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28 de enero 2023 - 5:00hs

Brumadinho es un pequeño municipio de la región metropolitana de Belo Horizonte con una pequeña población de 34.000 habitantes. Su nombre saltó a las noticias cuando el 25 de enero de 2019, pasado el mediodía, se rompió la represa de la mina operada por la brasileña Vale. En cuestión de segundos, toneladas de lodo arrasaron con todo lo que estaba debajo de la presa. Cobró 270 víctimas fatales comprobadas, más cuatro personas que quedaron atrapadas y que solo encontraron los restos de una de ellas tiempo después.

Brumadinho debe su nombre a las brumas de esa región montañosa, especialmente en verano cuando el sol de la mañana convierte en humedad brumosa el agua de la superficie. Brumosa es también la situación judicial que le cabe a los responsables de aquel hecho que, tras distintas pericias, un estudio demostró que el derrumbe de la represa se podría haber pronosticado semanas antes con los medios de monitoreo adecuados.

El 5 de noviembre de 2015 se produjo otra catástrofe en las represas de Bento Rodrigues al romperse los muros de contención de las presas Fundão y Santarém, también en Mina Gerais, también por una mina de hierro operada por Vale en conjunto con la minera australiana BHP Billiton. Un total de 26 personas, entre muertos y desaparecidos, fueron víctimas de esa fractura de la presa.

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Vale es una multinacional que está entre las empresas más grandes de Brasil. Es el principal productor de hierro del mundo. Sus aportes a las campañas de los partidos políticos son públicas. Es sabida la lentitud de las comisiones parlamentarias que se crearon para investigar estos acontecimientos como también es sabido que Vale hace aportes -en blanco seguro, en bruma quizá- a los partidos políticos.

De estos dos incidentes, que no accidentes, no hubo culpables por la vía judicial.

Pasados cuatro años de la tragedia de Brumadinho, la Justicia acaba de imputar el martes pasado a 16 personas. Exactamente lo mismo, y a las mismas personas, sucedía apenas aconteció la tragedia. Los acusados, por entonces, lograron que sus abogados los liberaran de responsabilidades. La causa se reabrió y eso, quizá, permita que no puedan sortearse las responsabilidades penales.

Es cierto que los familiares de las víctimas fueron indemnizados, pero desde distintos ámbitos tanto gremiales, ambientalistas como de las personas cercanas a los fallecidos, piden Justicia, y nadie está en prisión pasados cuatro años. Las personas acusadas son 16, todos ellos por homicidio doloso y por delitos ambientales.

El Sindicato Metabase Brumadinho, de los trabajadores de la mina, sostiene que la empresa sabía de la inestabilidad de la represa desde hacía 16 años y que nunca hicieron nada al respecto.

Hace cuatro años, fue la Justicia del Estado de Minas Gerais la que tomó la causa. Un estado donde Vale pesa mucho. Ahora el procedimiento se abrió en la justicia federal. No es fácil discernir si este fuero será más estricto.

La Asociación de Familiares y Víctimas de la tragedia todavía no salen de su dolor por las dilaciones. Aquel día de enero, la mayoría de los trabajadores que murieron estaban en el comedor, que se convirtió en una ratonera al momento que el lodo se convirtió en un tsunami oscuro.

La causa estuvo en los tribunales de Mina Gerais hasta hace un mes. En diciembre de 2022, el presidente de la empresa, Fabio Schvartsman, apeló un fallo de primera instancia que podía llevar a profundizar las responsabilidades penales de los responsables de operar la mina y del propio Schvartsman por ser el ejecutivo más alto de Vale.

El argumento fue que en esa zona había yacimientos arqueológicos bajo custodia del estado federal y entonces correspondía el cambio de fuero. El Tribunal Supremo estuvo de acuerdo y de inmediato se reabrió la causa en los juzgados de Brasilia.

La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Rosa Weber, pidió que la Fiscalía se diese prisa en presentar una nueva denuncia. Los abogados de Vale tienen presente que las dilaciones juegan a favor suyo ya que los delitos ambientales prescriben a los cuatro años. Los fiscales cumplieron con presentar los cargos días antes del 25 de enero, cuando se cumplieron precisamente los cuatro años de la tragedia.

La defensa de la minera Vale, acostumbrada a hacer valer su poder, se quejó por la celeridad del trabajo de los fiscales. El argumento es que el expediente tiene miles de fojas y que el traspaso de jurisdicción merecía el tiempo necesario para estudiar el caso. Los fiscales saben que si prescribían los delitos ambientales, se abría un camino sinuoso sobre las responsabilidades penales. Actuaron con rapidez. Solo que la tragedia sucedió hace cuatro años y los familiares quieren Justicia con mayúscula.

No hay ejecutivos ni responsables de Vale en prisión. La empresa argumenta que desembolsó millones de reales en indemnizaciones, en acuerdos judiciales de reparación de las víctimas y en medidas para tratar de mejorar el medio ambiente, entre las cuales está haber desmantelado el 40% los depósitos de residuos peligrosos.

Lo que resta, nada menos, es si los responsables afrontarán los cargos.

Cabe consignar que en setiembre de 2019, apenas ocho meses después de la tragedia, una comisión parlamentaria de investigación de la Asamblea Legislativa de Minas Gerais publicó su informe sobre la tragedia de Brumadinho en el que se pide la imputación de los directivos de Vale.

El juicio no solo sería reparador para los familiares de las víctimas. Las asociaciones de ambientalistas dicen que consta en el expediente que Vale opera 43 represas en Brasil, la mayoría en Minas Gerais y que 30 de ellas funcionan bajo “protocolos de emergencia”, tres de las cuales están bajo “riesgo de ruptura inminente”. Los habitantes cercanos a muchas de esas represas fueron evacuados y la empresa debió construir diques de contención para evitar nuevas catástrofes.

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