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Acusan al expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani por la masacre de seis sacerdotes jesuitas
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador emitió este lunes un dictamen de acusación contra ocho personas implicadas en la masacre de seis sacerdotes jesuitas, una mujer y su hija. Entre los acusados se encuentra el expresidente de El Salvador Alfredo Cristiani.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, los acusa de los delitos de homicidio, actos de terrorismo y conspiración para cometer actos de terrorismo.
Según las actuaciones, “Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó el crimen y autorizó su ejecución”. El expresidente también está acusado de actos de corrupción y recientemente la fiscalía allanó y tomo posesión de varias de sus propiedades.
Además de Cristiani, hay seis militares imputados, uno de ellos ya condenado en España a 133 años de prisión, y el abogado Rodolfo Parker, a quien se acusa de haber manipulado declaraciones ante el Tribunal de honor de las Fuerzas Armadas. También está señalado por fraude procesal y encubrimiento personal.
El fiscal Delgado manifestó que, según las indagaciones, "el expresidente Alfredo Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó y autorizó el operativo para matar a los sacerdotes".
“El testigo Emilio Ponce, que ya falleció, refiere también que allí estuvo el expresidente Cristiani. Tenemos otros testigos que también lo ubican en el lugar y que, de igual manera, él estuvo de acuerdo o autorizó los hechos que desencadenaron en esa muerte", manifestó el fiscal luego de presentar el escrito.
La fiscalía sostiene también que previo a los hechos, el jesuita Ignacio Ellacuría, sostuvo varias llamadas telefónicas con Cristiani, quien le manifestó que "no debía preocuparse por el registro que se ejecutaba en la UCA (Universidad Centroamericana)".
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron el múltiple crimen en el campus de la UCA.
Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina, que era menor de edad.
En septiembre de 1991, un tribunal juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios.
En ese juicio, solo el coronel Guillermo Alfredo Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos, y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de Celina.
Ambos oficiales recobraron su libertad con una ley de amnistía de 1993, pero Benavides fue encarcelado nuevamente para completar su sentencia de 30 años, tras declararse prescrita la amnistía en 2016.
El 16 de enero de 1992, con la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional finalizó la guerra civil que dejó más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y pérdidas millonarias a la economía.
(Con información de agencias)
