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"Uruguay ya no está entre los lugares preferidos para lavar dinero"

El especialista en investigaciones financieras Juan Cruz Amirante, resaltó los avances normativos en prevención del lavado de activos y la importancia de la inclusión financiera
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14 de agosto de 2017 a las 11:42

Juan Cruz Amirante es el responsable de la oficina para el Cono Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile) de Kroll, una compañía de investigaciones financieras, prevención y detección de fraudes corporativos y lavado de activos, que tiene su sede en Nueva York. En Uruguay esta firma realiza auditorías y elabora informes de compañías financieras y sujetos obligados a reportar casos de lavado, que luego son presentados al Banco Central (BCU) y bancos corresponsales con los que estas firmas operan en el exterior.

El especialista destacó los avances normativos de Uruguay en materia de prevención del lavado del dinero, destacó la importancia de la ley de inclusión financiera y cuestionó la decisión de los bancos extranjeros de cerrar cuentas a firmas que trabajan con cannabis legal.

¿Cómo evalúan la normativa de Uruguay en la prevención del lavado de activos?

Uruguay, junto con Chile, siempre han estado más avanzados a nivel normativo que el resto de los países de la región. Por ejemplo, el enfoque basado en riesgos que tiene Uruguay desde hace siete años, en Argentina recién se acaba de implementar hace un mes y medio. Este enfoque es más eficiente porque obliga a actores de la economía, a los cuales llama sujetos obligados (entidades financieras, abogados, escribanos, agente inmobiliarios) a que tengan una matriz de riesgo que les permita entender qué cliente tiene más posibilidades de estar haciendo lavado de activos y así establecer controles.

¿Qué elementos tiene en cuenta este enfoque para definir el riesgo al lavado?

Por un lado el producto al que pretende acceder. No es lo mismo un depósito de plazo fijo, que es menos riesgoso, a la compra de moneda extranjera o una transacción al exterior, que tienen más posibilidades de constituir una acción de lavado. Otro punto tiene que ver con la localización. No es lo mismo una actividad que se realiza en Montevideo a la que se lleva adelante en zonas fronterizas, que son de alto riesgo para el lavado. En lo que refiere a prevención del lavado de activos, Uruguay está en total cumplimiento de los organismos internacionales como GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

¿Cómo ha repercutido este acercamiento a las normas de GAFI y la OCDE en el negocio de los sujetos obligados?

Por un lado se les ha incrementado el costo operativo, no solo en la contratación de personal para hacer reportes de riesgo o en los sistemas de monitoreo, sino también en la realización de auditorías que deben contratan de esos procedimientos, consultores especializados, y capacitación anual de su personal, lo que también implica un gasto importante de dinero. Lamentablemente la eficiencia a nivel resultado se ha visto afectada pero por otro lado siempre hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Con esto las entidades financieras pueden conocer mejor a su cliente y ofrecerles servicios específicos para sus necesidades.

El informe sobre lavado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) señala que si bien en 2015 los reportes de actividades sospechosas de lavado de activos provenientes del sector no financiero pasaron de representar el 5% en 2014 a 17%, esa cifra no volvió a crecer en 2016 pese a que se sumaron nuevos actores obligados como promotores inmobiliarios, empresas constructoras y usuarios directos de zonas francas. ¿Por qué cree que ocurre eso?

Lo que ocurre es que los escribanos, por ejemplo, se subieron a un tren que está circulando a 200 kilómetros por hora. Recién empiezan a hacer algo como sujetos obligados, mientras que las entidades financieras tienen un músculo que vienen ejercitando hace muchísimos años. Es imposible que tengan el mismo nivel de reporte que los bancos.

Lea también. En 2016 se reportaron 32% más operaciones sospechosas de lavado que el año anterior


¿Uruguay es un destino interesante para lavar dinero?

Aquí se lava dinero como en todos los países de latinoamerica, y del mundo, pero con los últimos cambios normativos, Uruguay ya no es de los países preferidos para el lavado de activos. En su lugar se mira más Puerto Rico o Singapur, que está muy de moda.

Sin embargo Uruguay se ha visto envuelto en la trama de Odebrecht, como uno de los países en los que se lavó dinero de coimas.

No hay país de Latinoamérica que no haya canalizado fondos de Odebrecht. Si bien Uruguay ha participado, de la misma manera lo hicieron todos los países de la región. Habría que analizar cómo los sujetos obligados controlaron la operativa de Odebrecht, pero sería injusto juzgarlos con el diario del lunes, porque quién no quería tener a una de las constructoras más importantes de Latinoamérica como cliente.

¿Qué opinión tiene de la ley de inclusión financiera para el combate al lavado de activos?

Es fundamental, porque se formaliza la economía. La informalidad genera que los reguladores no tengan control sobre la operativa, de esa forma no saben ni los importes ni por qué hay esos determinados flujos de efectivos. Ir en contra de la inclusión financiera es ir contra la corriente a nivel mundial. No es algo positivo para Uruguay. Se debe buscar bancarizar la operativa al cien por ciento para tener más controles.

Hoy las empresas que trabajan legamente en la producción, distribución o venta del cannabis están con dificultades para bancarizar su operativa, justamente porque los bancos los rechazan.

El problema es el banco local tratándole de explicar a la casa matriz o a la corresponsalía con la que opera en el exterior que tiene cuentas que están vinculadas a la venta del cannabis y que eso en Uruguay es legal. El país va a tener que hacer lobby frente a los bancos internacionales para que así entiendan que aquí se está controlando toda la operativa referida a la marihuana, pero va a llevar tiempo para que lo entiendan. El gran problema de los reguladores americanos, de los bancos americanos es la ignorancia. ¿Por qué obligaron a cerrar la cuenta de las farmacias? Por ignorantes, por no hacer análisis, ignorar la normativa y ver quién hace las cosas bien y quienes hacen las cosas mal.

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