La entrega de esa partida estaba incluida en el acuerdo marco que la empresa denunció el año pasado y que hoy no está vigente
En un escenario marcado por la conflictividad con su sindicato, en noviembre pasado el Directorio de Ancap había resuelto denunciar el convenio colectivo con la Federación de Ancap (Fancap), que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
La decisión implicó, entre otros puntos, que en diciembre Ancap no tuviera obligación de otorgar las canastas navideñas a sus funcionarios. La denuncia del convenio también hizo que Ancap no tuviera que realizar un aporte económico para financiar una fiesta de Reyes que se realiza cada año. Y tampoco debía entregar canastas de útiles escolares para los hijos de sus funcionarios como hace tradicionalmente.
Sin embargo, a comienzo de este mes y con el propósito de “apoyar al personal en ocasión del comienzo de clases” 2022, el Directorio de la empresa aprobó otorgar una partida con ese fin.
El bono será por un monto de $ 1.200 por cada hijo o menor a cargo que cursen desde el nivel 4° de educación inicial a 4° de educación secundaria o UTU. Y se podrá utilizar para la adquisición de útiles escolares, liceales y libros.
Según dice la resolución, se considera adecuado que la entrega se realice en una modalidad “más flexible” que una canasta “a través de ticket, bono o similar”, para que se pueda elegir la elección de los útiles de acuerdo a las necesidades.
La Federación de Ancap reclama, entre otros puntos, por el ingreso de personal, la confirmación de trabajadores contratados como funcionarios permanentes, “respeto” a la negociación y convenios colectivos, y por reapertura de áreas como los comedores que fueron cerrados por razones sanitarias a poco de comenzada la pandemia.
El sindicato también es un férreo opositor a la reforma integral del mercado de combustibles que lleva adelante el Poder Ejecutivo. En particular, se rechaza el nuevo mecanismo de fijación de tarifas por Precio Paridad de Importación (PPI) incluido en la ley de Urgente Consideración, que será sometida a referéndum. Además, se exige que el negocio del portland continúe bajo gestión enteramente estatal y no con la incorporación de un socio privado.