Amnistía Internacional acusó a los tres poderes de El Salvador de violar los Derechos Humanos

Desde que el presidente Nayib Bukele solicitó y la Asamblea Legislativa aprobó el estado de emergencia que suspendía ciertas libertades civiles en marzo de 2022, los legisladores lo prorrogaron en repetidas ocasiones.

Esta medida "permitió la detención arbitraria y el encarcelamiento de más de 66.000 personas", según el grupo internacional de Derechos Humanos.

Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, dijo que “la comunidad internacional está alerta ante las graves consecuencias para los Derechos Humanos del estado de emergencia en El Salvador”.

Y agregó que “el cumplimiento de las instituciones encargadas de velar y administrar justicia en el país llevó a que el sistema de justicia penal sea armado para sancionar a personas, en su mayoría de zonas históricamente marginadas, cuando no existe evidencia de que hayan cometido un delito."

Según el informe del grupo, el Poder Ejecutivo, a través de la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Seguridad, diseño e implementó una estrategia de seguridad basada en el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias indiscriminadas y la práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la tortura.

Por otra parte, se afirma que los legisladores siguieron aprobando y prorrogando el plazo de vigencia del estado de alarma, medida que tiene carácter temporal y extraordinario. Además, apoyaron una serie de reformas legales que contravienen los estándares internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país.

En cuanto al poder Judicial, Amnistía considera que “no está actuando de manera independiente, está violando el derecho al debido proceso y no está combatiendo la impunidad de las violaciones cometidas. Los órganos jurisdiccionales y auxiliares, así como los adscriptos al Ministerio Público están faltando flagrantemente a sus funciones en el proceso penal”.

La directora Guevara-Rosas afirmó también que “la muerte de 132 personas bajo custodia estatal, la detención arbitraria, los procesos penales masivos y el encarcelamiento indiscriminado de decenas de miles de personas son incompatibles con una estrategia de seguridad pública efectiva, justa y duradera”.

Si bien el número de muertos confirmado hasta el mes pasado es de 132, Amnistía señaló que "las organizaciones salvadoreñas de Derechos Humanos creen que hay un sub registro debido a los casos denunciados de exhumaciones de víctimas de fosas comunes después de que las familias finalmente pudieron enterarse de las muertes de personas que habían sucedido meses antes".

En un caso destacado en el informe, un hombre de 45 años con discapacidad mental fue detenido en su casa en abril de 2022. Su familia pasó meses tratando de localizarlo. En septiembre, alguien que aseguraba haber compartido celda con el hombre llamó a su familia y les aconsejó que acudieran al Instituto de Medicina Legal, porque creía que el hombre había muerto tras ser golpeado por los guardias.

Efectivamente, el Instituto de Medicina Legal les informó que murió después de 36 días bajo custodia y fue enterrado en una fosa común. La familia exhumó sus restos en octubre, pero no tiene conocimiento de ninguna investigación sobre su muerte.

“En ninguno de los 50 casos que documentamos se pudo verificar que haya procesos de investigación por la conducta de funcionarios públicos. El hecho de que existan violaciones generalizadas a los Derechos Humanos y prácticamente ningún proceso penal en curso evidencia la falta de control ejercido desde el más alto nivel para que todos los poderes del Estado obedezcan a esta política de encarcelamiento indiscriminado”, afirmó Guevara-Rosas.

Además de documentar los abusos por parte de la Policía y los guardias de prisiones que a veces resultan en muertes por "palizas", "asfixia mecánica" y "múltiples traumas no identificados", Amnistía Internacional entrevistó a personas sujetas a "hacinamiento extremo en celdas con más de 100 personas".

Los detenidos revelaron "falta de higiene y acceso a servicios básicos como agua, alimentación adecuada, medicamentos y atención médica", y dijeron que no podían comunicarse con la familia.

“Vemos con alarma cómo el hacinamiento y la tortura continúan cobrando la vida de personas inocentes, con la complicidad de todas las instituciones que se supone deben defender sus derechos”, dijo Guevara Rosas.

“La deshumanización que sufren miles de personas injustamente encarceladas es intolerable y debe ser abordada con urgencia por los mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos”, continuó.

Las conclusiones y demandas de Amnistía se hacen eco de las efectuadas por otros grupos de defensa de los Derechos Humanos, incluido Human Rights Watch, que en diciembre publicó un extenso informe sobre el estado de excepción.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, dijo en ese momento que "para poner fin a la violencia de las pandillas y las violaciones de los Derechos Humanos, el gobierno de El Salvador debe reemplazar el estado de emergencia por una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos que otorgue a los salvadoreños la seguridad que tanto se merecen".

Goebertus también argumentó que "la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para ayudar a garantizar que los salvadoreños estén a salvo de los crímenes atroces de las pandillas y de las violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad y otros abusos de poder".

La agencia Al Jazeera informó que las críticas de los distintos organismos no lograron influir sobre Bukele, cuya popularidad “aumenta a medida que la represión ejerce presión sobre las redes de pandillas que llevaron la violencia y la explotación a muchas áreas del país durante años".

Al respecto, la agencia señaló que Bukele, "recientemente inauguró una nueva megaprisión para albergar a las personas detenidas bajo el estado de emergencia", donde son sometidas a un régimen severo de aislamiento, disciplina y restricciones alimentarias en un lugar donde, según sus palabras, “vivirán durante décadas, todos mezclados, incapaces de hacer más daño a la población".

El mandato de cinco años de Bukele terminará el próximo año. El presidente confirmó en septiembre su intención de buscar la reelección a pesar de que la Constitución de El Salvador lo prohíbe, aunque un fallo ambiguo de la sala constitucional de la Corte Suprema en 2021 abriría la puerta para su reelección.