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Archivos de la dictadura: desconcierto por el "origen" y las dudas sobre la existencia de información nueva
La publicación entre el 18 de abril y el 13 de junio por parte de un anónimo de 1.603 archivos militares en internet provocó impacto en la opinión pública y sorprendió a autoridades del gobierno e investigadores nacionales.
El ministro de Defensa, Javier García, informó en la noche del jueves al presidente Luis Lacalle Pou acerca de la situación, y en la mañana de este viernes radicó una denuncia en Fiscalía que tiene a grosso modo dos objetivos.
Se busca, en primer lugar, saber si esos documentos son originales y pueden servir en las causas judiciales que están siendo investigadas por el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.
Pero el gobierno también busca conocer el “origen” de los documentos, es decir quién los subió, cómo los obtuvo y por qué razón decidió hacerlos públicos ahora. “Estos documentos básicamente están en el Archivo General de la Nación pero no sabemos si son más o menos. No sé cuál es la intención de publicar esto”, dijo García en una rueda de prensa.
El origen y las dudas
La presunción es que se trata de una versión ampliada del “archivo Berrutti” incautado en 2006 en una dependencia del Ejército.
La custodia de los rollos originales de este archivo está en el AGN, tal como lo señaló García, aunque fue digitalizado y también hay copias que fueron enviadas a Presidencia y el Ministerio de Defensa. Ese material digitalizado también se utiliza para cumplir con pedidos judiciales y había sido publicado parcialmente en Brecha y el proyecto Cruzar.
La duda, que se extiende a historiadores e investigadores nacionales, obedece a que el número de rollos publicado en la web (1.603) es superior al que se registró en 2006 (1.144), una hipótesis que lleva a pensar que la persona que lo subió tuvo acceso a un archivo mayor con rollos que hasta ahora se desconocían.
La hipótesis se alimenta en que hay 34 rollos –cuya carátula va desde el 001 hasta el 034– que los investigadores nunca habían visto. Estos rollos, se cree, podrían ser parte de los que faltaron cuando se conoció el “Archivo Berrutti” porque los documentos comenzaban con el rollo 099, es decir que faltaban los que van desde el 001 hasta el 098, aunque también hay quienes creen que son archivos de la contrainteligencia del Ejército.
Consultada por El Observador, María del Carmen Martínez, que trabajó en la digitalización del “Archivo Berrutti” a pedido de la exministra, dijo que no recuerda haber visto esos rollos. La posición fue refrendada por otros dos historiadores, que han trabajado con los archivos, pero que prefirieron mantenerse en el anonimato.
A su vez, también hay una serie de rollos que van desde el 3.035 hasta el 3.070 cuya novedad debe ser estudiada. Tal como informó este viernes Brecha, los “Archivos Berrutti” saltaban del rollo 1.859 al 3.051.
En la rueda de prensa, García dijo que “por lo que se ve a primera instancia, hay rollos que aparecen que habían desaparecido y ahora están”.
Una tercera novedad detectada por los historiadores es que hay rollos que están nombrados con una “r”, lo que sugiere que son archivos que fueron redigitalizados. Estos no son necesariamente nuevos, ya que en un primer ojeo (por ejemplo, del 282 y el 282r) puede observarse que tienen centenas de documentos en común aunque la extensión no es la misma (el primero tiene 2.299 páginas y el segundo 2.340).
El desconcierto en la comunidad académica local también incluye otras aristas, ya que la imagen que acompaña la publicación web, titulada "Archivos del Terror de Uruguay" señala que “se excluyeron rollos con miles de páginas de actas de interrogatorios bajo torturas”. Pero esto no es del todo cierto porque en algunos casos se pueden leer actas de interrogatorios. Además, la frase citada anteriormente es la única que no forma parte del texto que acompaña a cada uno de los rollos.
La docente Isabel Wschebor señaló que era “competencia de las autoridades transparentar quién hizo el trabajo, por qué lo subió, las condiciones y la trazabilidad de la documentación publicada”.
“Son más (archivos) de los que están bajo custodia del Archivo General de la Nación. Nadie logra decirnos a los archivistas quien subió toda esa información. Los políticos se debaten en los medios sobre quién dió más información o quién es más transparente y un anónimo sube y libera el mayor volumen de archivos producido por la inteligencia militar uruguaya en dictadura ¿y nadie dice nada? ¿Nadie se pregunta ni nos explica quién lo hizo?”, había escrito en la mañana del jueves en su Facebook esta historiadora que fue entre 2015 y 2016 directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
Una reacción
Más allá de la denuncia en Fiscalía, la divulgación de los archivos fue interpretada por el gobierno como una reacción a su intención de hacer públicos los documentos del “Archivo Berrutti”, incluidos los que habían sido declarados reservados y otros que aparecieran.
Lacalle Pou esbozó esta posición en una conferencia de prensa, algo que fue refrendado luego por García.
“Todo aquello que tenía oscuridad en pocas horas tuvo luz pública. Confirmamos lo acertado de la decisión del gobierno, pero también confirmamos la necesidad de aprobar el proyecto de ley, y aprobarlo y con rapidez transformarlo en ley, porque sería una garantía que fuera el Estado el que tuviera la administración y la publicación y que sea al amparo de la ley y no en el anonimato”, sentenció.
