Aplicar la ley de violencia hacia las mujeres le cuesta a la Justicia tres veces el Código del Proceso Penal

El Poder Judicial solicitó un incremento presupuestal de $ 943 millones (casi US$ 30 millones) para la implementación de la ley nº 19.580 de "Violencia hacia las mujeres basada en género". Se trata de un aumento de fondos casi tres veces superior a los $ 345 millones (US$ 10,8 millones) que habían sido aprobado en 2017 con el objetivo de costear la implementación del nuevo Código del Proceso Penal.

Fuentes del Poder Judicial dijeron a El Observador que el monto solicitado es el "mínimo indispensable" para poder cumplir con la ley, que entre otros puntos fija la creación de juzgados especializados en violencia doméstica. Estas sedes podrán disponer medidas de protección para las víctimas, definir pensiones alimenticias, tenencias de menores, régimen de visitas y también perseguir delitos derivados de la violencia basada en género, doméstica o sexual.

De esta forma, los juzgados especializados en violencia doméstica unirán la acción de la Justicia que actualmente se divide entre juzgados de familia especializada, encargado de disponer medidas de protección; los juzgados letrados de familia, que resuelven divorcios, regulan tenencias y visitas; y los letrados penales, que persiguen delitos que puedan cometer los agresores.

En el proyecto, que fue entregado este lunes, el Poder Judicial establece la necesidad de crear 33 cargos de jueces, 66 de defensores públicos, 65 actuarios, 34 psicólogos, 12 médicos psiquiatras y 34 médicos forenses, quienes trabajarían para estas nuevas sedes. Asimismo, todavía le resta definir la designación de otros cargos, que no fueron incluidos en esta Rendición de Cuentas, y que serían necesarios para aplicar correctamente esta ley, que aunque fue aprobada el pasado 13 de diciembre tras más de un año de discusión, todavía no cuenta con los fondos para ponerse en marcha.

Pero no solo el Poder Judicial solicitó más dinero para cumplir con los requerimientos de esta normativa. La Fiscalía General de la Nación había pedido un incremento presupuestal de $ 300 millones (US$ 9,4 millones) para crear los cargos de fiscales –entre titulares, adjuntos y adscriptos- necesarios para llevar adelante exclusivamente los casos de violencia doméstica.

Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo ya se le adelantó al Ministerio Público que solo recibirían un aumento presupuestal de $ 65 millones (US$ 2 millones), pero que ese dinero será para reforzar la tarea de este organismo en la persecución de todos los delitos del Código Penal, y no solo los de violencia doméstica. Tras la reforma del 1° de noviembre, los fiscales se han visto desbordados de trabajo, por lo que la Fiscalía buscará alivianar su carga mediante la contratación de abogados que realicen tareas administrativas en las que se requieran conocimiento de derecho.

El aumento del gasto previsto por el Poder Ejecutivo para el período 2019-2020 es de US$ 150 millones por año. De esta forma, de cumplirse las aspiraciones de Fiscalía y del Poder Judicial, solo la creación de juzgados especializados consumiría el 26% del incremento presupuestal previsto para todo el Estado.

Según había informado Búsqueda el pasado 7 de junio, el gobierno pretendía postergar a dos años la creación de juzgados especializados en violencia doméstica debido a que el incremento del gasto sería acotado, y no bastaría para llevar adelante esa medida. Sin embargo, ese mismo día, integrantes de la Intersocial Feminista, una organización que representa a 30 colectivos feministas de todo el país, se reunieron con el prosecretario de la presidencia, Juan Andrés Roballo, quien les aseguró que la ley se aplicaría sin dilatorias.

Valeria Caggiano, una de las voceras de esta organización que participó de aquella reunión, confirmó a El Observador, que desde el gobierno se aseguró que la norma sería aplicada, aunque en ella no se detalló qué ocurriría específicamente con los juzgados especializados, un aspecto que definió como "central" en la normativa.

"El hecho de que no existan juzgados especializados en violencia basado en genero hace que las personas sean revictimizadas en varias oportunidades, porque deben pasar por distintos juzgados, en lugar de resolverlo todo en uno".

Tras la reunión con Roballo, el pasado 14 de junio la Intersocial Feminista, se reunió con el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, quien reiteró que la norma se cumplirá y agregó que para ello se harían refuerzos presupuestales por fuera de la Rendición de Cuentas.

Consultada por El Observador, la senadora frenteamplista, Daniela Payssé, -quién participó del debate de la ley de violencia basada en género-, dijo que es necesario analizar los números del Poder Judicial para ver "a qué lógica responden". Asimismo, dijo que es posible que en algunas localidades del Interior se puedan crear juzgados especializados sin necesidad de designar más recursos, sino reasignando los ya existentes.