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Astori: "El espacio fiscal de esta Rendición de Cuentas tiene que ser igual a cero"
El déficit fiscal condiciona la negociación por el Presupuesto
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07 de abril de 2018 a las 05:00
Las incertidumbres que presenta la economía global, llevó al gobierno a dar pasos cortos pero que buscan ser seguros. El Ministerio de Economía decidió en 2017 realizar tres rendiciones de cuentas, una para cada año del tiempo de gobierno restante. Por eso, en este 2018 el gobierno y el Frente Amplio se enfrentan nuevamente a aprobar una ley de Presupuesto, con la tranquilidad de haber recuperado la mayoría parlamentaria gracias a la renuncia del diputado Gonzalo Mujica, que durante casi un año actuó como independiente, pero con las mismas restricciones que desde el inicio de segundo mandato de Tabaré Vázquez vienen marcando la agenda del Ministerio de Economía.
Déficit fiscal es lo primero que mencionan los integrantes del equipo económico cuando de incremento de gasto se trata. Por eso, la cartera liderada por Danilo Astori pidió que todo aumento de gasto que propongan sus compañeros del gabinete, tenga su correspondiente financiación. "El espacio fiscal de esta Rendición de Cuentas tiene que ser igual a cero. Es decir que cualquier gasto tiene que estar financiado totalmente", dijo el ministro a El Observador. Y esta Rendición de Cuentas es la última en la que se puede incrementar el gasto porque la Constitución prohíbe hacer lo en años electorales.
Esa será la posición que el Ministerio de Economía tome a la hora de elaborar la ley de Presupuesto pero el presidente es el que tiene la última palabra.
Para cumplir con estos compromisos asumidos, el gobierno ya comenzó con una ronda de contactos liderada por el propio Vázquez. El martes 3, el presidente se reunió con Astori y la vicepresidenta, Lucía Topolansky, para dar el puntapié inicial al trabajo en conjunto entre el gobierno y el Poder Legislativo, según publicó el semanario.
El mandatario recogerá personalmente los pedidos de todos los ministerios y trasladará esos planteos al Ministerio de Economía, según dijeron fuentes del gobierno a El Observador. Con ese material el ministerio armará una propuesta inicial que luego tendrá que ser discutida y aprobada por el Consejo de Ministros.
Astori explicó que la postura del MEF se debe a las restricciones fiscales que enfrenta el país porque si bien "el déficit viene disminuyendo, la reducción es lenta por factores endógenos", que son aquellos que no se pueden controlar de forma autónoma. El déficit fiscal de 12 meses cerrado a febrero de 2018 fue de 3,5%, dos décimas por encima del objetivo planteado (3,3%). La meta del gobierno es llevar el rojo de las cuentas públicas a 2,5% para el final del período.
En ese contexto de presión fiscal, el gobierno igual pretende cumplir con los compromisos asumidos. Por un lado, explicó el ministro, las obligaciones legales que comprenden las leyes aprobadas y las sentencias a cumplir. En este campo, se incluye el acuerdo con los judiciales. Para esto el Poder Ejecutivo enviará una ley aparte para que el Parlamento refrende el acuerdo alcanzado, explicó el ministro.
Los primeros días de enero, el Ministerio de Trabajo y la Asociación de Funcionarios Judiciales firmaron un acuerdo por el que los trabajadores aceptaron un incremento salarial de 18,8%, lo que pondrá fin a un conflicto laboral de más de siete años. Se trata de una cifra inferior a la que pretendía originalmente por el sindicato, que era de 21,6%. El gobierno estima que el acuerdo tendrá un costo de unos US$ 50 millones para el Estado entre 2018 y 2019.
Además, existen leyes aprobadas que no cuentan con el financiamiento para ser aplicadas. En ese sentido, el Comité Central del Partido Socialista acordó a mediados de marzo reclamar los recursos necesarios para implementar en su totalidad la ley integral de violencia contra las mujeres, aprobada a fines de 2017.
Por otro lado, están los compromisos asumidos con los colectivos sociales como los acuerdos salariales alcanzados con los docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar). Y por último, los compromisos asumidos en el programa de gobierno de Frente Amplio. En ese sentido, el presidente Vázquez dijo al semanario Búsqueda que la educación y la seguridad, en ese orden, son las grandes prioridades para este presupuesto. Esos temas, sumados a la salud y la vivienda son las prioridades que el gobierno maneja desde el inicio del mandato.
Pero además de los compromisos, el gobierno deberá enfrentar los reclamos sindicales que cuestionan las promesas del gobierno (ver página 3). "Siempre dicen lo mismo", afirmó a El Observador el presidente de Fenapes, Marcel Slamovitz.
Antes de llevar la Rendición de Cuentas al Parlamento, el gobierno quiere presentar el proyecto a la bancada del Frente Amplio, el PIT-CNT y las cámaras empresariales, según agregaron las fuentes del gobierno. El proyecto de ley debe ingresar al Parlamento antes del 30 de junio, según el plazo establecido en la Constitución. En 2017, el gobierno envió el proyecto diez días de antes del plazo límite pero en esta oportunidad el gobierno pretende agotar todas las instancias de negociación.
Los reclamos se repiten
Como en cada año en el que se vive una instancia presupuestal, los sindicatos buscan hacer valer sus reivindicaciones. Mientras se comienza a negociar la ronda de Consejo de Salarios más grande de la historia del país, el Parlamento deberá aprobar una nueva Rendición de Cuentas, por lo que se espera un año de alta conflictividad sindical.
