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Agonía democrática en Venezuela
La democracia agoniza cuando un gobierno se rebela oficialmente contra un resultado electoral adverso y convoca a combatir en las calles un pronunciamiento mayoritario de la ciudadanía. Este estado terminal acaba de ser precipitado por Nicolás Maduro, al negarse a aceptar la aplastante derrota que sufrió en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Convocó a una “rebelión” contra el control opositor del Parlamento y a que sus disminuidos partidarios tomen las calles, incitación segura a la violencia que caracterizó en episodios previos la represión armada por sus fuerzas de seguridad. Su gobierno convocó además al actual cuerpo legislativo a sesiones extraordinarias esta semana para nombrar una docena de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia antes de que asuman los parlamentarios opositores. El objetivo es asegurar mayor control del ya obediente Poder Judicial como vía para frenar leyes futuras que contraríen al chavismo.
Pero el derrumbe democrático no termina ahí. Diosdado Cabello, presidente de la unicameral Asamblea Nacional y poderoso número dos del régimen, ya instaló un Parlamento Comunal como contrapeso al cuerpo legislativo. Maduro anunció a continuación que le dará “todo el poder” a ese Parlamento Comunal como cuerpo legislativo, con lo que cumple su promesa preelectoral de que ignoraría a la nueva Asamblea Nacional si perdía los comicios. Ya nada debería sorprender en la Venezuela que Hugo Chávez empezó a despedazar hace 17 años, tarea que su sucesor Maduro ha profundizado con destructiva diligencia. Pero la instalación a dedo de un Parlamento oficialista paralelo al elegido por la ciudadanía raya no ya en el derrumbe sino en la insania institucional.
En el desolador panorama venezolano, donde la intolerancia política y la incompetencia administrativa van de la mano con la corrupción masiva, ya es casi anecdótico que sus gobernantes estén acusados de narcotráfico en gran escala. Un fiscal aseguró semanas atrás que Cabello lidera una organización de tráfico de drogas. Ahora, The New York Times informó que la Fiscalía General de Estados Unidos, que hace poco desnudó los escándalos de la FIFA, se apresta a acusar de vínculos con el narcotráfico a Néstor Reverol, jefe de la Guardia Nacional, que integra el respaldo armado al chavismo. Reverol no solo fue antes ministro del Interior sino que, irónicamente, ocupó también la jefatura de la agencia gubernamental responsable por combatir el narcotráfico.
La sombría caricatura institucional en que se han convertido Maduro y su régimen acorrala a los gobiernos de la región, incluyendo al de Uruguay, que siguen sacándole el cuerpo a la fundada propuesta del presidente argentino Mauricio Macri de suspender a Venezuela del Mercosur, en aplicación de la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia.
Este documento impone ese castigo cuando no hay plena vigencia de la democracia en un país miembro. ¿O acaso consideran los gobiernos regionales omisos que desconocer oficialmente a un Parlamento electo por abrumadora mayoría de votos, convocar a combatirlo en las calles y constituir con sus servidores un Parlamento paralelo constituyen actos de plena vigencia democrática?
