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Amnistía Internacional denuncia a España y Marruecos por las muertes en Melilla
Amnistía Internacional denunció este martes la deplorable omisión de las autoridades de Marruecos y de España que contribuyeron a la muerte de al menos 37 personas subsaharianas y del paradero desconocido de otras 77.
El hecho ocurrió el 24 de junio pasado, cuando intentaron entrar al enclave español de Melilla, en África. Para Amnistía Internacional, tal omisión denota encubrimiento por parte de las autoridades de ambos países, informó AFP.
"Los métodos empleados por las autoridades marroquíes y españolas contribuyeron a la muerte de al menos 37 personas", señaló en un informe la ONG, que recabó testimonios de numerosos migrantes presentes el 24 de junio en la frontera entre Marruecos y Melilla y analizó videos e imágenes satelitales.
Según el informe, las autoridades de ambos lados de la frontera no han garantizado investigaciones efectivas y transparentes para establecer la verdad de lo que ocurrió ese día. Familias y expertos que buscan a las personas desaparecidas se han visto obstaculizadas reiteradamente por las autoridades marroquíes.
Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha expresado que “cuando se cumplen seis desalentadores meses, las autoridades españolas y marroquíes siguen negando cualquier responsabilidad en la masacre de Melilla. Cada día es mayor la montaña de pruebas de graves y múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas la muerte ilegítima y los malos tratos infligidos a personas refugiadas y migrantes y, hasta la fecha, la falta de información sobre la identidad de las personas fallecidas y la suerte de las que están en paradero desconocido”.
A partir de declaraciones de testigos, de material videográfico e imágenes de satélite, el informe describe un panorama detallado y desgarrador de lo que ocurrió cuando 2.000 personas migrantes y refugiadas intentaron entrar en Melilla por el paso fronteriza conocido como “Barrio Chino”.
Ante la falta de transparencia de ambos gobiernos, Amnistía Internacional escribió tanto al gobierno marroquí como al español para pedirles que compartieran información sobre el mandato y el estado de las investigaciones. La organización también compartió con ambos gobiernos un resumen de las conclusiones en noviembre. No se ha recibido respuesta alguna todavía.
"Algunas acciones de los agentes españoles y marroquíes (...) pueden constituir violaciones del derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos", afirmó Amnistía en su informe. Entre esas acciones estarían "golpear a personas que ya estaban inmovilizadas (...), negar asistencia médica de emergencia a las personas heridas (y) el uso reiterado de gas lacrimógeno contra personas que estaban en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar".
El informe muestra que los hechos ocurridos ese día eran previsibles, y la pérdida de vidas era evitable. Revela que, en los meses y días previos al 24 de junio, personas refugiadas y migrantes en los alrededores de Melilla sufrieron un incremento de los ataques de las fuerzas de seguridad marroquíes. A muchas les quemaron y destruyeron todas sus pertenencias, lo que impulsó a miles de personas a caminar hasta la frontera, donde las autoridades marroquíes y españolas les respondieron con fuerza ilegítima y letal.
Zacharias, de 22 años, relató a Amnistía Internacional que “las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas nos arrojaban de todo, bombas de gas, piedras, balas de goma, (..) no podíamos ver nada y era difícil respirar”.
Unas 400 personas fueron acorraladas por las fuerzas de seguridad marroquíes en una pequeña zona vallada. A través del Evidence Lab (Laboratorio de Evidencias) de Amnistía Internacional, un modelo de 3D inmersivo y la reconstrucción visual de los hechos, aparece una perspectiva dramática de los acontecimientos y de la actuación de las fuerzas de seguridad que podría constituir tortura y haberse concretado en homicidios ilegítimos.
“Parecía que la policía marroquí nos dejaba espacio para llegar allí, luego nos arrinconaba (…) comenzaron a dispararnos con gas, nos lanzaron bombas acústicas. Todo el mundo intentó moverse hacia donde podía, era un caos”, testimonió Omer, sudanés de 21 años, a Amnistía Internacional.
Salih, también sudanés de 27 años, relató que “la policía española nos rociaba en los ojos mientras la policía marroquí nos lanzaba piedras a la cabeza”.
Ni las autoridades marroquíes ni las españolas prestaron asistencia médica rápida y adecuada a las personas heridas, e incluso negaron el acceso a la zona al equipo de una ambulancia de Cruz Roja, mientras decenas de personas quedaban desatendidas a pleno sol durante al menos ocho horas.
Ni el gobierno de Marruecos ni el de España han dado a conocer los resultados preliminares de ninguna investigación sobre el número de personas que perdieron la vida y las causas de su muerte, ni en ningún momento han anunciado que estén investigando el uso de la fuerza por el personal de fronteras. Ninguno de los dos gobiernos ha hecho público todo el material grabado por ninguna de las muchas cámaras de vigilancia a lo largo de la frontera, y las autoridades españolas se han negado a abrir una indagación independiente.
El drama despertó indignación internacional y la ONU denunció el "uso excesivo y letal de la fuerza" por parte de las autoridades marroquíes y españolas.
Al igual que Amnistía, expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU elevaron a finales de octubre el balance a 37 muertos y denunciaron la falta de asignación de responsabilidades concretas, tanto en España como en Marruecos.
Dos investigaciones publicadas en noviembre por la BBC y el consorcio europeo Lighthouse Reports (Faro de Informaciones), en la que participó el diario español El País, denunciaron la brutalidad de las fuerzas marroquíes y pusieron en cuestión la actuación de las españolas.
Ambas concluyeron que hubo al menos un migrante muerto en territorio español, algo negado tajantemente por el ministro español del Interior.
En una carta dirigida el viernes a varias ONG y a la que tuvo acceso la AFP, el Defensor del Pueblo español, que investiga los hechos al igual que la fiscalía, estimó que las explicaciones del Ministerio del Interior "no se han considerado suficientes".
