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Contrabando en Río Branco: las maniobras y coimas que llevaron a 15 personas a prisión

Entre los imputados figura un funcionario de Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería que cobraba coimas par dejar pasar la mercadería

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17 de agosto de 2019 a las 15:04

Un total de 15 personas, entre ellos un funcionario de Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería de la ciudad de Río Branco, fueron procesadas por la Justicia de esa ciudad por un caso de contrabando que se venía investigando desde hacía años, en el marco de la operación llamada Aquiles II.

El juez de Río Branco, Alejandro Menini, hizo lugar al pedido de la fiscal Bettina Ramos, y procesó a cinco de los indagados con prisión, y a diez sin prisión, con medidas sustitutivas. Se les imputaron reiterados delitos de contrabando, receptación y coimas. Otro hombre, que había sido detenido en el marco de la investigación, fue liberado por el juez. La fiscal había pedido que se les imputara el delito de asociación para delinquir.

La maniobra consistía en comprar mercadería en la ciudad de Yaguarón, en Brasil, y luego pagar coimas para pasar los controles sanitarios sin ser detenidos. La mercadería era destinada a surtir diferentes negocios de la ciudad de Treinta y Tres.

Según relató la fiscal Ramos, "obviando los controles aduaneros en connivencia con los funcionarios públicos y en definitiva ocasionando pérdida de renta fiscal. Esa mercadería luego era transportada a través de distintos vehículos a la ciudad de Treinta y Tres, donde era comercializada por alguno de los integrantes del grupo o revendida en otros comercios de la misma ciudad".

Los comerciantes, varios de ellos también procesados, contactaban a varios funcionarios públicos de Aduana, Barreras Sanitarias de Río Branco, y de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, les pagaban determinada suma de dinero para que les permitieran pasar la mercadería, que iban desde 200 a 2.000 pesos semanales, relató la fiscal.

“…Ojo tengo (a) los milicos haciendo control acá, cuando se vayan te aviso", le escribió el funcionario de Barreras Sanitarias el 22 de julio de 2018 a uno de los comerciantes con los que acordaba el pasaje de mercadería, según recoge la fiscal entre las pruebas que reunió para imputarles la conducta delictiva.
 

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