A las apuradas, arranca el cambio de ADN de la Justicia Penal

Estamos todo lo prontos que podemos estar en los tiempos y con los recursos que tenemos", contestó ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz, a la pregunta sobre si estaba todo listo para la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que comienza a funcionar este miércoles. Minutos antes, Díaz, junto al presidente Tabaré Vázquez, había descubierto una placa en la nueva sede de la Fiscalía General de la Nación (Misiones y Cerrito) en la que se podía leer: "A 110 años de creación del Ministerio Público se inaugura este edificio, mojón del nuevo proceso penal acusatorio". La construcción luce impoluta con sus paredes perfectamente blancas, y sus pisos brillantes. Pero al igual que el nuevo código del Proceso Penal, evidencia la carrera contra el tiempo que significó llevar adelante la transformación necesaria para poner en marcha lo que Díaz calificó como un "cambio de ADN de la Justicia Penal".

Este martes, todavía había obreros trabajando en el edificio, ajustando detalles en las salas en la que serán interrogados los indagados –cuyo ingreso se hace por la calle Misiones-, mientras que las salas donde se recibirá a los denunciantes y testigos -a las que se ingresa por la calle Cerrito- ya pudieron ser presentadas a la prensa y a las autoridades políticas que visitaron el edificio. En tanto, si bien el primer piso de oficinas administrativas también se encontraba listo, en los otros cuatro todavía quedaban por ubicar algunos muebles, y retirar de las cajas las grandes cantidades de documentos que allí se guardan.

Esta escena, propia de una mudanza, se repite en los juzgados penales, donde todavía restaban armar algunas oficinas.

En paralelo, el nuevo Código del Proceso Penal que entra en vigencia este miércoles, y que entre otros puntos establece que las audiencias sean orales y públicas, así como que en lugar de los jueces sean los fiscales quienes dirijan las investigaciones, tampoco llega en su mejor forma.

No en vano, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, ha repetido en varias oportunidades que durante los primeros días de funcionamiento pueden surgir "errores". "En nombre del Poder Judicial pido disculpas por anticipado a toda la población de Uruguay por los errores que cualquiera de nosotros va a cometer en los primeros meses de la implementación del nuevo Código de Proceso Pena", apuntó.

A esas disculpas se sumó este martes la Asociación de Fiscales, que en un comunicado señaló que "más allá del esfuerzo que seguramente harán los operadores, es previsible un mal funcionamiento del sistema".

Según se indica en el comunicado, las "grandes modificaciones aprobadas en los últimos días en el Parlamento, así como distintas resoluciones internas de la Fiscalía General de la Nación no han podido ser aquilatadas en debida forma por los operadores".

Estos cambios al código, que fueron recomendados por la Fiscalía, y que en su momento fueron el principal argumento para postergar su puesta en marcha prevista inicialmente para julio de este año, se aprobaron recién el 17 y el 18 de octubre.

Entre estas modificaciones se encuentra la adecuación del sistema acusatorio en la Justicia penal de menores, así como el agregado de una serie de artículos que dan mayor detalle sobre cómo se lleva adelante el proceso acusatorio.

En el mismo sentido, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Gabriel Valentín, opinó que "tener la capacitación ideal o razonablemente buena, es muy difícil porque el código acaba de ser modificado". "Seguramente no todos estemos suficientemente capacitados, pero ese es el problema de un proceso legislativo desordenado", agregó.

Sin embargo, dijo ser contrario a una nueva postergación porque eso sería una "mala señal". "En algún momento tiene que entrar en vigencia, pero tenemos que capacitarnos", apuntó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes dijo que si bien las modificaciones fueron aprobadas hace pocos días, desde julio se sabía que los cambios irían en ese sentido por lo que los jueces se capacitaron en consecuencia.

"Los jueces fuimos acompañando el proceso en el Parlamento y si bien fue algo bastante desprolijo tampoco nos sorprendió, ya se sabían las modificaciones", aseguró Reyes.

"Si empiezo a pensar que el nuevo Código no va a salir, eso puede llevarme a no capacitarme. Esa no ha sido la actitud de nuestra asociación", concluyó.

Otro problema con el que empezará el nuevo CPP está en los sistemas informáticos con los que trabajaran jueces, fiscales y la Policía. Según admitió Díaz, el software que debía permitir la interoperabilidad entre el Poder Judicial y la Fiscalía funcionará parcialmente hasta principios de 2018, algo similar a lo que ocurre con el Ministerio del Interior, aunque en este último caso el fiscal de Corte dijo que el "sistema está más avanzado".

Este software permite, entre otras cosas que la denuncia que se haga ante la Policía llegue inmediatamente a la Fiscalía -lo que ya está en funcionamiento-, y pedir autorización a un juez para realizar un allanamiento, o para que se produzca una audiencia.

Este software podrá ser utilizado en las computadoras de los fiscales y en dispositivos móviles, para lo que se les entregará tablets. Sin embargo, según una fuente de Fiscalía, no fueron entregados suficientes dispositivos en todo el país.

"Nos hubiera gustado tener más tiempo entre la aprobación de la última norma y la entrada en vigencia del Código, y nos hubiera gustado tener más recursos para inversiones, pero sabemos que los recursos son finitos y que las decisiones políticas las toman el sistema político que definió que esta es la reforma a aplicar", dijo Díaz.

Y agregó: "es un cambio profundo, un cambio en el ADN del sistema de Justicia y como todos los humanos, tendremos errores y deberemos que ajustarnos con el tiempo".

Los funcionarios judiciales realizarán este miércoles un paro de 24 horas para reclamar el pago de una deuda salarial que se estima en unos US$ 70 millones. De esta forma, el Nuevo Código del Proceso Penal (CPP) comenzará a andar enfrentando una protesta de trabajadores. El conflicto de los funcionarios judiciales se desencadenó luego de que el Poder Ejecutivo resolviera, en la ley de Presupuesto de 2010, incrementar los salarios de los ministros de Estado.

Como los ministros de la Suprema Corte de Justicia están equiparados a los ministros de Estado, esa ley generó incrementos de forma indirecta en los sueldos del Poder Judicial. A su vez, los salarios de jueces y funcionarios judiciales se basan en el incremento de los ministros de la Suprema Corte por otra norma que establece que percibirán el mismo porcentaje de aumento. El gobierno intentó impedir la concreción de ese aumento con dos leyes, pero fueron declaradas inconstitucionales. De todas formas, los funcionarios judiciales resolvieron continuar con las acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Rendición de Cuentas que habilita al Poder Ejecutivo a no cumplir con los plazos de pago establecidos "por demandas perdidas o laudos arbitrales" si "ello afecta la atención de los servicios".