La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) establece en un comunicado enviado este jueves que el traslado de la jueza Mariana Mota de la Justicia Penal a la Civil no sigue "estándares para los nombramientos y permanencia" en el cargo de juez establecidos por la normativa internacional.
Hace referencia también a que "durante más de 30 años la sociedad uruguaya ha avanzado en sus los esfuerzos realizados por la sociedad uruguaya para fortalecer el estado de derecho y consolidar la democracia" pero advierte que "ese proceso da muestras de haber comenzado lenta, pero constantemente, a detenerse. En otras palabras, el freno le ha ganado al impulso".
Recuerda la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso a Uruguay en febrero de 2011 en la que se le pidió celeridad al país por el caso Gelman. En base a esto establece que el traslado de la jueza enlentece los procesos. Se establece que "el traslado de la Dra. Mota genera el riesgo de que las causas a su cargo por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado pudieran no avanzar con la necesaria celeridad de una pronta y eficiente administración de justicia. Naciones Unidas recuerda que 'Un importante componente de la imparcialidad es la garantía de un juicio en un tiempo razonable. Las demoras en los procesos penales no pueden justificarse por la complejidad del caso o con el comportamiento de las partes. Cuando las demoras son basadas en la falta de recursos o falta de financiación, deben proveerse recursos complementarios para la administración de justicia`".
Subrayan que "la información sobre las causas del traslado de la Dra. Mota nunca fueron comunicadas con claridad por parte de la Suprema Corte de Justicia, de forma tal que toda la ciudadanía tuviera pleno conocimiento de cuales fueron las motivaciones de la decisión"
Citan que "Lamentablemente algo similar sucedió hace poco tiempo, cuando el Fiscal Letrado del Crimen Organizado, Dr. Ricardo Perciballe, especializado en una materia tan delicada, fue trasladado a una Fiscalía Civil".
Y finalmente se propone que "es necesario comenzar a construir en el país una agenda que logre los mayores acuerdos y consensos para seguir fortaleciendo nuestro estado de derecho y sus instituciones. Muchas medidas (que requerirán oportunamente su traducción a reformas de normas de diferente jerarquía), pueden ayudar a modernizar nuestro sistema institucional; a optimizarlo; a generar más compromiso, más ciudadanía y más confianza. Un poder judicial en plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos internacionales, es esencial para la plena realización de los derechos humanos y resulta indispensable para el fortalecimiento democrático y el desarrollo sostenible". Trabajando a la "brevedad sobre una agenda que incluya, entre otras medidas, (a) la creación del Consejo Superior de la Magistratura5; (b) la creación del Tribunal Superior Constitucional6; (c) la reforma del Ministerio Público y Fiscal7; (d) la definitiva sanción del nuevo Código del Proceso Penal".