Los distintos gremios ya comenzaron a delinear los principales reclamos que le plantearán al gobierno en este nuevo debate presupuestal. "Si yo pudiera, firmaría el 6% del PIB para la educación", les dijo el presidente Tabaré Vázquez a las representantes de la Federación Uruguaya de Magisterio en una reunión celebrada el martes 3 de abril en la residencia de Suárez y Reyes.
Ese fue el primer encuentro que tuvo el mandatario de cara a la Rendición de Cuentas. Las maestras quedaron conformes con las respuestas del presidente pero esa confianza no incluye a todos los sindicatos de la educación. Los profesores de Secundaria no son tan optimistas.
El programa de gobierno asegurá que se "tenderá" al 6% del PBI para la educación. Sin embargo, este punto ha sido punto de confrontación entre el gobierno y los docentes en cada debate en las distintas rendiciones de cuentas.
Además de los sindicatos de la educación, existen otros sectores que también suelen hacer oir sus reclamos en cada discusión presupuestal. Los funcionarios no médicos de la salud ya se reunieron con el directorio de la Adminsitración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para plantearle sus reclamos. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) es otro de los grandes sindicatos que espera hacer valer sus reclamos vinculados a la carrera administrativa.
Pero las restricciones planteadas por el Ministerio de Economía al Consejo de Ministros, también corren para los sindicatos. Todos los aumentos de gasto deben tener su correspondiente financiación porque el déficit fiscal presiona los números macroeconómicos. Con muchos reclamos y poco margen para cumplir, el 2018 será un año conflictivo.
PIT-CNT
La educación, la salud, la vivienda, el empleo y el salario son las prioridades definidas por la central sindical para esta Rendición de Cuentas. El presidente de la central, Fernando Pereira, dijo al portal de la central que este año es "clave" para alcanzar el 6% del PBI para la educación. Los trabajadores pretenden que se mejore "la inversión en general".
El Instituto Cuesta Duarte, dependiente de la central de los trabajadores, está definiendo los detalles del informe donde los trabajadores plantean diferentes formas de financiamiento para cumplir con sus aspiraciones.
En el marco del último paro parcial del PIT-CNT, el secretario general de la central, Marcelo Abdala, definió a la Rendición de Cuentas como un hito fundamental del 2018 que, según dijo, sera un año de "importante lucha y conflictividad". "El pueblo trabajador se enfrenta al proyecto de país que impulsan la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio", apuntó.
La central sindical y las cámaras empresariales recibirán el proyecto de ley de Presupuesto antes de que ingrese al Parlamento.
COFE
La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) reúne a los trabajadores de la administración central y de los servicios descentralizados y por eso divide sus reclamos. Los trabajadores públicos, que son la mitad de los afiliados del sindicato, tiene un convenio salarial vigente hasta 2019 por lo que el aumento salarial no será parte de esta discusión presupuestal.
Sin embargo, existen otros reclamos que sí estarán sobre la mesa. "Es necesario realizar modificaciones a la carrera administrativa y para eso se necesitan algunos recursos", dijo a El Observador el presidente de COFE, José Lorenzo López. Otro de los reclamos tiene que ver con el ingreso de personal en algunas áreas.
En los servicios descentralizados del Estado, la lucha pasará por aumentar los salarios más deprimidos. En el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y en el Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa), dos de los servicios descentralizados que han mostrador mayor conflictividad, existe un preacuerdo salarial con el directorio hasta 2019 que se "viene cumpliendo", dijo López.
Educación
Ha sido el tema central del debate presupuestal. Discusión tras discusión aparece el número que parece ser mágico. El reclamo del 6% para la educación ha sido el más reiterado de este período de gobierno pero por ahora no se ha cumplido. Los maestros reclaman un salario equivalente a la media canasta básica familiar ($ 36.000 nominales) para el maestro de primer grado. Hoy gana $ 26 mil nominales.
Además, quieren crear nuevos cargos de psicólogos, maestros de apoyo y maestros comunitarios y psicopedagogos. Exigen que los maestros suplentes cobren de acuerdo al grado y no como recién recibidos.
Los profesores, en tanto, quieren un salario equivalente a media canasta básica familiar ($ 36.000 nominales) para un cargo de 20 horas semanales. Hoy ese salario es de $ 28.000. La construcción de nuevos liceos con dinero del Estado y la creación de cargos y más funcionarios para los liceos es otro de los reclamos. Los docentes reclamarán los cargos que fueron recortados con el reciente ajuste presupuestal en Secundaria, que supuso una disminución de 1.500 horas en tutorías, educadores sexuales, y docentes de laboratorio.
Salud
La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) ya dio inicio a su negociación y se reunió por primera vez con el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) como "presentación", según contó a El Observador el secretario general del sindicato, Martín Pereira. El primer reclamo de los trabajadores tiene que ver con la estructura. "Nosotros ingresamos con un escalafón y nos jubilamos con el mismo escalafón. Eso no incentiva la carrera del funcionario de ASSE", explicó Pereira.
El segundo planteo tiene que ver con lo salarial. Desde hace varios años los trabajadores de ASSE ajustan su sueldo por inflación. "Necesitamos un aumento por encima de la inflación. Tenemos que negociar con las autoridades cuánto por encima", agregó el dirigente sindical.
Además, el sindicato pretende establecer una licencia por violencia de género, para que "las compañeras" que estén sufriendo ese problema lo puedan resolver sin "preocuparse por ese trabajo". Si bien la FFSP no planteó de donde sacar los recursos para cumplir con sus reclamos, entiende que ASSE "tira plata a la basura" al realizar tercerizaciones.
