Es el segundo presidente imputado en 20 años en la causa AMIA por encubrimiento
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue acusada ayer de encubrir a exgobernantes iraníes sospechosos del atentado antisemita de 1994 contra la AMIA, medida que avala la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que murió en enero en misteriosas circunstancias, informó la Fiscalía.
La presidenta, que cumplirá 62 años el jueves, puede ser citada a dar una declaración indagatoria, presencial o por escrito si el juez que lleva este caso, Daniel Rafecas, así lo decidiera.
Pero para que llegue a sentarse en un tribunal debe ser destituida con mayoría de dos tercios de legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso, que controla el oficialismo.
Fernández, en el poder desde 2007, es el segundo presidente imputado por esta causa. El expresidente Carlos Menem (1989-1999) también fue acusado del mismo delito de encubrimiento.
El fiscal Gerardo Pollicita aceptó los argumentos expuestos por Nisman y acusó a la mandataria y al canciller Héctor Timerman, entre otros allegados al gobierno, de “los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según el texto difundido.
Sin reaccionar sobre el tema, la presidenta partió a su residencia familiar en la provincia patagónica de Santa Cruz, para pasar el fin de semana largo por los feriados de lunes y martes de Carnaval, informaron fuentes oficiales (ver página 22).
El analista de opinión pública, Matías Carugati, de la consultora Management & Fit, indicó a la AFP que aunque es grave “en términos políticos e institucionales” esta imputación no es “algo sorpresivo”.
Según el politólogo Rosendo Fraga, “en términos inmediatos la imputación de la presidenta no genera efectos concretos”, y destacó la importancia de que se retome la denuncia de Nisman, que había pasado a un segundo plano por la investigación de su muerte.
“Golpismo judicial”
En su defensa, el gobierno aseguró que la acusación es un intento de “golpismo judicial” y que una marcha de silencio convocada por fiscales y apoyada por la oposición para el próximo miércoles, cuando se cumplirá un mes de la muerte de Nisman, se trata de un intento de “desestabilización del sistema democrático”.
La denuncia “carece de todo sustento jurídico por inexistencia de delito”, señalaron el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández.
Después de 20 años
El caso se remonta a julio de 1994 cuando desconocidos volaron con explosivos la mutual judeo-argentina AMIA con un saldo de 85 muertos y 300 heridos, el atentado más grave en la historia argentina que lleva más de 20 años en la impunidad.
En reemplazo del extinto Nisman, la fiscalía general designó el viernes a un grupo de tres fiscales y un coordinador para seguir avanzando en la investigación.
La mandataria apoyó en 2005 la acusación contra el gobierno de Irán, y en 2013 firmó un acuerdo de entendimiento con Teherán para poder indagar a los imputados, entre ellos el expresidente iraní Ali Rafsanjani.
Pero Nisman y la dirigencia de la colectividad judía argentina rechazaron el acuerdo por considerar que los iraníes no son confiables y que usarían el pacto para liberarse de culpas.
Según Nisman, la presidenta intentaba encubrir a los iraníes a cambio de recibir petróleo, aunque el crudo de Teherán es inútil técnicamente para ser procesado en Argentina. También dijo que la mandataria pidió levantar las alertas rojas con pedidos de captura internacional de los iraníes, pero Interpol lo desmintió.
