó de convencer a Cristina Fernández respecto de la reestatización de YPF.
La medida le dio a la presidenta un gran rédito político –las encuestas muestran que un 85% de la población apoyó la “recuperación” de la emblemática empresa nacional de petróleo– pero no terminó de resolver el problema de fondo.
Por si quedaba alguna duda, el nuevo titular de YPF, Miguel Galluccio, puso las cosas en negro sobre blanco al argumentar por qué era necesario el acuerdo con la gigante estadounidense Chevron: “El déficit energético en la Argentina es serio, y si no hacemos algo va a empeorar”. Todo un cambio de tono respecto de los tiempos no tan lejanos en que los funcionarios K ridiculizaban las advertencias de crisis.
Una escasez estructural
En medio de esta situación, el hecho de que Uruguay tendrá la posibilidad de producir gas en una planta cercana a Montevideo y que, además, tendrá un importante excedente exportable, no puede tener más que una interpretación: para la Argentina, es una buena noticia.
Ocurre que las necesidades de importación de gas están lejos de ser un tema de solución temporaria. Más bien al contrario, tiene todo el aspecto de un problema estructural, ya que no sólo obedece a una caída en las inversiones para exploración, sino que tienen que ver con la propia matriz energética del país, algo que no puede cambiarse en un lapso corto.
“Argentina es el país más gasificado del mundo, el 50% de su energía es gas… y se está quedando sin gas”, define el ex secretario de energía Alieto Guadagni, quien considera esta gas-dependencia como una debilidad. La cifra supone más del doble del promedio mundial, y pone a la Argentina a la altura del consumo de potencias gasíferas mundiales, como Rusia y Quatar.
Su diagnóstico es crudo: en un contexto de estancamiento de la frontera productiva, el país produce la misma cantidad de petróleo que hace 21 años y la misma cantidad de gas que hace 13 años. Y aconseja priorizar la inversión estatal a ampliar la capacidad de generación hidroeléctrica, para lo cual se requeriría una inversión anual de US$ 3.000 millones.
Pero mientras tanto, los argentinos siguen consumiendo gas. Un 54% de la población tiene acceso a la red de gas por cañería, y como además las tarifas están fuertemente subsidiadas, el consumo sigue creciendo.
Tras un máximo de producción alcanzado en 2004, la extracción de gas viene en baja sistemáticamente, acumulando más de 13% de caída desde entonces. En 2011, por primera vez el país consumió más de lo que produjo. Ya no sólo se tornó necesario comprar en el exterior gas para el consumo doméstico, sino también fuel oil desde Venezuela para hacer funcionar las centrales eléctricas en los meses invernales de alta demanda residencial. Según la consultora Econométrica, estas compras más las inversiones a cargo del Estado están suponiendo un esfuerzo fiscal equivalente al 3% del PBI. “E igualmente solo alcanza para dilatar la llegada de una crisis energética”, afirma la consultora.
Vaca Muerta, esperanza lejana
En ese contexto, de algún lugar hay que conseguir el hidrocarburo que falta. Eso está llevando a que la importación ya no sea algo exclusivo de los picos de demanda en invierno, sino que empiece a ser una política permanente a lo largo del año. El pronóstico para 2013 es una importación por US$ 13.000 millones, lo cual implicaría que el déficit energético llegaría al entorno de US$ 8.500 millones.
Según datos de otro ex secretario de energía, Daniel Montamat, la importación ya cubre la cuarta parte de la demanda total. Y prevé que este año sea necesaria la llegada de 83 buques de gas natural licuado, mientras hace apenas cinco años se necesitaba “apenas” ocho buques. Las dos plantas de regasificación están trabajando a toda máquina, y los expertos creen que, de continuar esta tendencia, su capacidad será superada y hará falta el arriendo de una tercera planta.
Es ahí donde las noticias desde Uruguay pasan a calzar con las necesidades argentinas. En principio, la fórmula sería conveniente para ambos: dos países vecinos, uno con excedente de producción y otro con un problema estructural que no sólo lo obliga a importar en cantidades crecientes sino que ya no tiene infraestructura como para regasificar el gas licuado.
Por cierto que las negociaciones con la Argentina no son sencillas, como ha comprobado hartas veces el gobierno de José Mujica. Pero las señales políticas que está dando la administración de Cristina Fernández marcan una creciente dosis de realismo en materia energética. La mayor prueba de ello es el contrato con Chevron para explotar la cuenca de “shale oil” en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. La necesidad de poner en valor un yacimiento considerado el tercero más importante del mundo ha llevado a que Cristina se expusiera al costo político de abandonar su prédica nacionalista para pasar a defender una alianza con una petrolera estadounidense heredera de la Standard Oil de Rockefeller, por otra parte acusada de desastres ambientales. Se justificó un trato impositivo y cambiario privilegiado con tal de que comiencen ya las inversiones. Y hasta con dura represión policial contra los manifestantes que denunciaban el acuerdo.
Para dar alguna buena noticia en ese marco desfavorable, funcionarios del gobierno han lanzado el optimista pronóstico de que, gracias a Vaca Muerta, el país podrá recuperar el autoabastecimiento de gas en dos años. Pero los pronósticos de los expertos privados son extremadamente más cautos, dada la dificultad técnica que implica la exploración de este tipo de yacimientos no convencionales, y no creen que haya resultados palpables en un lapso menor de cinco años.
El fantasma del tarifazo
Condenado a ser un importador, el precio internacional del gas se está transformando en una pesadilla para el gobierno argentino. Las compras de gas a Bolivia se pactan a unos 11 dólares por millón de BTU (la unidad de medida del gas), mientras que las de gas licuado que llegan en barco se pagan a 15,5 dólares.Esto pone una presión cada vez mayor a la política de pago a los productores domésticos, que apenas reciben 3 dólares por millón de BTU, algo que claramente desincentiva la producción nacional. En ese marco es que los economistas consideran cada vez más cercano e inexorable el sinceramiento tarifario, en un país donde la población se ha acostumbrado a pagar por la energía precios que pueden llegar a la cuarta parte de lo que se paga en el promedio de los países de la región. El gobierno de Cristina Kirchner ha dado señales de no querer pagar el costo político de ese ajuste y de estar tratando de trasladarlo al gobierno que asuma en diciembre de 2015, pero muchos analistas creen que ya es escaso el margen de una transición ordenada y que el fantasma de un “tarifazo” traumático podría corporizarse antes de lo previsto.