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Duarte fue a Desayunos Informales y lo sancionaron
En los últimos tres años, se le pagó el sueldo pero se le impidió presentarse a trabajar.
El rechazo de la apelación de Duarte, a cuyos fundamentos jurídicos aun no pudo acceder su defensa, se conoció al mismo tiempo que el ministro García anunció ante en el programa Arriba Gente de canal 10 que tomó la resolución de ascender a Duarte al grado de capitán con retroactividad a 2017.
El ministro dijo que la resolución de ascender a Duarte supone una recomposición de su carrera.
Sin embargo, Natalia Martínez, abogada del teniente y también su esposa, entiende que el ascenso carece de importancia ante el impacto mayor de la otra resolución del ministro. Según su punto de vista, al rechazar la apelación de Duarte a las decisiones del Tribunal Superior de Ascensos, ahora el Ejército quedó con las manos libres para llevar adelante su manifiesta voluntad de echar a Duarte de la fuerza.
En enero de 2022 el Ejército inició un expediente para pasar a “retiro obligatorio” a Duarte, un propósito que se ha visto retrasado por sus apelaciones.
Según Martínez, la decisión del ministro García de no dar lugar al último de estos recursos, definirá el caso, ante lo que no tendrá otro camino que recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Según la abogada, si el ministro admite que Duarte debió ascender a capitán en 2017, todas las sanciones posteriores deberían caer. El Ministerio, en cambio, ha decidido mantenerlas. En los cientos de fojas que tienen los expedientes que sustancian el caso consta que la asesora legal del Comando del Ejército abogada teniente segunda Cecilia López Rivero entiende que son “inmodificables las sanciones impuestas”.
Para echar a Duarte, los mandos del Ejército se basan en una norma que obliga a pasar a retiro obligatorio a todo oficial que durante dos años consecutivos obtenga una calificación de deficiente.
Duarte fue calificado así en 2017 y 2018.
Sin embargo, según Martínez, el acta donde consta que la nota de Duarte en 2017 fue “deficiente” fue fraguada por el Ejército.
En efecto, la abogada muestra un acta donde claramente se establece que la calificación de Duarte en ese año fue de “regular”. Pero unos folios más adelante, la nota se cambia por “deficiente”.
El detalle de las calificaciones de 2017 torna más difícil explicar el “deficiente”, que es clave para determinar la expulsión de Duarte de la fuerza.
Cada oficial es calificado en cuatro ítems: (aptitud) física, conducta, capacidad militar y capacidad técnica. Por último, se establece la calificación sintética anual, una nota que debe ponderar las cuatro anteriores, estableciendo la calificación final global.
Duarte en 2017 obtuvo estos juicios: física: bueno; conducta: regular; capacidad militar: regular; capacidad técnica: muy bueno. En el acta que exhibe la abogada Martínez, la calificación sintética anual, es “regular”.
Según ella, el promedio de las cuatro notas, debió ser “bueno”, pero el “regular” no está tan alejado. Lo que sostiene es que es imposible ser calificado como “deficiente” sin que ninguna de las cuatro notas a tomar en cuenta para la calificación global haya sido “deficiente”.
El acta donde dice que la calificación sintética anual de Duarte en 2017 fue “regular” y no “deficiente” lleva la firma de los coroneles Edgar Gómez, Álvaro Barrabino y Julio Olivares.
Pero luego el mismo coronel Gómez firma otra acta donde la nota ya no es regular sino “deficiente”.
La abogada Martínez se presentó en setiembre ante la Fiscalía para denunciar la alteración de estos documentos. Cinco meses después, la Fiscalía no ha realizado ninguna actuación en el caso. Ni siquiera le ha sido adjudicado a un fiscal.
La abogada llegó a plantearle el caso al fiscal de corte subrogante, Juan Gómez, hoy con licencia por enfermedad, pero no logró que se avanzara en el trámite.
Martínez también denunció el caso ante la Inspección de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por entender que su defendido es objeto de acaso laboral en el Ejército. Hasta donde dice saber, no ha habido actuaciones al respecto, o al menos no ha tenido noticias.
En agosto de 2022, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió una resolución según la cual “existen elementos suficientes de convicción para establecer la vulneración del derecho al debido proceso, derecho al trabajo libre de acoso laboral y el ejercicio libre de la profesión”-
La Institución denunció entonces que el Ministerio de Defensa “no ha dado cumplimiento a su deber de colaboración” y recomendó que se opere “la reparación integral de los daños generados por el accionar ilegítimo de sus funcionarios” en el caso Duarte.
Nada de eso ha ocurrido.
Castigado por denunciar
Por denunciar irregularidades varias dentro del Ejército, Duarte ha recibido un sinfín de sanciones.
En 2014 denunció que soldados eran enviados a instalar piscinas para una empresa privada. La investigación demostró que eso venía ocurriendo al menos desde hacía 16 años sin que existiera documentación de cómo se manejaba el dinero que se recibía a cambio. Nadie fue sancionado.
También denunció que se traía contrabando de bebidas alcohólicas en vehículos militares y que un coronel usaba la carpintería del cuartel para su propio emprendimiento en el rubro. Las sanciones a los responsables fueron nimias: del orden de la novena parte de la pena que hoy cumple Duarte por hablar en público del caso.
En cambio, Duarte si pagó caro el precio de denunciar. El comandante de Infantería I, coronel Víctor Grande, a quien estaba dirigida la denuncia, le impuso diez días de arresto a rigor por “tomarse atribuciones totalmente indebidas al iniciar investigaciones de presuntas irregularidades”.
No se llevó el caso a la justicia.
Ningún fiscal intervino.
En 2021 Duarte hizo otra denuncia. Dijo que al Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE) llegaban cargamentos de bebidas alcohólicas y refrescos desde la frontera con Brasil montados en camiones militares. Aportó fotos y filmaciones.
El entonces comandante en jefe del Ejército, general Gerardo Fregossi, designó como funcionario instructor al general Marcelo Pose, jefe de la dependencia denunciada.
Como había ocurrido en la primera investigación, se puso más esfuerzo en descalificar a Duarte que en aclarar los hechos. En las conclusiones de su informe final, Pose se despachó con duros conceptos sobre el oficial, a quien acusó de “absoluta falta de lealtad y desconocimiento”.
Las investigaciones administrativas que se realizaron, primero en el Ejército y luego en el Ministerio de Defensa, exhiben groseras omisiones.
Se aceptó sin requerir ninguna prueba al respecto, que las bebidas trasladas en camiones militares a la dependencia dirigida por Pose no habían sido compradas en el lado brasileño del Chuy sino en el uruguayo.
Al mismo tiempo, se justificó una venta a particulares de cubiertas del Ejército -¡algunas sin uso!- porque supuestamente se habían vencido. No se averiguó nada más al respecto, ni quién, ni cómo, ni por qué se dejaron vencer.
Se corroboró también que, tal como había denunciado Duarte, oficiales del Ejército recibían de regalo vales de nafta, que nadie pudo explicar quién pagaba, pero que sí o sí, casualmente, debían efectivizarse en la estación de servicio de un empresario que es habitual proveedor de combustible del Ejército.
Durante la última investigación administrativa, el general Pose interrogó al teniente Duarte. Y delante de otros oficiales presentes, que así lo corroboran en el expediente, le dio un mensaje muy claro: “Tenga cuidado a quién involucra, no sea cosa que involucre gente que no quiere involucrar”.
Tras el episodio, Duarte continuó en su ostracismo y Pose fue premiado con la designación de agregado militar de la embajada uruguaya en Washington. Y al regresar, fue nombrado jefe de la principal región militar del país.
