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Ajuste puente y ocupaciones limitadas en el año de pandemia y qué puede pasar en 2021

La crisis sanitaria marcó el ritmo de un año con escasa conflictividad en el sector privado, y reclamos concentrados en los funcionarios públicos contra políticas del nuevo gobierno

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28 de diciembre de 2020 a las 05:00

En un año muy distinto a cualquier otro del pasado, las relaciones laborales en Uruguay estuvieron en gran parte marcadas por las reglas que impuso la pandemia. Con una economía fuertemente golpeada y 200 mil empleados en seguro de paro la línea principal fue la conservación del empleo.

Esa fue el camino que siguió el nuevo gobierno cuando en junio presentó los lineamientos para lo que llamó ronda salarial puente en el sector privado. Al margen de algunas diferencias que surgieron sobre el contenido de la fórmula, las gremiales empresariales aceptaron rápidamente la propuesta del Poder Ejecutivo. Y también la aceptaron la mayoría de los sindicatos afiliados al PIT-CNT, aun cuando de antemano la solución temporal aseguraba pérdida de salario real. Esa dinámica llevó a que en el sector privado la conflictividad fuera casi que inexistente. Hubo unos pocos paros de sindicatos fuertes como el de la construcción, la banca, el transporte y la salud privada.

¿Qué pasará en 2021? En julio comenzará la novena ronda de negociación salarial y a diferencia de 2020 cabe proyectar un escenario cargado de tensiones. A la luz de lo sucedido este año los sindicatos levantarán su bandera en pos de recuperar el salario perdido en el período puente. Pero dada la realidad del mercado de trabajo la pregunta que estará otra vez arriba de la mesa es qué variable priorizar, si la recuperación de ingresos o el empleo.

Los acuerdos de la ronda puente establecen que la pérdida de poder adquisitivo que se verifique al finalizar la Octava Ronda comenzará a recuperarse a partir del 1° de enero de 2022 si la evolución del PIB del año 2021 indica crecimiento.

El contenido de la nueva ronda dependerá en gran parte de las condiciones que tenga la economía dentro de seis meses. Hoy es muy difícil anticiparlo y más cuando la pandemia amenaza con extenderse más de lo que se pensaba hace un par de meses.

Y nuevamente tomará un rol clave la posición que asuma el gobierno y las fórmulas que proponga. Cuando comenzó la pandemia en el mes de marzo el Poder Ejecutivo todavía no había definido qué tipo de lineamientos iban a guiar la negociación en un escenario sin los efectos del covid-19. Hasta esa fecha los acuerdos se habían basado en ajustes nominales decrecientes y correctivos por inflación.

El proyecto de ley de Presupuesto quinquenal fue otro de asuntos que ocupó la agenda. Los cambios implementados por el Poder Ejecutivo en la fórmula de ajuste salarial de los funcionarios públicos motivaron una de las diferencias más fuertes entre el gobierno y los sindicatos públicos. A eso se sumaron reclamos por recortes en ingresos de personal, reducciones presupuestales y disminución de la inversión en el sector público, que dieron pie al primer paro general del PIT-CNT en el gobierno de Luis Lacalle Pou, a mediados de setiembre.

Otro foco de tensiones se dio a fines de marzo cuando el gobierno anunció una reducción temporal de salarios para los funcionarios públicos que percibían un sueldo líquido superior a los $ 80 mil. “Realmente fue muy inteligente lo que este hijo de mil putas hizo”, dijo el presidente de Sutel e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Gabriel Molina, cuando se refirió a la medida resuelta por Lacalle Pou.

Ocupaciones y derecho de huelga

Al margen de los temas salariales, el 2020 tuvo también otros hitos significativos. El gobierno concretó uno de los cambios que había anunciado en campaña. Fue así que en el mes de octubre el Poder Ejecutivo aprobó el decreto que limita las ocupaciones de los lugares de trabajo, tanto públicos como privados y reguló un procedimiento de desocupación.

En varias oportunidades la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había sugerido al gobierno respecto a que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo debían respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones.

De hecho, la queja original que las cámaras empresariales realizaron en 2009 ante ese organismo se hizo en base al decreto 165/06, que establecía a la ocupación de establecimientos privados como una modalidad de ejercicio del derecho de huelga. Este decreto es ahora uno de los derogados.

Al margen de haber resuelto este tema, hay otro todavía pendiente que refiere a varios puntos de la ley de Negociación Colectiva que han merecido cuestionamientos desde la OIT y que valieron para que el país fuera incluido dentro de la llamada “lista negra” de ese organismo. Uno de los principales refiere al modelo tripartito de los Consejos de los Salarios utilizado en Uruguay, y su contraposición a normas internacionales que sugieren sea predominantemente bipartita y sin intervención del gobierno.

La idea de las autoridades para poder levantar las observaciones de la OIT es avanzar en un proyecto de ley que tenga el consenso de todas las partes, para luego enviarlo al Parlamento “en un tiempo prudencial”, señaló semanas atrás a El Observador el ministro de Trabajo Pablo Mieres.

Las restricciones a la movilidad que impuso la crisis sanitaria también aceleraron la discusión sobre la reglamentación del teletrabajo. La Cámara de Senadores dio media sanción a una iniciativa de la senadora Carmen Sanguinetti , sobre la que todavía resta el pronunciamiento de la Cámara de Diputados. En las líneas generales el proyecto recogió el apoyo de las cámaras empresariales, al tiempo que el PIT-CNT manifestó varias diferencias y propuso, hasta ahora sin éxito, llevar el tema a discusión del Consejo Superior Tripartito.

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