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A contra reloj, el FA avanza para aprobar ley trans con cambios
El proyecto de ley integral para personas trans ingresó al Parlamento a fines de 2017 pero recién en los últimos meses generó un intenso debate en el palacio de las leyes. Tanto impulsores como detractores de la ley se organizaron para juntar firmas. Pero después de casi un año de debate ahora los legisladores están acorralados por el calendario.
La iniciativa prevé una reparación para aquellos que demuestren haber sido perseguidos por la dictadura y el hecho que haya dineros públicos involucrados genera que la iniciativa deba ser aprobada antes de la veda electoral (un año antes de las elecciones nacionales). El Frente Amplio todavía no llegó a un consenso y la iniciativa debe ser aprobada en ambas cámaras por lo que los legisladores apuran el paso.
El oficialismo conformó una comisión bicameral para realizar ajustes al texto y existe un borrador con algunos puntos de acuerdo. Fuentes partidarias dijeron a El Observador que hay consenso para quitar el artículo relacionado a las cirugías de cambio de sexo para menores de edad y de volver a redactar el referido a los procesos de hormonización para que haga referencia al Código de la Niñez y la Adolescencia.
Uno de los principales puntos de controversia que generó la discusión fue, de hecho, la posibilidad de que menores de edad puedan comenzar un proceso de hormonización, realizarse una cirugía de cambio de sexo o realizar el cambio de nombre sin consentimiento de los padres o tutores .
Hay 933 personas trans en Uruguay de las que 88% son mujeres y 12% son hombres. Esas personas tienen en promedio de 36 años y solo el 2% superan los 65, según el último censo del Mides
Sin embargo, parte de esa discusión ya estaba saldada. Tanto el Código de la Niñez y la Adolescencia como la Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño –a la que adhirió Uruguay- habilitan la posibilidad de que los menores puedan realizar el cambio de sexo sin el consentimiento de sus padres gracias al concepto de "autonomía progresiva".
La autonomía progresiva significa que cada niño o adolescente tiene la capacidad de ejercer sus derechos y de asumir responsabilidades específicas conforme a la edad que esté viviendo.
Cristina Lustemberg, diputada por el oficialismo, aseguró que este tema se debe encarar desde la concepción de derechos y de salud de las personas trans. “Ningún niño de ocho años va a venir y se va a operar o a comenzar un proceso de hormonización. Hay todo un proceso de análisis y de acompañamiento muy complejo”, explicó y criticó que se hable del tema con "desconocimiento".
Casi siete de cada diez mujeres trans se dedican o se dedicaron al trabajo sexual mientras que entre los hombres casi nueve de cada diez nunca lo practicaron. El ingreso promedio de la población trans es de $7.418 mensuales y seis de cada diez no terminaron el ciclo básico.
El argumento del oficialismo para quitar el artículo de las cirugías para menores de edad es que existe un solo registro de operación de cambio de sexo en Salud Pública y que la edad en la que se realice la operación no genera ningún tipo de variación. Sí hay registros de otro tipo de operaciones como implantes mamarios en el caso de mujeres trans o de la extirpación de la glándula mamaria para hombres trans.
Para el colectivo Ovejas Negras esa decisión sería la “pérdida de un derecho”. “Lo que se apela en ese artículo es al Código de la Niñez y la Adolescencia”, dijo a El Observador la vocera del colectivo Daniela Buquet.
Las personas trans sufren la expulsión temprana del núcleo familiar y también de centros educativos así como la imposibilidad de contar con trabajos formales y estables, según los datos del censo. Casi seis de cada diez personas trans declararon haber sido discriminadas por algún miembro de su familia.
El director de promoción sociocultural de Mides, Federico Graña, explicó a fines de 2017 ante el Parlamento que existe un mercado negro de “cirugías estéticas” para la modificación del cuerpo que a la larga genera problemas graves.
“Muchas mujeres trans se inyectaron o les inyectaron en su cuerpo silicona industrial y no se trata de una prótesis, por tanto, no piensen en una bolsa, sino en líquido que se inyecta a través de los pezones u otras partes del cuerpo. Estas prácticas de «cirugía estética» –y es una expresión que debe ir con muchas comillas– para la modificación del cuerpo se realizan en un mercado negro”, apuntó y agregó que esas prácticas terminan generando “altos costos para el Estado”. “Hay relatos acerca de que aquello que alguna vez fue un seno, hoy es un bulto en un pie”, apuntó.
Además, el oficialismo está analizando que el trámite para el cambio de nombre se pueda hacer directamente en el Registro Civil y no sea necesario un proceso judicial, que implica la participación de abogados, según dijo a El Observador la senadora Daniela Payssé.
La reparación por aquellos que fueron perseguidos por la dictadura también puede sufrir algún ajuste para que quede explícito el protocolo por el que una persona trans deba demostrar que sufrió esa persecución y deba ser beneficiaria de la pensión que es de tres Bases de Prestaciones y Contribuciones, que suman un total de $ 11.544.
Firmas
Tanto los defensores de la ley como aquellos que se oponen recolectaron firmas en torno al proyecto de ley. Primero fueron los opositores, encabezados por grupos vinculados a la iglesia Misión Vida, los que se movilizaron en ese sentido y presentaron cerca de 40.000 firmas ante el Parlamento. Esto generó la reacción de otros colectivos de la sociedad civil que entendieron que la mejor respuesta era recolectar firmas a favor del proyecto. Este viernes en la Marcha por la Diversidad, que este año tiene como principal reivindicación la aprobación de la ley, se juntarán las planillas y recién tendrán un estimativo de la cantidad, según explicó la vocera de Ovejas Negras.
