Así fue el proceso que llevó a que la Justicia dispusiera el cierre de Casa de Galicia

El centro, que este lunes funcionaba con normalidad bajo la gestión de la Administración de Servicios del Estado (ASSE), ya había sido intervenido en otras oportunidades y las negociaciones por un fideicomiso venían desde hace tiempo. 

En 2002 la administración de Jorge Batlle resolvió intervenir la mutualista, mediante la resolución nº 1216/002 publicada el 16 de julio, porque "presentó un diagnóstico de situación y un plan de reconversión, con miras a resolver su deterioro creciente". Cuatro años después, la primera administración de Tabaré Vázquez recorrió el mismo camino, mediante la resolución nº 737/006 del 8 de noviembre. 

Ya en 2019, El Poder Ejecutivo autorizó la creación de un fideicomiso de US$ 28 millones para que Casa de Galicia resolviese las dificultades económicas que atravesaba en ese entonces. En ese acuerdo quedó consignada la creación de una comisión que controlaría cómo Casa de Galicia gestionaba el dinero y resolvía la situación crítica en la que se encontraba.

Pero no fue hasta 2021 el año donde, en cuestión de pocos meses, se cruzaron declaraciones entre jerarcas, se desplazaron autoridades y la Justicia decretó el cierre que generó el rechazo por parte del Ministerio de Salud Pública.

El 16 de octubre, la mutualista entró en concurso y reclamó por un fideicomiso por US$ 12 millones, que se encontraba inhabilitado “por falta de respuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP)”, según indicó la institución en un comunicado que envió a sus socios. Se trataba de un fondo de garantía mediante la utilización de un fideicomiso, a efectos de acceder a un préstamo que le fue ofrecido a la mutualista por un banco privado. 

Unos días después, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, rechazó el fideicomiso públicamente. Sostuvo que en caso de que la institución accediera al crédito, “cuadriplicaba la media en endeudamiento”. En esa línea, “evidentemente pedir el concurso no es más que admitir la dificultad que enfrenta la institución”, agregó. Y expresó: “Vamos a abogar por preservar la continuidad asistencial de los socios que están en el centro. Y, en segundo término, (vamos a abogar) por preservar las fuentes laborales”.

Esta declaración llevó al entonces presidente de la entidad, Daniel Iglesias, de tratarlo de "mentiroso". "No nos va a permitir pagar BPS (Banco de Previsión Social), no se va a poder pagar el certificado. Si cae certificado no vamos a tener los recursos para seguir pagando los salarios. Y nosotros no vamos a ser culpables de las decisiones del doctor Salinas, quien le miente a la ciudadanía y estoy seguro (de) que le miente al presidente de la República. No puede ser que se esté permitiendo este atropello que hace el doctor”, apuntó Iglesias, en una conferencia de prensa el 20 de octubre

Según Iglesias, un banco privado estaba dispuesto a acompañar en los plazos y en los términos la asistencia financiera, pero el Ministerio de Salud Pública (MSP) no permitía el trámite. “No hemos recibido ningún tipo de ayuda de este gobierno”, dijo. En esa línea, recordó un convenio al que llegó en 2019 durante la administración del entonces presidente Tabaré Vázquez que fue por cinco años, a fin de que se retengan recursos de Fonasa para resguardar el salario de los trabajadores.

El 26 de octubre el MSP resolvió desplazar a las autoridades de Casa de Galicia mientras se definía su futuro y las líneas de acción para recuperar el control financiero.

La cartera encabezada por Salinas había realizado una auditoría sobre la situación económica y financiera de la organización, junto a otras realizadas a las mutualistas Casmu y Asociación Española, así como un informe sobre un proyecto a futuro que presentó la organización.

La intervención implicaba el desplazamiento de las principales autoridades del organismo, que serían sustituidas por autoridades interventoras designadas por el gobierno, con el objetivo de encauzar la gestión.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo en ese entonces que el ingreso a concurso por parte de la mutualista demostraba su falta de liquidez para "cumplir obligaciones", remarcó que la empresa llevaba "seis balances negativos" consecutivos, y agregó que no cumplió con algunas de las obligaciones previstas por el fideicomiso de US$ 20 millones brindado por la administración de Tabaré Vázquez en diciembre de 2019. Según Salinas, el resultado para el balance del segundo año ya debía ser "neutro", pero en los hechos Casa de Galicia "duplicó el déficit" al primer año.

El 9 de noviembre, tras unos días de intervención, el MSP reveló números económicos de la mutualista en la Comisión de Salud. Según las cifras de la cartera, Casa de Galicia aún adeudaba el 78% de los préstamos anteriores que había solicitado. 

Al cierre del ejercicio de setiembre 2020, Casa de Galicia tenía 43.892 usuarios, lo que representa un pérdida del 19% de afiliados con respecto a setiembre de 2015. . 

Otro informe citado por Salinas, de la Dirección del Seguro Social de Salud, señala que la institución mantiene un endeudamiento no bancario contraído en condiciones "desventajosas", y que el pasivo total a setiembre de 2020 ascendía a $ 3.232 millones, 14% más que en el mismo mes del año anterior. 

El 16 de noviembre, la contadora Alicia Rossi –una de las dos interventoras designadas por el Poder Ejecutivo junto con Nuri Santana, directora del sanatorio n.º 2 del Casmu– presentó ante el juez la documentación contable faltante y levantó las observaciones que obstaculizaban el concurso de acreedores y que, por lo tanto, motivaron la intervención del MSP. Pero el 24, un fallo judicial determinó que Casa de Galicia fuera a concurso de acreedores, lo que obligaba al Ministerio de Salud Pública (MSP) a terminar su intervención en la mutualista y hacer una transición con los nuevos gestores en un lapso de 30 días.

La resolución del juez de Concursos de 1^er Turno, Leonardo Méndez, señalaba que la transición deberá hacerse hacia la Liga de Defensa Comercial (Lideco).  

El juez Méndez explicó en conversación con El Observador que "no era compatible" mantener dos intervenciones a la vez, es decir, la del MSP y la judicial.

"Es necesario que el MSP le pase la posta a la sindicatura designada, que es Lideco", señaló. Cuando Casa de Galicia solicitó el concurso, antes de ser intervenida, había documentación faltante que ahora presentó Rossi como representante del MSP, "por eso se pudo resolver el concurso. Fue una decisión que adoptó el MSP, podría haber no colaborado y haber dejado morir el trámite –del concurso– o continuar hasta obtener la declaración", explicó.

El 23 de diciembre, tras la intervención de las síndicas puestas por la justicia, se decretó el cese de actividades de Casa de Galicia. 

En la sentencia el juez de Concurso Leonardo Méndez argumentó que "como expresa la sindicatura, el MSP no cumplió con su deber de colaboración con el órgano concursal y, por ende, con la administración de justicia". Cuando el juez decidió hacer lugar al concurso de acreedores –que antes había solicitado el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias–, la intervención del MSP finalizó y se estableció un plazo de 30 días para la transición que, según la versión del juez, nunca ocurrió lo que derivó en el cese "abrupto" de la mutualista.

En la sentencia el juez de Concurso Leonardo Méndez argumentó que "como expresa la sindicatura, el MSP no cumplió con su deber de colaboración con el órgano concursal y, por ende, con la administración de justicia". Cuando el juez decidió hacer lugar al concurso de acreedores –que antes había solicitado el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias–, la intervención del MSP finalizó y se estableció un plazo de 30 días para la transición que, según la versión del juez, nunca ocurrió lo que derivó en el cese "abrupto" de la mutualista.