Advierten que con la aplicación del nuevo CPP habrá más presos

El temor que comparten jueces, fiscales y abogados –incluyendo al fiscal de Corte, Jorge Díaz– es que las inercias y dinámicas del actual proceso penal inquisitivo persistan durante un tiempo con el nuevo CPP, y obstruyan su lógica penal. Esto quiere decir que, por ejemplo, aunque la prisión preventiva pasará a ser una excepción a partir de noviembre, siga de todos modos aplicándose con la misma frecuencia que ahora.

"Aunque el nuevo CPP establezca esta medida como una excepción, la sigue definiendo para las situaciones en que haya riesgo para el autor del presunto delito, la víctima o la sociedad, y para aquellos casos en que el acusado tenga antecedentes", dijo a El Observador Gabriel Valentín, vicepresidente del Colegio de Abogados. "Por lo que, en los hechos se seguirá imponiendo en muchísimos casos, casi de forma automática, aunque en teoría se establezca lo contrario", opinó.

La consecuencia concreta que conllevaría esa conducta es que aumentará la población carcelaria, que ya está superando los 11 mil reclusos. Eso, de por sí, ya había sido había previsto por el abogado penalista Gustavo Fernández en julio. En una jornada internacional sobre la reforma, organizada por la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), el jurista llamó la atención respecto a la eliminación de la libertad condicional, que, según su opinión, generará que los presos deban "aguardar al cumplimiento de la mitad de la pena para poder obtener la libertad, con lo cual habrá reclusos de más larga estadía", y a la larga más personas privadas de libertad. Para el penalista, eso podía "amagar con hacer colapsar el sistema penitenciario".

Grave problema

Con la derogación de la libertad condicional que permitía a los penados que se hallaran en libertad al recibir la sentencia de condena seguir libres, esta situación se agravará.

"Tradicionalmente, hemos entendido, tal vez por una exageración en la interpretación garantista de la ley, que una vez que una persona fue excarcelada no podía ser reingresada; así es como se daban situaciones irritantes, en donde permanecían en libertad sujetos que habían cometido delitos más graves que lo que se presumía al principio", dijo el juez penal Alberto Reyes, presidente de la AMU.

Ese problema puede superarse, pero puede hacerlo a costo de generar otro: "Venimos de un sistema viejo en donde todo lo resolvíamos con prisión. Entonces, si no bajamos los altos índices de la prisión preventiva al que podemos recurrir al actuar por defecto, puede que extrañemos la libertad condicional, porque ahí sí tendríamos una inflación del encarcelamiento", advirtió.

En diálogo con El Observador, el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, dijo que, de concretarse esta realidad, Uruguay estaría ante un problema "muy grave y preocupante". "Sería una muy mala señal que así sucediera; aumentarían las dificultades que tenemos en muchos centros para que se cumplan las tareas de integración y filtración de la violencia. No tenemos condiciones para dar tratamiento y habitación a los reclusos. Hay un enorme tema para pensar", agregó.

Dentro de ese "enorme problema", Petit también incluyó las "herramientas muy importantes" que introducirá el nuevo CPP en materia de rehabilitación al permitir medidas alternativas a la prisión. Eso tendrá lugar mediante el sistema de pactos entre fiscales y quienes delinquen, que forma parte del denominado juicio abreviado. "Pretendemos que los acuerdos que puedan alcanzarse posibiliten que en muchas ocasiones se evite la cárcel, ese lugar que transforma un hurto en una rapiña o copamiento en tres años".

Las alternativas incluyen procesos de recuperación en clínicas o centros de inserción social, lo que, a criterio de Petit, requerirá del Poder Ejecutivo una participación muy importante. "El nuevo CPP es una campana sonando", pero que no se dirige solamente a los jueces, fiscales y abogados. "El principal llamado es hacia el despliegue de todas las políticas públicas, sociales y de salud", la única esperanza de contener la sobrepoblación carcelaria, expresó.

Por estas y otras preocupaciones, en su oficina tuvo reuniones con distintos expertos en derecho penal y procesal. Y está fijado para los primeros días de diciembre un encuentro en el que se medirá "cómo impactó al sistema penitenciaria el nuevo CPP", concluyó Petit.