Amnistía a deudas de patentes se cae tras difusión del acuerdo

La cancelación de las deudas por patentes impagas llegó a ser una idea elaborada por un grupo de intendentes pero su concreción ya casi se hizo humo, al menos por un buen tiempo. Este viernes, El País informó que las tres bancadas que integran el Congreso Nacional de Intendentes (CNI) habían llegado a un acuerdo político para habilitar a partir de 2018 una amnistía a buena parte de las deudas por patentes, teniendo en cuenta que cerca de la mitad de los vehículos que circulan en el país no están al día con los tributos municipales.

El compromiso, firmado por los intendentes Yamandú Orsi (Canelones), Enrique Antía (Maldonado), Marne Osorio (Rivera), Guillermo Carraballo (Paysandú) y José Luis Falero (San José), no era más que una "declaración de intenciones" –dijo Antía a El Observador–, pero incluía los lineamientos generales de una hipotética amnistía. Entre ellos, se destacaba la cancelación de adeudos que no superasen el 30% del valor de aforo del vehículo.

Sin embargo, la filtración del acuerdo puso paños fríos a las negociaciones y echó por tierra toda posibilidad de que el proyecto se apruebe para febrero de 2018, como esperaba este grupo de intendentes. "Si había una posibilidad de solucionar el problema, ahora está en duda", dijo el nacionalista Antía. "Quedó en suspenso para analizarlo el año que viene", aseguró el jerarca, y agregó que le parece "una falta de responsabilidad largar una cosa cuando se está estudiando", ya que "compromete la recaudación y va en contra de la propia medida".

Por su parte, el frenteamplista Orsi aseguró que había "más de un proyecto sobre la mesa" pero que la difusión del hecho "enreda más la cosa". Según Orsi, lo que se buscaba era solucionar el alto nivel de adeudos y, a su vez, premiar a "los buenos pagadores". Afirmó que se trataba de "un punto de partida" pero que "en estas condiciones ya no hay acuerdo".

El colorado Osorio ya había adelantado parte del pacto el jueves 26. Entrevistado por Diario Norte, Osorio habló sobre el último Congreso de Intendentes –realizado el 18 de octubre– y dijo que uno de los temas aprobados "fue el nuevo plan de refinanciación de adeudos para la patente de rodado, que es un tema muy importante porque existen muchos contribuyentes de todo el país que tienen una deuda muy grande de vehículos, y muy vieja, y que en muchos casos son impagables porque superan incluso el valor del vehículo".

El intendente colorado agregó que "todo indica que para el mes de noviembre se estará poniendo en marcha este plan de refinanciación de adeudos". Dos días después de esas declaraciones, ya se sabe que su pronóstico no se cumplirá.

Aunque el proyecto contaba con el apoyo de intendentes de los tres principales partidos (Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado), con la filtración del acuerdo quedó demostrado que la idea también es resistida por figuras de peso en las agrupaciones políticas.

Los senadores colorados Pedro Bordaberry y José Amorín Batlle acudieron a sus cuentas en Twitter para criticar el proyecto.

"Los nabos de siempre pagan mientras benefician a los que no", escribió Bordaberry.

Desde la izquierda también hay resistencias a la medida.

De hecho, la Intendencia de Montevideo, dirigida por el Frente Amplio, no comparte el proyecto de amnistía, dijeron a El Observador fuentes políticas.

Una delegación del Frente Amplio –integrada por la vicepresidenta Lucía Topolansky, el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, y las senadoras Mónica Xavier y Daniela Payssé– viajó este viernes a Soriano para dar su apoyo a los ediles de ese departamento, que este jueves presentaron una denuncia penal contra el intendente nacionalista Agustín Bascou por conjunción de interés público y privado.

El pasado 19 de setiembre, la bancada frenteamplista en la Junta Departamental de Soriano informó que Bascou era dueño de dos estaciones de servicio en las cuales se despachaba combustible a autos de la intendencia. En primera instancia, el Frente Amplio promovió un juicio político, pero no logró los votos suficientes. Agotadas las instancias políticas, los ediles decidieron llevar el caso a la Justicia.