Uruguay instalará una fiscalía especializada en lavado de activos, que tendrá competencias en todo el país, según informó este martes el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, tras un acuerdo entre la fiscalía y el gobierno nacional.
Se presentará en la próxima Rendición de Cuentas y se prevé que comience a funcionar a partir del 1° de enero de 2023, informó Chediak a El Observador.
Las autoridades designarán un fiscal titular, dos fiscales adjuntos, y “tres o cuatro técnicos”, dijo en rueda de prensa más temprano, donde añadió: “Eso fue lo que manejamos (…) No es un costo importante para el Estado”. Sin embargo, el costo total no fue anunciado.
“El fiscal (Juan) Gómez lo planteó y llegamos a un acuerdo”, explicó. Se requiere personal especializado, muchos contadores, acceso a información rápida y procesamiento de datos.
Hoy hay entre 60 y 70 casos para atender, de las que 28 son de Montevideo, informó Chediak. “Son causas muy difíciles de investigar, no son delitos fáciles, que se puedan investigar en 48 horas. Requieren la participación de profesionales, de contadores, de escribanos, de abogados, a los efectos de desmontar esos velos que se ponen para cubrir el origen ilícito del dinero”, sostuvo.
Además, el jerarca recordó que “las organizaciones criminales utilizan muchos profesionales para ocultar el origen delictivo del dinero” y, por eso, “se requiere también un esfuerzo del Estado”. Es necesaria una especialización en el lavado de activos porque es el “delito precedente (…), vinculado al narcotráfico”, concluyó.
Chediak hizo el anuncio ante los medios de prensa este martes, tras una reunión que mantuvo como titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), junto al fiscal de Corte, Juan Gómez, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, e integrantes del Ministerio del Interior.
En marzo, la Senaclaft compareció ante el Parlamento y pidió, de manera formal la creación de una fiscalía especializada, tal como informó entonces El Observador. La fiscalía empezaría “de cero” y recibiría las nuevas causas que vayan llegando.
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