Economía y Empresas > amenaza para los negocios
Aumentaron los riesgos de corrupción en la actividad económica, dicen expertos
Los sectores más vulnerables en el contexto actual son el financiero, farmacéutico, logístico y portuario, por ser los que están directamente involucrados en la operativa que los gobiernos implementaron para hacer frente a la emergencia sanitaria. Tal consideración fue expresada por expertos de los estudios jurídicos Ferrere y Miller & Chevalier de Estados Unidos en el webinar "Covid-19 y las amenazas a los programas anticorrupción en América", que se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre.
Los expertos, de EEUU, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador, pusieron sobre la mesa la necesidad de fortalecer los programas de prevención de sobornos y actos de corrupción ante los riesgos que plantea la situación derivada de la pandemia.
Carla Arellano, consejera de Ferrere Uruguay, explicó que la necesidad de tomar medidas urgentes llevó a que se flexibilizaran los procesos de ingresos de bienes y contratación de servicios, al tiempo que se impusieron nuevas normativas para el tránsito de personas y mercaderías en las fronteras, lo que incrementó el riesgo de corrupción.
Aún con ese escenario, María Maiorano, también abogada de Ferrere Uruguay, señaló que de momento las medidas adoptadas por el gobierno uruguayo durante la pandemia no han afectado la baja percepción de corrupción. “Eso confirma que las empresas están haciendo foco en la mitigación del riesgo. Hemos visto avances sobre todo fuera del sistema financiero”, comentó.
Gregory Bates, de Miller & Chevallier, identificó que las empresas enfrentan desafíos comerciales, operativos, laborales e internos. Los comerciales se dan por la situación de oferta y demanda entre compañías, en particular en la provisión de insumos y equipamiento médico y farmacéutico. En tal sentido, están percibiendo una "marcada asimetría entre empresas" que, dentro del mismo rubro, ven sus ventas disparadas, mientras que en otras se desaceleran. “Esto está creando situaciones de empresas que están aprovechando para ganar mercado”, dijo.
De ahí que algunas firmas estén revisando sus incentivos de ventas, para asegurarse de que no se promuevan acciones ilícitas o inapropiadas.
En el plano operativo, dijo Bates, los cierres de fronteras y los cambios de regulaciones para el ingreso de bienes y personas generan condiciones para actos de corrupción. Para afrontar esa situación, recomendó trabajar de cerca con el personal de logística para comprender la normativa vigente y estar actualizados con la documentación exigida.
En cuanto a los desafíos internos que afrontan las firmas que vieron bajar sus ventas señaló: “Lo importante es que se comunique la importancia de no buscar atajos con conductas ilegales, que en seis meses o dos años lleven a la compañía a responder por sus conductas”.
Alejandra Montenegro Almonte, vicepresidenta del Departamento Internacional de Miller & Chevallier, se centró en investigaciones recientes de la aplicación de la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.
“Algo importante que nunca nos cansamos de puntualizar es que la jurisdicción que tiene la FCPA es sumamente amplia. Se enfoca en actividades fuera de EEUU, la mayoría de compañías o personas a las que se aplica la ley son extranjeros”, destacó. También señaló que han visto una política de implementación de la norma muy focalizada en América Latina y citó el ejemplo del caso Petrobras en Brasil, entre otros.
