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AEBU criticó reforma de seguridad social del gobierno porque es "regresiva" y provocará "daños"
La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) criticó la reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno, a la que calificó de “regresiva” y que “provocará daños”.
La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) aprobó el 12 de noviembre su informe final con recomendaciones de reforma del sistema previsional uruguayo para elevar al Poder Ejecutivo. De los 15 integrantes del pleno de la CESS, 10 votaron a favor del informe y cinco lo hicieron en contra. A favor estuvieron los nueve representantes del oficialismo y Elvira Domínguez, delegada por las cámaras empresariales. En contra votaron José Luis Baumgartner, Ernesto Murro y Jimena Pardo, representantes del FA; Hugo Bai, delegado del PIT-CNT y Gabriel Regalado, representante de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu).
Se espera que esta reforma pase al Parlamento en las próximas semanas para comenzar a ser discutida. No obstante, en entrevista con El Observador el senador nacionalista Gustavo Penadés, dijo que "si no existiera acuerdo, deberíamos replantearnos si la reforma de la seguridad social debe ser aprobada en este período". Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou hizo llegar este lunes a los 73 senadores y diputados de la coalición de gobierno una convocatoria a un encuentro especial en la Residencia de Suárez y Reyes. Será el jueves 12, a las 10 de la mañana, en el que el cometido central será el análisis de la proyectada reforma de la seguridad social. Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que Lacalle Pou presentará ante los legisladores los últimos avances concretos a los que llegó la comisión multisectorial que venía trabajando en el tema.
Este martes, AEBU respondió a los dichos de Penadés a través de un comunicado, y sostuvo que “dejan en claro que la propuesta de reforma es tan regresiva y provoca tales daños que, si no la apoyan todos los sectores políticos, deberá postergarse”.
Segú AEBU, “el Partido Nacional y su coalición de gobierno promueven una pérdida de derechos y condiciones de protección social tan significativas que pueden costarle demasiado caras”.
Durante la entrevista con El Observador, Penadés dijo: "Acá todos nos tenemos que hacer cargo de un problema que todos sabemos que existe (...) Todos tenemos que asumir la responsabilidad patriótica de que la reforma es impostergable".
Para al gremio bancario, lo que no se plantea es “un camino de solución con alternativas verdaderamente transformadoras, orientadas a hacer de nuestro sistema de seguridad social un modelo sustentable, sobre la base de mayor cobertura, justicia, equidad y suficiencia”.
“Pensar la reforma desde perspectivas exclusivamente fiscales, iniciadas con recortes de beneficios, deterioro de condiciones de acceso, y dejando a fuera los principales problemas que plantea el mundo del trabajo, no solo tendrá costos electorales; también profundizará los problemas existentes sin solucionar las cuestiones de fondo”, indicó AEBU en su editorial.
Según el sindicato, la reforma debe surgir de “consensos” a partir de un “verdadero diálogo social” como “propone tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los organismos internacionales de la seguridad social”. A su vez, entienden que este diálogo “no ha acontecido hasta el momento” a pesar de ser el “único instrumento válido para abordar un tema tan trascendente sin el peso exclusivo de los cálculos electorales”.
En esa línea, desde AEBU propusieron incorporar al debate nueve aspectos que deberían tener las bases de un acuerdo nacional para “pensar una reforma de seguridad social fuera de la caja electoral y proponerla en clave de estrategia país”:
- Adecuación de las edades jubilatorias sobre la base no de la obligatoriedad sino de estímulos a la permanencia en actividad.
- Estructura de prestaciones mínimas universales y suficientes, que otorguen una base de sustento digno para los beneficiarios del sistema.
- Relación más directa entre el nivel de vida alcanzado en la etapa laboral y la prestación recibida en la etapa de retiro.
- Revisión seria de los mecanismos de acceso a las prestaciones que reconozca las alternancias de las y los trabajadores, y muy especialmente el reconocimiento de los trabajos sociales no remunerados de las mujeres.
- Iniciar un proceso tendiente a desgravar el empleo y a avanzar en el financiamiento de la seguridad social desde el crecimiento económico, la productividad y la evolución tecnológica.
- Revisar claramente el régimen de AFAP, su validez y la suficiencia de las prestaciones que genera. Y en caso de considerarlo un instrumento válido, eliminar su financiación por comisiones para asociar sus costos de funcionamiento a la rentabilidad que ofrecen a sus afiliados.
- Repensar con claridad y seriedad la protección que incluya a todos los colectivos sociales, con especial énfasis en los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores informales y las nuevas formas de empleo encubiertas.
- Revisar el sistema de exoneraciones, los topes de aportación de los activos y los aportes patronales fictos, que rompen con un régimen de solidaridad y equidad contributiva.
- Modificar las contribuciones que realizan las jubilaciones superiores a 10 salarios mínimos nacionales.
- Abordar en forma integral todos los aspectos de la seguridad social, desde una perspectiva de protección de los ciudadanos en todas sus contingencias y a lo largo de toda su vida
Según AEBU, estas propuestas no han sido incluidas en la reforma por la CESS o directamente han sido “contradichos por la visión política de los técnicos”.
“Mientras el sistema político solo piense en cómo licuar los costos que les acarrea reducir los derechos y la calidad de vida de las grandes mayorías de uruguayos, seguiremos atados a bloqueos y retrocesos. Pensar el futuro para construir una vida mejor para todos los uruguayos es el desafío que seguramente unirá a las grandes mayorías”, sostuvo el gremio bancario.
La situación delicada de la Caja Bancaria
El gasto de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) en pasividades durante 2021 fue de $ 21.915 millones (US$ 503 millones al dólar promedio del año). A su vez, el déficit acumulado alcanzó los $ 2.952 millones (US$ 68 millones) en 2021 y había sido de $ 2.015 millones (US$ 48 millones) en 2020. Fuentes de la CJPB explicaron a Búsqueda que la cobertura de ese desequilibrio implica una descapitalización de más de US$ 50 millones anuales.
A su vez, una consultoría técnica solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a un ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) arrojó que el fondo financiero de la CJPB agotaría sus reservas en 2024, mientras que el fondo forestal –que tiene esa caja paraestatal– alcanzaría hasta entre 2026 y 2027.
La CJPB fue reformada en el 2008 durante la primera administración del Frente Amplio. En esa instancia, se previeron tres etapas posteriores. La primera tendría una serie de sucesivos ejercicios con superávits operativos y acumulación de reservas. En la segunda etapa –la que está viviendo actualmente la institución– se preveían déficits operativos, uso de las reservas acumuladas y una importante cantidad de nuevas jubilaciones. La tercera etapa, prevista para la próxima década, implicaría un retorno a los superávits operativos y a la acumulación de reservas.
El actual problema es que, según autoridades, será necesario obtener un financiamiento adicional para responder a determinadas necesidades transitorias durante ese período de déficits operativos. Por otro lado, se entiende que las reservas de la CJPB se agotarían antes de alcanzar la tercera fase, aproximadamente en 2035.
