Abogados de Operación Océano rechazan que se prorrogue indagatoria y suman críticas a la fiscalía

Las primeras formalizaciones penales tuvieron lugar en mayo de 2020 y, por una disposición establecida en el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), las investigaciones no pueden extenderse por más de un año, salvo "casos excepcionales debidamente justificados" en los que "el fiscal podrá solicitar al juez la ampliación del plazo" por 12 meses más.

Viera, como lo había anunciado públicamente, hizo esa solicitud ante la jueza Beatriz Larrieu a mediados de abril, debido a la complejidad del caso, por el cual hay hasta el momento un total de 20 víctimas, entre otros argumentos. La fiscal afirmó que la elevada cantidad de involucrados fue un factor que contribuyó a que permanezcan pendientes los trámite de distintas evidencias, como pericias psicológicas y psiquiátricas, y que aún no se realizaron las declaración anticipadas al juicio oral de varias víctimas, por diversos motivos.

De acuerdo a uno de los escritos al que accedió El Observador, firmado por los penalistas Jorge Pereira Schurmann y Andrés Añasco Viera, nada de eso es de recibo, ya que se considera que son "endebles y ligeras alegaciones, (que) no revisten la más mínima rigurosidad jurídica", y que en todo caso el hecho de que haya evidencias que aún no se realizaron es entera responsabilidad de Viera.

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"Lo único en claro es que la fiscalía, utilizando una estrategia de 'terror', dilató todo el tracto del presente y ahora pretende excusarse en su desidia en cuestiones que aparentemente le son ajenas pero que son de su estricta competencia y responsabilidad", dice el escrito de los penalistas, que representan a cuatro de los imputados.

También se refieren al "absurdo" de argumentar que se "carece de actas de nacimiento de alguna de las víctimas, lo que resulta un insulto a la inteligencia de los intervinientes, alegando que las oficinas respectivas (damos por sentado que se refiere al Registro del Estado Civil) cuenta con un atraso importante por la situación sanitaria".

Y en otro pasaje del documento, cuestionan: "Con el enorme equipo que ha montado la fiscalía para este caso (que puede verse en las multitudinarias comparecencias con varios adjuntos, asistentes de la unidad de litigación y de trato a víctimas) que en ningún otro se ha visto, resultan insostenibles las excusas que pretende transformar en causas de justificación de la prórroga solicitada".

Tampoco toman como válido que Viera invoque la "complejidad del material informático a analizar", lo que incluye los chats mantenidos entre las víctimas y los adultos para pactar los encuentros y los precios de las citas, ya que a criterio de los abogados tuvo suficiente tiempo para hacerlo y no lo hizo.

"Una cosa es cómo se obstaculizó el trabajo de las defensas dándoles de manera parcial e incompleta el material en noviembre y diciembre del 2020, los que no podíamos acceder (a pesar de los reiterados pedidos y reclamos) y otra la omisión voluntaria de la fiscalía de elegir no ir analizando el resultado de las descargas de información a medida que se iba realizando a lo largo del año 2020", escribieron.

En una línea similar se expresó el abogado Santiago Alonso, defensor del único imputado en esta causa que estuvo en prisión hasta febrero de este año, que también presentó su escrito.

"Me manifesté en contra porque el plazo ya es excesivo, por lo que no se le debe dar un año más de prórroga cuando las demoran han sido injustificadas y por responsabilidad de la propia fiscalía", dijo a El Observador.

Otras defensas, como la integrada por el abogado Alejandro Balbi, también adelantaron que se opondrán a la solicitud de Viera.