El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, esta descontento porque American International Group Inc. ha pagado decenas de millones de dólares en concepto de bonificaciones a algunos de los operadores de bolsa la aseguradora.
Entonces, ¿por qué no las prohíbe Geithner?
La compañía dice que teme que la demanden. Pero, contrario a lo que dicen abogados y burócratas legalistas, hay cosas peores que una demanda. Gravar a los contribuyentes para pagarles a unos glotones operadores de derivados -y en medio de una crisis económica- es una de ellas. A juzgar por sus declaraciones recientes, hasta el presidente Barack Obama anda en busca de una forma de cancelar las bonificaciones. Además, este es un pleito civil que el Gobierno bien podría ganar.
AIG ha distribuido US$165 millones entre los operadores del mismísimo grupo que llevó a la compañía a la quiebra. Los pagos son parte de una cartera de bonificaciones de US$450 millones acordada por AIG a principios del año pasado, cuando la empresa empezaba a hacer agua, y cuando temía que los encumbrados operadores abandonarían el barco.
Desde entonces, el Gobierno federal ha salvado a AIG de la quiebra en cuatro ocasiones. Los contribuyentes han dado a AIG US$173.000 millones en concepto de inversiones y préstamos. Esto es bastante dinero para sufragar las actividades de todo el estado de Nueva Jersey por seis años.
Aunque otras compañías han pasado a vivir de la caridad del Gobierno federal, de todos los hijos adoptivos empresariales del Gobierno, AIG es el que menos ha mejorado.
Citigroup Inc., que obtuvo tres rescates, al menos tuvo beneficios durante enero y febrero, según su jefe ejecutivo, Vikram Pandit. Morgan Stanley, a la que se convirtió en un banco comercial en septiembre pasado, ha salido de la lista de los pacientes en estado crítico. Pero las noticias sobre AIG son cada vez peores.
El peor escándalo
Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, una persona normalmente tranquila, ha dicho que está furioso por la forma en que la aseguradora regulada se valió de su balance altamente calificado para conducir un negocio del tipo de los fondos de cobertura de riesgo que contribuyó a descarrillar a Wall Street. Lawrence Summers, el principal asesor económico del presidente Obama, dice que de todas las conductas escandalosas, la de AIG es la peor.
Luego, ¿por qué ha dejado el Gobierno que AIG se valga del salvavidas de los contribuyentes para pagar bonificaciones de siete cifras? Siete empleados cobrarán al menos US$3 millones y uno recibirá US$6,5 millones. ¿Qué tipo de compañía puede pagar tales sobresueldos por un ejercicio en que perdió US$99.000 millones, la mayor pérdida que jamás ha tenido una sociedad anónima estadounidense?
Mi juglar interno dice: “Quizá malentendieron el letrero”, es decir, quizá sean los empleados quienes devolverán dinero a la compañía.
Ni pensarlo. Edward Liddy, el jefe ejecutivo de AIG, dice que ha repasado el acuerdo de bonificaciones, y que los contratos son inexpugnables. Liddy dice que las bonificaciones son “desagradables”, pero que si no las paga, no podrá retener “el talento mejor y más brillante”.
Que les diga adiós
En tal caso, Liddy debería dejar que ese “talento” se fuera. Lo único que esas personas han hecho es causarles a los contribuyentes océanos de pérdidas. Es hora de pensar en el cierre definitivo de la parte de AIG que no tiene que ver con seguros.
Ahora bien, Liddy es un subalterno de Geithner. El Gobierno de Estados Unidos posee casi el 80 por ciento de las acciones de AIG. Suponiendo que aún no se hayan cambiado los cheques, he aquí lo que Geithner debería decirle a Liddy: “Lo siento, Ed. Recordaremos lo que prometimos, y tal vez dentro de dos o tres años, si AIG está ganando dinero y hay una cartera (de fondos que no sean públicos) para pagar bonificaciones, entonces sí”.
Si los operadores acaban demandando para conseguir sus bonificaciones completas, la compañía (y el Gobierno) podría alegar que las bonificaciones prometidas eran una “transferencia fraudulenta”. Esta defensa suele usarse en casos de quiebra. Conforme a la teoría de la transferencia fraudulenta, es ilegal transferir activos que hacen falta para pagarles a los acreedores. Así, de pagarse un cuantioso dividendo los dueños de una compañía altamente apalancada, dejando a la empresa incapaz de amortizar sus deudas, los acreedores pueden demandar para reclamar los fondos.
Pésima situación
Cierto, AIG no estaba insolvente cuando se negociaron las bonificaciones. Pero podría argumentar que encaraba una situación tan mala que no tenía el dinero que acordó pagar. Así, las bonificaciones prometidas expusieron a los acreedores de AIG a una pérdida potencial.
El Gobierno de Estados Unidos, que prestó miles de millones de dólares a la compañía, podría alegar que esto invalida los contratos. Reconozcamos que esta sería una causa difícil de ganar. Y que los contratos no se deberían infringir ligeramente.
Es por ello que sería mucho más recomendable, para todas las partes, renegociar las bonificaciones. Páguese una porción sumamente modesta ahora y dése a los empleados un vale para el resto que se cobrará más tarde. Los empleados que no estén satisfechos con este acuerdo de transacción pueden acudir a un juez. AIG tendría entonces la opción de declararse en quiebra, lo que anularía los contratos y pondría fin al negocio de los derivados de una vez por todas.
Extremos
Geithner y compañía no debieron haber permitido que las cosas llegaran a estos extremos. Cuando el Gobierno accedió a efectuar el primer rescate, en septiembre, la nación podría haber exigido que la eximieran del pago de las bonificaciones como condición. Ese rescate se llevó a cabo bajo una increíble presión de tiempo. Pero Henry Paulson, el entonces secretario del Tesoro, sí se tomó el tiempo para insistir en la renuncia de Robert Willumstad, el máximo ejecutivo de AIG, al tiempo que le negaba un paracaídas dorado, una jugosa indemnización por despido. Willumstad, quien reconoció la suma gravedad y trascendencia de la situación, tuvo la gracia de acceder.
Será interesante ver si los operadores millonarios tienen el mismo sentido de perspectiva. Claro está, la única forma de reorganizar el sistema de remuneración empresarial, y poner fin a situaciones tan escandalosas, es reglamentar los sobresueldos antes de que se los acuerde. Un remedio que yo he propuesto conllevaría que los accionistas aprobaran de antemano las bonificaciones elevadas.
Ahora lean sobre Ronald Logue, el jefe ejecutivo de State Street Corp. Recibió una remuneración total de US$28,7 millones en el 2008. La acción de la compañía bajó el 51 por ciento el año pasado y el banco de Logue aceptó un rescate federal de US$2.000 millones. Este año la acción ha bajado un 36 por ciento.
Ya querría uno un trabajo semejante.
