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Un audio de una docente de IPA hace resurgir el debate por la laicidad

Se advierte por los peligros de un debate basado en la “delación” y en los riesgos de “escrache y linchamiento” sobre docentes.  

Las autoridades la investigan por supuesto proselitismo.

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13 de mayo de 2021 a las 17:06

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) investiga el caso de una docente del Instituto de Profesores Artigas (IPA) que presuntamente habría incurrido en proselitismo político en una de sus clases. El hecho, que trascendió a través de su difusión en las redes sociales, hizo resurgir el debate que cada tanto aparece sobre los alcances de la laicidad en la educación. 

El diputado colorado Felipe Schipani (Ciudadanos) pidió la intervención de las autoridades educativa luego de conocer lo afirmado por la docente, difundido en un audio de Whatsapp grabado a partir de una supuesta clase a través de Zoom. 

Allí se escucha a la profesora hacer una serie de comentarios sobre el Frente Amplio al que acusó de “volver al texto único, a adoctrinar, hubo el mismo adoctrinamiento que en la dictadura, aunque más solapado”. 

En el audio, según Schipani, interviene una alumna que le menciona que sus comentarios pueden ser violatorios de la laicidad en la educación. “No tiene nada de malo, hablo del Frente Amplio como de cualquier partido” respondió la docente. Y añadió: “les estoy explicando por qué el cambio de la LUC”.

Schipani dijo a El Observador que se investiga en primer lugar si se trató de una clase. “Da la impresión que sí”, indicó. A partir de allí, se analizará la actuación de la profesora. 

“De comprobarse, es elocuente que se trata de una actitud proselitista de una docente que emite una opinión política en una clase” dijo el legislador, que insistió en que en este tipo de hechos deben aclararse más allá de las ideas políticas aludidas. “La laicidad se defiende siempre”, afirmó. 

Schipani agregó que existen supuestos antecedentes de esta misma docente que también se investigan, como una clase en la que criticó al ex ministro del Interior, Eduardo Bonomi. 

El planteo generó todo un debate sobre los efectos que pueden generar este tipo de denuncias. 

Para el diputado frenteamplista Gonzalo Civila (PS) se trata de un camino muy peligroso, abierto por “el escrache sobre docentes, el linchamiento y la instalación de una policía de la laicidad mal entendida, restrictiva, y poco amigable con la diversidad y el pluralismo”. 

Civila advirtió vía Twitter que existen reglas y ámbitos, “que valen para quienes piensan parecido a mí y para quienes no”.  

Con este planteo coincidió Emiliano Mandacen, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). 

“El debate sobre la laicidad mediado por la delación es muy peligroso. Condiciona la discusión profunda del concepto y es funcional a los intereses que la conciben como sinónimo de neutralidad”, señaló. Para el dirigente, el camino debe ser la democratización de los debates públicos. 

El ex asesor del Ministerio de Educación y Cultura, Luis Mardones, recordó denuncias anteriores de Schipani que hacían referencia a violaciones a la laicidad a favor del Frente Amplio. 

“Si la consistencia es virtud, Schipani es virtuoso”, dijo. No lo son, agregó, los que defienden en un caso y condenan en el otro según su preferencia política. 

Una charla cuestionada 

Sobre la mesa volvió a estar el caso de los docentes del liceo departamental de San José, sumariados por, supuestamente, haber repartido volantes en 2019 contra la campaña por la baja de imputabilidad en las instalaciones del centro de estudios. 

El asunto comenzó a investigarse en este período, luego que las autoridades de entonces decidieran archivar el caso, tras la denuncia de la ex directora del liceo, Miriam Arnejo.  Civila recordó el hecho y lo calificó de una “burda persecución” a los docentes, que fueron respaldados por el sindicato. El sumario está en curso y se esperan los resultados. 

Miriam Arnejo, ex directora del liceo de San José, estuvo la semana pasada en la Comisión de Educación del Diputados, donde varios legisladores del Frente Amplio a su vez la cuestionaron por un hecho sucedido en 2012. 

Ocurrió en el marco de la discusión pública sobre el proyecto que regulaba el consumo y producción y distribución de cannabis, aprobado el año siguiente. Se hizo en la plaza de San José, y estaban presentes los entonces legisladores Luis Lacalle Pou y Javier García. 

Arnejo lo explicó en función del interés que el tema generaba en los alumnos y su vinculación con la currícula que se impartía en el liceo. 

El diputado Federico Ruiz (PS) aprovechó el hecho para defender a los docentes sumariados. “Si hubieran llevado a sus alumnos a una charla a favor de la legalización de la marihuana con el Pepe (José) Mujica o con el Boca (Oscar) Andrade, hoy no estarían separados del cargo”, ironizó. 

E legislador Sebastián Sabini (MPP)  apuntó que "no se coloca en el mismo nivel el pensamiento fascista o nazi que el que respeta a los derecho humanos". En su opinión, Arnejo cometió un error con lo de la charla sobre el cannabis, una actividad que fue “violatoria de la laicidad”. 

Inquisición burocrática

La Comisión de Educación de Diputados tiene a un estudio un proyecto del Partido Colorado para la creación del “Consejo de la Laicidad”. 

Schipani defendió la iniciativa ya que “supone jerarquizar la laicidad como principio”. Dicho consejo estaría encargado de hacer cumplir la laicidad en la educación pública. Recibiría denuncias y podría tomar “métodos correctivos” en los hechos en los que se considere exista una violación a este principios. 

La comisión aún no comenzó su tratamiento ya que priorizó otros temas. Schipani admitió que será muy difícil que se apruebe, ya que no existe acuerdo. 

Según La Diaria, el Frente Amplio la rechaza y el diputado nacionalista Rodrigo Goñi considera que “sería un retroceso al siglo XIX”, ya que supone un riesgo de violación a derechos constitucionales. 

Por su parte, el consejero de Primaria, Héctor Florit, reparó en que, si dos de los tres integrantes de ese posible consejo fueran afines al gobierno de turno, podrían investigar escuelas o suspender textos o charlas. “La inquisición burocrática avasallando la autonomía de la ANEP”, lamentó. 
 

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