Al menos 158 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde enero pasado

El informe precisa que entre las personas asesinadas por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, agentes estatales y las bandas paramilitares hay 32 indígenas, en un país en el que el 4,4% de los 50 millones de habitantes pertenece a un pueblo originario, además de campesinos y líderes comunales. Espiral de violencia contra los militantes de organizaciones de derechos humanos que se profundizó desde la firma en 2016 del Tratado de Paz con las FARC, ahora convertidas en partido político legal y cuyos exintegrantes suelen blanco de los ataques.

"Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas y personas defensoras de los derechos humanos; ellos cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de las comunidades y fortalecer la democracia en las regiones", pidió el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

El informe detalla que los departamentos con mayor número de casos fueron nuevamente Nariño (23 casos), Cauca (19) y Putumayo (16), regiones en las que los grupos armados se disputan el control de los narcocultivos, en un país que sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, situación que el presidente de izquierda Petro, busca revertir mediante un plan de “Paz Total” que apunta al establecer diálogos con todas las organizaciones armadas.

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Durante la presentación del documento, Camargo destacó el trabajo del Observatorio de Derechos Humanos, que procura -en línea con el objetivo del Ejecutivo- que la información recogida en el terreno sea “una fuente permanente, objetiva y confiable” para el diseño de políticas públicas de seguridad, según reportó el diario local El Nuevo Siglo.

La “Paz total” en el Congreso

El informe se conoce luego que la Cámara de Representantes del Congreso aprobara la semana pasada por amplia mayoría el proyecto oficial de Ley de Paz Total que promueve el gobierno y que ya había recibido el visto bueno del Senado, cuerpo que sin embargo le introdujo modificaciones a la iniciativa oficial, las que ahora deberán ser conciliadas con el articulado votado por Representantes antes que el presidente pueda promulgar el texto definitivo y avanzar con la implementación de la iniciativa.

Entre los puntos que generan las mayores discusiones está la creación del “servicio social para la paz” que debería reemplazar el servicio militar obligatorio y prestarse bajo modalidades como la promoción de la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, el trabajo con víctimas del conflicto armado y la protección de la naturaleza y la biodiversidad, entre otras actividades.

Otro de los temas conflictivos es la oposición de los sectores conservadores ligados al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) a que las conversaciones incluyan a los exintegrantes de las FARC que no se sumaron o desistieron del acuerdo de 2016 concretado durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

Puntualmente, el debate gira alrededor de las disidencias de las FARC y de personajes como Luciano Marín, alias Iván Márquez, negociador de los acuerdos de 2016 que luego pasó a liderar a los sectores disidentes que continúan hasta hoy en la lucha armada y están vinculados con el narcotráfico. Desde entonces, han sido asesinados 1.327 líderes sociales y firmantes del acuerdo.

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Más allá de las divergencias, los analistas locales coinciden en que los vistos buenos de ambas cámaras constituyen un avance decisivo para la puesta en marcha de los diálogos que Petro anunció que está dispuesto a desarrollar con todas las organizaciones armadas, a fin de celebrar acuerdos definitivos similares a los que alcanzó el país durante los mandatos de Santos.

Mientras se espera que en los próximos días concluyan las negociaciones para conciliar un texto definitivo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, consideró que pese a las diferencias, la aprobación del proyecto de ley “es el inicio hacia la profundización de la democracia, la solidaridad y la inclusión social”.

El diálogo con el ELN

El proceso de paz entre el Poder Ejecutivo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla a activa del país, había quedado estancado desde 2018 con la llegada de Iván Duque a la presidencia (2018-2022), y se rompió del todo con el atentado de la organización insurgente a una escuela de policía en Bogotá en 2019, ataque dejó un saldo de 23 muertos y un centenar de heridos.

Luego del triunfo en las últimas elecciones presidenciales de Pacto Histórico, y como parte de los acercamientos prometidos durante la campaña electoral, Petro ordenó retirar las órdenes de captura internacional que pesaban sobre la delegación negociadora de la guerrilla; entre ellos Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, y Víctor Orlando Cubides, alias Aureliano Carbonell, jefe negociador e integrante de la mesa del ELN, respectivamente.

Las negociaciones, que se llevarán a cabo en Cuba, tendrán como garante a Noruega y Venezuela, en este último caso por un pedido expreso de Petro a su par Nicolás Maduro. Diálogo que contará con España y Chile como países acompañantes, según confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, durante la cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) que finalizó el viernes en Argentina.

En esa ocasión, el diplomático aprovechó también su intervención en el foro para agradecer el apoyo de Cuba en las conversaciones de paz con el ELN, en particular por su papel de país anfitrión, al menos inicialmente, pese a los problemas políticos que le generó a La Habana ese rol en los últimos años.

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En lo inmediato, luego que ambas cámaras del Congreso concilien los textos del proyecto de ley, la promulgación del decreto permitirá al gobierno establecer en forma temporal zonas en las que quedarán suspendidas las órdenes de captura, incluidas las que tengan fines de extradición, mientras se avanza y se concluyen los procesos de diálogo.

La ley, además, autorizará al presidente a iniciar formalmente las conversaciones con las bandas criminales implicadas en el narcotráfico, como el Clan del Golfo, y también las dedicadas a la minería ilegal, cuyos líderes e integrantes podrán recibir beneficios como rebajas de penas y la no extradición a Estados Unidos a cambio de desmantelar laboratorios, informar sobre las rutas que utilizan para traficar cocaína y la entrega de parte de las fortunas obtenidas ilegalmente.

“Convocar al diálogo social a mí me parece fundamental en medio de una agudización del conflicto porque es la forma de poner a funcionar otra estrategia diferente al mátense los unos con los otros. Creo que la sociedad civil debería ser la encargada de organizar, de impulsar y de poner como prioridad en la agenda el diálogo social y no el conflicto armado”, expresó Petro en Arauca, uno de los departamentos más violentos de Colombia.

Cabe recordar que Naciones Unidas (ONU) asegura que unas 95.000 personas han estado confinadas en sus casas debido al conflicto armado durante los primeros nueve meses de este año y que al menos otras 74.000, en su mayor parte indígenas y campesinos, han sido víctimas de desplazamientos forzados, en un contexto histórico de violencia que ha dejado según diversas estimaciones unos 450.000 muertos desde mediado de la década del sesenta.