Agua salada: los rezos no le bastarán al gobierno para evitar el costo político

El pedido de ayuda a un dios suele llegar en casos de desesperación o de desasosiego extremo e Iturralde tiene razón para estar, por lo menos, muy preocupado. Como lo está todo el gobierno ante una emergencia que amenaza con convertirse en una de las mayores crisis de la administración de Luis Lacalle Pou tras la epidemia del covid desatada al inicio de la gestión.

Las diferencias entre la pandemia y la sequía son oceánicas. Aquella fue interplanetaria y mortal. Esta es doméstica y no parece comprometer la vida de nadie. Pero, paradójicamente, esta crisis parece presentar una mayor amenaza para el gobierno.

En aquel inicio de gestión, Lacalle Pou capeó la pandemia a través de una muy buena comunicación y reduciendo al mínimo los estragos económicos. Es más, el gobierno salió fortalecido de aquella coyuntura primaria que fue la base de la alta popularidad que el mandatario aún ostenta.

Pero ahora, ya avanzada la segunda mitad de la administración, el agua comenzó a salir salada de las canillas. Aunque la sequía ya venía golpeando a la ganadería y al agro, casi nadie esperaba que el impacto de la falta de lluvias impactara directamente en la vida cotidiana. Y todo indica que las cosas se pondrán peor. Si no llueve, y los meteorólogos dicen que no lloverá lo necesario a corto plazo, el agua de OSE que ya tiene una alta salinidad, se volverá más salada.

Desde hace décadas se escuchan alertas de todo tipo acerca de la necesidad de prevenir los efectos de una sequía histórica como la que padece ahora Uruguay, aunque poco y nada se hizo. Pero, al igual que ocurrió con la pandemia, la mala suerte o el cambio climático determinó que la corrosión salina le haya tocado a Lacalle Pou.

Las diferencias entre la pandemia y la sequía son oceánicas. Aquella fue interplanetaria y mortal. Esta es doméstica y no parece comprometer la vida de nadie. Pero, paradójicamente, esta crisis parece presentar una mayor amenaza para el gobierno.

El tardío proyecto Neptuno, lanzado por esta administración para construir una planta potabilizadora en el Río de la Plata en la zona de Arazatí en San José, recién estará en condiciones de dar agua potable en unos dos años. La represa precaria y las cañerías que se están construyendo en esa zona, tampoco aseguran una solución definitiva y las empresas se comprometieron a que recién estarán prontas en dos meses. Entonces, con el aumento del sodio y los cloruros circulando por las cañerías, el gobierno se enfrentará a un muy serio problema.

Es decir, si los rezos de Iturralde no llegan a destino, en julio el agua de OSE dejará de ser bebible y, para evitar daños a la salud, no habrá otro remedio que tomar agua embotellada. El Poder Ejecutivo busca paliar el costo en los consumidores con una rebaja de impuestos a las aguas embotelladas. De todos modos, los consumidores tendrán que sacar del bolsillo lo que antes se obtenía directamente de la canilla.

Esto sin contar con otras incomodidades que pueden parecer menores, pero que probablemente provoquen enojos varios en la población. La gente ya empezó a escuchar y a leer en los medios de comunicación palabras de uso no muy común como trihalometanos –residuos del sodio- y coliformes que, según la Unidad Reguladora de Energía y Agua (Ursea), contiene el agua que se bebe en las casas.

Y se enteró de que el sodio en la piel puede aumentar su resequedad. Por eso, la Sociedad de Dermatología recomendó utilizar cremas humectantes sin color ni perfume y jabones “con agentes limpiadores suaves”. Es decir, la sequía llegó por intricados caminos a afectar la intimidad de todas las clases sociales de Montevideo y el área metropolitana.

Para peor, los calefones empezaron a dar señales de fatiga ante el incremento de la sal en el agua. A principios de junio el semanario Búsqueda informó que durante mayo se incrementó en un 50% la cantidad de servicios técnicos solicitados a la empresa James. Los reclamos se dispararon de 40 a 200 por día.

A diferencia de la presteza en la comunicación desplegada en los días de la pandemia, esta vez el gobierno demoró demasiado en comenzar a avisarle a la población que la sequía iba a llegarle al paladar, y hubo algunas desinteligencias evidentes. El 16 de mayo, el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que el gobierno aseguraría el suministro de agua “en la calidad actual” más allá de las precipitaciones que cayeran sobre el territorio.

O Delgado tuvo mucha fe o manejó valores equivocados porque el 19 de junio el presidente Lacalle Pou declaró la emergencia hídrica y reconoció que seguramente se eleven las cantidades de sodio y cloruro en el agua. “Si no llueve habrá un lapso en el que el agua no será bebible”, dijo el mandatario este jueves. Además, el mandatario había dicho que las obras en el río San José estarían prontas en 30 días, pero El Observador informó este sábado que las tuberías para llevar agua dulce al Santa Lucía recién estarán operativas en dos meses.

A todo esto, el Frente Amplio aprovecha este desbarajuste para llevar agua para su molino, niega cualquier responsabilidad pasada y acusa al gobierno de desidias varias. Sobre todo la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, ha hecho punta en las críticas al gobierno al que acusó de trancarle un préstamo del BID por US100 mil dólares para repartir agua en las zonas pobres. Cosse se ha mostrado particularmente activa en los medios de comunicación y en las redes sociales, mostrándose implacable al extremo de retacear información para causar impacto en la población.

Fuentes oficialistas dijeron a El Observador que esperan que los cuestionamientos de la oposición, particularmente de Cosse, se incrementen en forma paralela al aumento de la sal en el agua.

Es así que el viernes 23 convocó a una conferencia de prensa para informar, con la voz entrecortada, acerca de un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en el que se advierte acerca de la posibilidad de que el aumento de trihalometanos en el agua cause malformaciones en fetos. Y prometió repartir agua embotellada entre las embarazadas de la capital.

Lo que la aparentemente compungida Cosse no dijo fue que la propia Facultad precisó en ese informe que la advertencia debía “interpretarse con cautela” ya que sobre el punto había datos contradictorios y complejos.

“Rotundamente no”, contestó el presidente de la Sociedad de Ginecología, Claudio Sosa, consultado por Telemundo 12 acerca de si las embarazadas debían preocuparse ante los componentes del agua de OSE.

Fuentes oficialistas dijeron a El Observador que esperan que los cuestionamientos de la oposición, particularmente de Cosse, se incrementen en forma paralela al aumento de la sal en el agua.

Por otra parte, dirigentes blancos y colorados consultados por El Observador coincidieron acerca de que al oficialismo puede resultarle muy complicado convencer a buena parte de la población de que la falta de obras para paliar la bajante del Santa Lucía, no es responsabilidad solo de este gobierno.

“Está bravo para explicar en los barrios eso de la responsabilidad colectiva”, dijo un dirigente barrial colorado. En el Partido Nacional reconocen que la realidad es tan cambiante –“eso del subibaja de los cloruros y demás es una complicación”, dijo un legislador blanco- que no es tan sencillo establecer estrategias de comunicación.

Con un Frente Amplio acechante ante la salinidad creciente del agua, el gobierno deberá manejar con suma pericia las palabras para ir contándole a la gente las alternativas de una situación que ya no depende solo de su control. Y, si acaso, rezar para que llueva.