Nacional > ENTREVISTA / ALBERTO REYES

“Tratan de instalar que la Justicia no da garantías para nadie”

El presidente de la asociación de jueces, Alberto Reyes, dijo que la discusión ya está saldada a nivel internacional

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09 de agosto de 2020 a las 05:00

Alberto Reyes terminará su mandato al frente de la Asociación de Magistrado del Uruguay (AMU) a finales de agosto, en el medio de los cuestionamientos a la actuación de los jueces que realizó el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a raíz de las investigaciones sobre delitos cometidos en la dictadura cívico - militar (1973 - 1985).

Reyes es integrante del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° Turno y en una entrevista con El Observador habló acerca de las posturas sobre la jerarquía entre las sentencias internacionales y las leyes uruguayas, la prescripción de los delitos y analizó el impacto de las críticas a la Justicia formuladas por el excomandante en jefe del Ejército.

Los senadores de Cabildo Abierto sostienen que los organismos internacionales no pueden estar por encima de la normativa local. A nivel judicial, ¿continúa esa discusión?
Hay tres posturas sobre los tratados internacionales de derechos humanos. Una dice que ingresan a la Constitución como normas abiertas y tendrían rango constitucional. Hay otra posición que va mas allá y dice que los tratados están por encima. La visión más añeja dice que los tratados no tienen nada que ver con la Constitución y es algo programático y de adorno. El problema de fondo es que no se acepta la renuncia a la soberanía que implica suscribir un tratado internacional. En el caso de los derechos humanos es todavía mas fuerte ya que la Justicia es trasnacional. En el mundo contemporáneo no se discute demasiado y se acepta que los tratados tienen un valor que se impone sobre el derecho interno, e incluso ningún país que lo suscribe puede aprobar una normativa que lo incumpla, inclusive la Constitución. De lo contrario, si no se está de acuerdo hay que denunciar el tratado y de esa manera se podría volver a recuperar la soberanía perdida. Además hay diferencias entre quienes entienden que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la irretroactividad de la ley penal empiezan cuando Uruguay suscribió el tratado de la ley de Roma (en 2002), pero una minoría entiende que este tratado reitera convenciones anteriores. Hay una masa de normas de derecho internacional que se entienden vinculantes. 

También se volvió a discutir la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) coincidió en que en la dictadura el tiempo de prescripción no es computable. Los delitos de homicidio prescriben a los 30 años pero, ¿desde cuándo contamos? Hay que saltar la dictadura porque ahí no se podía investigar nada, estaba impedido el accionar de las autoridades competentes. La Corte también acepta que no corresponde computar el período cuando estuvo vigente la Ley de Caducidad porque se declaró inconstitucional (en 2009), entonces no puede surtir efecto para la prescripción. Es inconsitucional porque sustrajo al Poder Judicial la función natural del juzgamiento de los delitos, e impidió que fiscales investigaran. Con eso ya está la posibilidad del juzgamiento, ni siquiera tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hay varias fuentes de justificación para seguir investigando y llevando a cabo estos juicios.

¿Qué pasa con el voto de la ciudadanía que dos veces ratificó la Ley de Caducidad?
A veces cuesta creer que se haya declarado inconstitucional porque la ciudadanía la ratificó dos veces. Eso se utiliza por los que dicen “quiénes son estos que nadie los votó para decir que la ley es inconstitucional”. Justamente, la Corte está para eso, es el órgano que tiene el control del ajuste o desajuste de la ley. A pesar de esa doble ratificación, la ley fue declarada inconstitucional, porque la ratificación ciudadana no impide el control de constitucionalidad, a cargo de la SCJ. 

¿Cuáles son los riesgos para Uruguay de incumplir una sentencia internacional?
También hay dos posturas. Por un lado, están quiénes dicen que las disposiciones de la CIDH no vinculan al Estado. No es tan sencillo. Esas decisiones implican que Uruguay acepta la jurisdicción de la Corte, que las decisiones son legitimas aunque sean dictadas por gente que no conocemos, pero forman parte del tratado. En general hay una tendencia al cumplimiento de las disposiciones. Aunque a la mayoría de la SCJ no le convence esto, el Estado uruguayo tiene que informar de los avances del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman, y Uruguay informa cuando puede. Por el derecho interno con el razonamiento de no computar el período de la dictadura se llegó al juzgamiento de unos cuántos delitos. Es una tarea de seguimiento que hace la CIDH que recibe los informes de los estados.

¿Cuál es la gravedad para la Asociación de Magistrados de las críticas de Manini Ríos a la Justicia?
Son muy graves y se vienen reiterando. Uno podría conjeturar que es parte de una campaña que arranca con algunos editoriales del Círculo Militar. Se utilizan (las críticas) para reflotar una ley que impida la persecución de los delitos de la dictadura, diciendo que la Justicia no es imparcial, evidente con las últimas manifestaciones públicas. Se trata de instalar en la opinión pública que la Justicia uruguaya no da garantías para nadie. En la última media hora del Senado dice que no es un tema solo de los militares, que le puede pasar a cualquiera. En algunas personas va generando eco, porque confían en un senador de la República. 

En vez de decir que es un tema opinable o que se discute mucho, dice que prefiere que no se apliquen los tratados o que se computen los plazos. Lo que tampoco se entiende es que la Justicia no actúa por su iniciativa, siempre hay víctimas que denuncian, que exigen y plantean. Los jueces no deciden contra los militares sino en un conflicto de intereses entre las dos partes, con las víctimas representadas por los fiscales.

Aclaración: en la versión original de esta nota había un error en la traducción de la respuesta de Reyes sobre el voto de la ciudadanía que ratificó dos veces la ley de caducidad. En lugar de decir "a veces cuesta entender por qué la ciudadanía eligió dos veces mantenerla" debía decir "a veces cuesta creer que se haya declarado inconstitucional porque la ciudadanía la ratificó dos veces".

Disculpas a los lectores.

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